Claudia Guerrero y Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 5-Jul .- A 20 días de aprobar una ley que obligaba a los empresarios a presentar declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos, igual que los funcionarios públicos, el Senado se desdijo, corrigió y los eximió de esa disposición conocida como 3de3.
Los mismos legisladores que señalaron a los particulares como corresponsables de la corrupción y que defendieron la polémica norma, terminaron por retractarse y aceptar las observaciones en las que el Presidente Enrique Peña Nieto alertó sobre violaciones a los derechos constitucionales de personas físicas y morales.
El pasado 15 de junio, tras aprobar la Ley de Responsabilidades Administrativas, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, sostuvo que las declaraciones de los contratistas del Gobierno eran necesarias.
“Si el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex no están dispuestos a darse cuenta que son parte del problema, nosotros se los vamos a recordar. Este no es un problema exclusivo de los servidores públicos. Para que haya corrupción tiene que estar la otra parte y ellos tienen que comprometerse también”, dijo.
Tras recibir las observaciones del Ejecutivo, el senador del PVEM reconoció que la obligación para declaraciones de impuestos y de intereses ya está contemplada en otros artículos de la ley y consideró que pedir la información patrimonial es una propuesta “medio jalada”.
Ayer, también aceptó que fue “una mala redacción” y que el Senado no revisó los tratados internacionales firmados por México antes de votar esa norma.
Lo mismo ocurrió con el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, quien defendió en su momento la 3de3 contra la iniciativa privada, cuya autoría atribuyó al PAN.
“Esta es una ley que se aprobó. Ellos también querían eso.
“El espíritu de la ley es que los empresarios hagan su 3de3, que lo hicieran los ejecutivos y el director general, ¿por qué?, porque manejan recursos públicos a través de una concesión, de un contrato. Fue una iniciativa, y ustedes lo saben, de Acción Nacional”, señaló.
El 23 de junio, Gamboa reconoció que el Senado había incurrido en un error y cinco días después aceptó públicamente las observaciones del Presidente.
En el PAN, otros impulsores de la propuesta, como los senadores Luis Fernando Salazar y Jorge Luis Lavalle, ayer votaron a favor de las observaciones presidenciales.
Luego de casi cinco horas de discusión, los cambios al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades fueron aprobados por 80 votos a favor, del PRI, PAN, PVEM y la independiente Martha Tagle; frente a 19 en contra y cuatro abstenciones de legisladores del PAN, PRD, PT y el independiente Manuel Cárdenas.
Este último, autor de la polémica reserva, insistió desde la tribuna en la necesidad de vigilar a los empresarios que manejan y ejercen recursos públicos.