Jesús Eduardo Martín Jáuregui

En estos días la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido varias actividades en nuestro país. Sin duda las más relevantes han sido las sesiones públicas que han llevado a cabo, mostrando con total transparencia cómo se desarrolla una parte fundamental de su trabajo. En la Corte han fungido como jueces destacados juristas mexicanos: mi maestro Don Héctor Fix Zamudio, Don Sergio García Ramírez y actualmente el Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor quien se desempeña como su vicepresidente. Es conocida la complicada situación financiera por la que atraviesan tanto la Corte como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derivada de los incumplimientos de varios de los países que las crearon y que se comprometieron a su sostenimiento, no es la pretensión abordar ese tema sino algunos conceptos que se trataron en una interesantísima reunión de trabajo a la que fui convidado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, convocaron a los Ombudspersons de las entidades federativas del país a un Conversatorio con jueces de la Corte IDH, por cierto que el término Ombudspersons se ha propuesto como alternativa incluyente para asimilar también equitativamente a las mujeres titulares de organismos: de Baja California, Campeche, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León y Zacatecas. El Conversatorio tuvo lugar en el Centro Nacional de los Derechos Humanos en la ciudad de México y se prolongó por cerca de tres horas en un tono de respeto y camaradería pero fundamentalmente de apertura y confianza en el análisis de temas diversos de la problematicidad actual no sólo del trabajo de la Corte, sino también de la situación general de los Derechos Humanos en Iberoamérica, en particular en México, de algunos aspectos procedimentales de los asuntos que ventila la Corte, de la importancia de su Jurisprudencia y su difusión y del cumplimiento de las sentencias de la Corte, que aún cuando por su naturaleza son obligatorias, a diferencia de las recomendaciones de los Ombudspersons, carecen de medios coercitivos para su ejecución.
Un punto que para mí revistió especial importancia fue la afirmación de que los Derechos Humanos no es un discurso de la población y que en muchos casos tampoco es discurso de los jefes de estado que, aparentemente no terminan de aceptar que el mundo del Derecho ha cambiado, que la perspectiva de D.H. es una opción ineludible de la autoridad y que mas tarde o mas temprano, terminará de producirse el cambio cultural que ha provocado. Para nosotros resulta explicable que jefes de estado como los “mesiánicos” hermanos Castro, como el “peculiar” Nicolás Maduro o el “folklórico” Evo Morales, que gobiernan con una buena dosis de demagogia exaltando el chauvinismo, sean reacios a aceptar los señalamientos de los organismos internacionales que denuncian las violaciones frecuentes a derechos fundamentales, y tienden a justificar conductas autocráticas por la “defensa” de la soberanía y los valores patrios.
Menos explicable es que el gobierno mexicano que se asume como un gobierno respetuoso de la ley, vigilante de los derechos, cumplidor de sus compromisos internacionales y promotor de la justicia, cuestione los señalamientos de organismos internacionales. Baste recordar los desgarramientos de vestiduras provocados por el informe del Dr. Juan Méndez, Relator Especial de la ONU contra la tortura que señaló en su informe relativo a la visita realizada en 2014, que en nuestro país era una práctica generalizada y a todos los niveles. La respuesta de México a través del subsecretario de Relaciones Exteriores Manuel Gómez fue que el Sr. Méndez no había sido “profesional ni ético”, postura que respaldó el entonces titular de la Secretaría José Antonio Meade, y de la que luego se retractó nuestro gobierno, sin embargo no ha autorizado una nueva visita del relator. Todos, y subrayo, todos los mexicanos tenemos conocimiento de las prácticas brutales de las policías, las hemos presenciado documentadas por los noticieros y ahora por las redes sociales. Sin embargo aceptamos mayoritariamente que es una opción válida cuando se trata de la persecución de delitos graves, terrorismo, delincuencia organizada y narcotráfico. Para la ONU, para la UNESCO, para los tribunales internacionales llámese La Haya, Roma, Estrasburgo, San José, la postura es clara y sin excepciones: la tortura no se justifica bajo ninguna circunstancia, más aún, y en esto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha puesto al día con la jurisprudencia convencional (la que proviene de los tribunales creados por convenciones o tratados), y ha sostenido repetidamente que la tortura no sólo debe ser investigada, sancionada, prevenida, sino que deja de tener justificación porque las pruebas obtenidas de manera directa o indirecta por la tortura no podrán ser tomadas en cuenta por los jueces.
A la par de la consideración de que el discurso de Derechos Humanos no es un discurso de la sociedad, surge también una creencia, mas o menos generalizada de que los organismos públicos de Derechos Humanos defienden delincuentes, impiden o estorban el trabajo de prevención e investigación de los delitos y entorpecen el funcionamiento del sistema de justicia. Merece la pena preguntar y preguntarse la razón de estas creencias. Lo decía Ortega y Gasset: “Las ideas se tienen, en las creencias se vive” “Normalmente no llegamos a ellas como consecuencia de la actividad intelectual, de la fuerza de la persuasión racional; se instalan en nuestra mente como se instalan en nuestra voluntad ciertas inclinaciones, ciertos usos, fundamentalmente por herencia cultural, por la presión de la tradición y de la circunstancia… Las creencias no se pueden eliminar a partir de argumentos concretos, sólo se eliminan por otras creencias.”
Los organismos públicos de Derechos Humanos tenemos tareas gratificantes pero sin duda complejas y no siempre bien comprendidas. No es infrecuente que en la presencia de una noticia policíaca, el público inducido por la presentación de la nota, formule conclusiones de culpabilidad contra una persona que ni siquiera ha sido presentada ante un juez. No es raro que esa primera impresión prevalezca, fundamentalmente porque no se suele dar seguimiento puntual a un proceso. En estos días hemos documentado casos en que los propios agentes investigadores disuaden a la víctima diciendo que con el nuevo sistema de justicia penal, los jueces soltarán a los culpables, por lo que no tiene caso presentar una denuncia.
Los Derechos Humanos no se agotan en los procesos penales, abarcan toda la esfera de derechos fundamentales y parte de nuestra responsabilidad es contribuir al cambio de creencias y promover la confianza en el derecho y en la obtención de justicia. Así se dijo en el Conversatorio: Todos los derechos para todas las personas en todas las circunstancias.

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