Josemaría León Lara Díaz Torre

Al iniciar su último año en la Casa Blanca, el Presidente de los Estados Unidos Barack Obama, hizo un anuncio sin precedentes respecto a la regulación y el control de armas de fuego en aquel vecino país del Norte.

Bien es sabido que la violencia producto del uso indebido de armas, ha provocado una importante cantidad de tragedias en los últimos años: San Bernardino, Charleston, Oak Creek, Tucson, Aurora, Columbine, entre otros.

El problema radica en lo sencillo que resulta para un ciudadano estadounidense el hecho de comprar un arma, además de que su propia constitución les otorga el derecho de portarlas: “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”. (Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América 1787).

De acuerdo con cifras oficiales (whitehouse.gov) la violencia producto de la proliferación sin medida de armas, producen alrededor de treinta mil muertes al año, sean estas causadas por robos, asaltos, violencia doméstica o suicidio; dando una cifra equivalente a las que se producen también de manera anual en accidentes automovilísticos.

Lo que sucede es que a pesar de que la mayoría de los estadounidenses estén de acuerdo en poner un alto a éste problema, el Congreso de su país (con mayoría Republicana) se niega a tomar cartas en el asunto con el argumento de la supremacía constitucional y el no coartar uno de los más preciados derechos del pueblo norteamericano.

Ya en 2013 el gobierno del presidente Obama propuso una ley en esta materia la cual no procedió; es por ello que ahora en 2015 trata de dar solución por medio de “acciones ejecutivas”, las cuales contemplan: el hacer una comprobación de antecedentes a todo aquel que quiera comprar un arma, incrementar la cobertura en tratamiento médico para personas con enfermedades mentales y hacer uso de la tecnología para mejorar los sistemas de seguridad en cada arma.

A través de estas medidas se procura lograr un control óptimo sobre la compra y venta de armas de fuego, así como su uso indebido. Sin embargo más allá de una tensión política bipartidista, los intereses económicos de la industria de armamento son claramente superiores a cualquier acción sea del Congreso o del Presidente.

A lo que pretendió llegar con esto, es que el problema de las armas de fuego en Estados Unidos nos afecta tanto directa como indirectamente aquí en México. La ATF (agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos) demostró que en el año 2014 la mayoría de las armas ilegales en nuestro país son de procedencia estadounidense.

Son ya casi diez años en que el país se ha visto sumergido en una terrible ola de violencia, provocada en su mayoría por el crimen organizado. Aunado a esto, los miembros de los grupos criminales pareciera que tienen armamento superior al de las fuerzas policiacas y armadas de México, armamento que entra ilegalmente a nuestro país por la frontera Norte debido a lo sencillo que es adquirirlo más allá del Río Bravo.

Habrá que esperar a que las nuevas acciones tomadas por Washington, repercutan en la disminución de tráfico ilegal de armas hacia nuestro país.

jleonlaradiaztorre@gmail.com / @ChemaLeonLara