Por Jesús Álvarez Gutiérrez

ciudad-vivaA casi un centenario de la vigencia de nuestra Constitución, que es una de las más avanzadas del mundo, queda clara la brecha entre la realidad y nuestra aspiración de convertirnos en una democracia de bienestar sustentada en los derechos humanos.

Son especialmente reveladores algunos datos del Inegi relativos a los primeros cuatro artículos constitucionales respecto de los indígenas: el 95 por ciento de los mexicanos hablantes de lenguas autóctonas es pobre; el 90 por ciento labora en la informalidad; el 61 por ciento habita viviendas sin servicios básicos como agua, drenaje, sanitarios o electricidad; el 40 por ciento padece rezago educativo.

Siete de cada diez mexicanos discriminan con base en el color de la piel; otro porcentaje muy alto lo hace por raza, género o preferencia sexual. Al menos hay dos Méxicos: racialmente, el de los indígenas y el de los no indígenas; geográficamente, el del centro-norte y el del sur-sureste. De acuerdo a Aregional, los estados más competitivos son el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora, Coahuila y Chihuahua; los menos competitivos son Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas.

Somos en 2015 alrededor de 120 millones de mexicanos. Seguimos manteniendo, por ya quince años, la tasa de crecimiento poblacional anual de 1.4 por ciento, por lo que se extenderá más allá del 2030 lo que se conoce como el “bono demográfico”; es decir, la población en edad productiva crece más que las personas dependientes (niños y adultos mayores). Está en nuestras manos seguir desperdiciando este bono o atenderlo con un modelo de desarrollo económico que sea incluyente; un modelo que no sustente la competitividad en los salarios bajos, sino que promueva el nacimiento de empresas creativas e innovadoras, de alto valor agregado, el autoempleo y la generación de conocimiento y patentes.

Gracias a la Reforma Fiscal, la carga tributaria en México se ha elevado de 16.5 por ciento en 2000 a 19.5 por ciento en 2014, todavía lejos del promedio de 34 por ciento en la OCDE. Sin embargo, de acuerdo a este organismo, ha ocurrido un fenómeno perverso: la disminución en la recaudación de impuestos corporativos a costa de una mayor presión sobre los casi 50 millones de contribuyentes mexicanos individuales. Las reglas internacionales vigentes para las trasnacionales permiten que las utilidades corporativas “desaparezcan” o se reubiquen artificialmente en paraísos fiscales.

Hay dos preocupaciones adicionales: el aumento de la deuda pública y el saldo de la deuda externa. El monto del total de deuda neta del sector público federal era de 5.3 billones de pesos en 2012; hoy alcanza ya los 7.8 billones, casi 50 por ciento más. Este porcentaje no guarda relación alguna con el crecimiento mediocre de la economía. Y tampoco parece justificado ya que la caída en los ingresos petroleros en 2015 ha sido compensada, en buena medida, por la cobertura del seguro (más de 100 mil millones de pesos) y la recaudación fiscal derivada del sobreprecio a las gasolinas importadas absorbido por los consumidores mexicanos (casi 200 mil millones de pesos).

En cuanto a la deuda externa, con una exposición de 240 mil millones de dólares, México aparece nuevamente entre los cuatro países más endeudados, sólo después de China, Brasil y Rusia. Ante la previsible salida de capitales de los países emergentes por la próxima alza de la tasa de interés en Estados Unidos, México debe cuidar sus reservas, ya que ha perdido 15 por ciento en este año.

No sorprenden los resultados que muestran varias encuestas. De acuerdo, a BGC-Excelsior, la mitad de la población considera que la situación del país está peor que hace un año, 40 por ciento que está igual, y sólo 10 por ciento opina que está mejor. Entre los principales problemas del país sobresalen los económicos con 38 por ciento (bajos salarios, desempleo, pobreza), sobre los de seguridad con 33 por ciento (delincuencia común muy por encima del narcotráfico), y la corrupción con 15 por ciento.

El crecimiento futuro de la economía sólo será posible si nos atrevemos a ser más incluyentes y construimos pesos y contrapesos que limiten la acción abusiva del gobierno y la falta de solidaridad de los dueños del capital. Luis Rubio señala que hacen faltan instituciones fuertes y creíbles que permitan a todos los jugadores a ejercer sus derechos sin dejar campo a la impunidad, el nepotismo y el abuso del poder.

Vale la pena subrayar la resistencia oficial –y patronal- a liberar el salario mínimo usando como pretexto la amenaza de la inflación. Eso significa reconocer que el actual control de la inflación está fincado exclusivamente en el sacrificio salarial de los trabajadores mexicanos, y no en la supuesta estabilidad macroeconómica. No es hiperbólico decir que aumentar 2 pesos el salario mínimo –como ha sido la costumbre cada año en la última década- es no sólo poco ético, sino prácticamente un crimen de lesa humanidad, pues tal acuerdo reúne todos los elementos que constituyen esa figura.

De cara al inicio de un nuevo año, y dejando atrás lo pasado, bien harían hoy la autoridad, el capital y el sindicalismo en no estirar más la soga que aprieta el cuello de la clase trabajadora, y percatarse de que se encaminan a su propia aniquilación, pues sin trabajadores no tendrán quién les sirva, ni quién produzca ni quién les compre. A fin de cuentas el dinero y el poder no lo son todo, y ni siquiera lo más importante.

jesusalvarezgtz@gmail.com

http://heraldo.mx/tag/ciudad-viva