Como ayer lo adelantó EL HERALDO, por mayoría fue avalado el dictamen que formuló la Comisión de Vigilancia para reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado y sus Municipios, a fin de dar mayor claridad a las diversas disposiciones y mayor margen a las asignaciones directas.

Las reformas fueron aprobadas con 19 votos a favor, de los representantes populares que se encontraban presentes, tres en contra (diputados Sylvia Garfias, Martha Márquez y Leonardo Montañez) y la abstención del legislador Mario Alberto Álvarez Michaus.

No estuvieron al momento de la votación Ulises Ruiz Esparza y Eduardo Rocha; faltaron a la asamblea Adolfo Suárez e Israel Sandoval.

En otro punto, por unanimidad de los diputados aprobaron el dictamen que emitió la Comisión de Justicia, por el que se resuelve la iniciativa para sustituir, en diversos ordenamientos, la referencia al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Aguascalientes, por el de Código Nacional de Procedimientos Penales, y de esta manera apegarse a la Declaración de Incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio en el Régimen Jurídico Local, presentada por el diputado Leonardo Montañez Castro.

Algunas de las leyes que fueron modificadas para otorgarles mayor certeza jurídica y concordancia con el nuevo sistema de justicia penal, son las de Desarrollo Ganadero; Desarrollo Social; de Mediación y Conciliación; la referente a la de Salud, entre otras.

Asimismo, fue avalada la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de asilo y condición de refugiados, y de esta forma ampliar las facultades legislativas de la Cámara de Diputados en materia de derechos de las víctimas.

Se plantea un marco regulatorio para los desplazamientos poblacionales según la propia capacidad del entorno ambiental y social del territorio nacional en donde se pretende situar a las personas en condición de refugiados o asilados. Por ello, en el dictamen se establece que en función de las capacidades de carga, vulnerabilidad y residencia de los territorios, se deben armonizar las necesidades internas con la capacidad de asistencia internacional de forma que se otorguen condiciones óptimas de desarrollo a propios y extraños.