Las actitudes colisionadas de comerciantes, diputados y autoridades municipales por las dos primeras horas gratuitas en estacionamientos de los centros comerciales están en un compás de espera, en tanto se resuelve el amparo federal promovido por los afectados con esta medida.

El problema de fondo estriba en que los diputados no tuvieron un acuerdo con las partes, previo a dictaminar las reformas a la Ley de Estacionamientos, por lo que esto que se vive era cuestión de tiempo para que aflorara y que mete en un brete a los prestadores del servicio, que se niegan a proporcionar ese tiempo de manera gratuita y los automovilistas que con sobrada razón exigen su cabal cumplimiento.

La Cámara de Comercio fue la más incisiva por esa medida, al calificar la reforma de “populista”, que lejos de contribuir a atraer más clientes afectará la calidad en el servicio y podría incluso desalentar la inversión en nuevos estacionamientos de su tipo. La organización lamentó que la parte afectada en ningún momento fue consultada sobre el particular por los diputados, no obstante que buscaron una reunión con ellos para que escucharan sus puntos de vista y la propuesta que tenían, de que fuera una hora gratis, y no dos como finalmente se aprobó.

La misma Canaco adelantó que tras el golpe dado alrededor de 25 centros comerciales y pequeñas plazas no tendrán posibilidades de solventar los gastos en limpieza, vigilancia y un seguro contra robos, además de que afecta a clientes y locatarios por el mal uso que se pueda hacer de esas áreas.

En la última semana de febrero la Canaco advirtió la posibilidad de que se generaran incidentes entre el público usuario de los estacionamientos y el personal que los opera, algo que ha ocurrido cuando unos y otros se aferran en mantener su postura, unos de cobrar completo desde el ingreso del vehículo en base al amparo federal y otros que se acate la legislación y no se cobren esas dos horas.

Mientras que el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, amenazó con multa y clausura del estacionamiento que incumpla la ley, en base al mandato correspondiente, el mismo día el presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo anunció que se suspendía los operativos de supervisión en los estacionamientos donde sus administradores lograron el amparo federal.

Como parte de estas acciones, Cortina dijo que los estacionamientos públicos tienen la obligación de responder ante el robo de vehículos, toda vez que la ley así lo establece y en este sentido la autoridad vigilará que se cumpla.

A la vez que cada quien aducía sus razones, el abogado constitucionalista, Arturo Orenday González, puso las cosas en claro al citar que los diputados volvieron a legislar sobre las rodillas, al imponer las dos primeras horas gratuitas y tarifa preferencial en las subsiguientes horas.

Es algo que, dijo, viola la libertad de comercio y principalmente, que existe jurisprudencia al respecto. Precisó que se quebranta el Artículo Quinto de la Carta Magna, en función de que la obligación impuesta está relacionada con el comercial de los estacionamientos mercantiles.

Obliga a dar una prestación de un servicio adicional a los clientes que acuden a esos lugares, sin la posibilidad de obtener una retribución por dicha prestación, reiteró Orenday González, subrayando que hay jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los respectivos tribunales colegiados de circuito, a los que han acudido los inconformes, y en este asunto no se trata de ver qué conviene más a los comerciantes o a los clientes, simplemente respetar lo que dispone la Constitución federal, que está por encima de las legislaciones estatales.

Una vez más se comprueba que el camino a las calderas de Pedro Botero está empedrado de buenas intenciones.

SE VEÍA VENIR

El líder de una agrupación de abogados aseguró que la reforma a la ley, para permitir el divorcio “exprés”, no alentaría la separación de las parejas, que a lo más que podría llegarse es acelerar los casos que estaban en curso, sin embargo muy pronto se dio cuenta que esta medida resulta un atractivo para quienes no quieren esforzarse por superar los problemas que se dan en el matrimonio.

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, informó que en el primer trimestre del año se promovieron 1,261 demandas de divorcio, contra las 620 recibidas en el mismo período del año pasado.

Consideró “sorprendente” este incremento y que podría ser la consecuencia del deterioro social, de la falta de conciencia de los contrayentes a la hora de unirse, y no precisamente por la simplificación judicial de la disolución, conocida como “divorcio incausado”, aunque desde que se anunció la modificación legal los diputados recibieron la opinión en contra de diversos sectores por considerar que facilitaría la ruptura, al eliminar causales y abreviar el tiempo para resolver.

Ponce Sánchez afirmó que el crecimiento de divorcios en solo un año exige que la sociedad replantee los caminos a seguir, que haga un análisis de lo que se puede hacer para prevenir el tema y tener presente que el divorcio es sólo una consecuencia, no la causa. Hay que verlo como una cuestión de carácter social, de carácter público y esforzarse por resolverlo, para ello hay agrupaciones que ofrecen pláticas y asesoría psicológica y se le haga ver a las parejas “que el divorcio es la última puerta, la última opción para solucionar un problema y no la primera opción, como ocurre la mayoría de los casos”, sostuvo.

Algo se tiene que hacer para frenar este escenario, que cuando se produce deja secuelas en la pareja, en los hijos y los familiares, e incluso entre los amigos, debido a que la separación puede ser el principio de otro tipo de problemas, como es quién se queda con los hijos, su manutención, educación y todas las necesidades que requieren para su formación, los días que fija el juez para que se les pueda visitar, sólo por mencionar los más comunes y que se agrandan cuando uno o los dos cónyuges tienen nueva pareja.

REFORMA CONSTITUCIONAL

Y más sobre el tema, el Consejo Mexicano de la Familia (Con Familia) presentó en la Cámara de Senadores una iniciativa para reformar el Artículo 4 de la Constitución, que busca proteger a la célula básica de la sociedad. Considera que la figura de la familia se ha ido perdiendo y por lo tanto, los valores dentro de la sociedad, lo que ha ocasionado  que el país tenga los índices más altos de violencia, embarazos en adolescentes, acoso escolar y sexual, dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La agrupación establece que la familia en México está en un estado de descomposición avanzada, por lo que tiene muchos primeros lugares a nivel internacional, en cuestiones negativas. No se respeta los derechos humanos de la familia, que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado y es una protección que no se tiene. La petición de reforma está respaldada por más de 200 mil firmas y se centra en reformar cinco puntos básicos del Artículo 4: Reconocer y proteger la figura de la familia conformada por hombres y mujeres; garantizar el derecho de los padres de familia a elegir el tipo de educación para sus hijos; garantizar que todos los niños crezcan en una familia conformada por papá y mamá; y finalmente, en todas las leyes que expidan los Tres Poderes de la Unión se evalúe el impacto que éstas tendrán en la figura de la familia. Además, se opone al divorcio exprés, que convierte al matrimonio en un producto desechable.