Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 10-Ago .- La Suprema Corte de Justicia aclaró hoy que la terminación del nombramiento de maestros por reprobar tres veces las evaluaciones no es equivalente a una sanción administrativa de las que impone la Secretaría de la Función Pública.
Por unanimidad, la Primera Sala de la Corte negó un amparo a 17 integrantes de la CNTE que reclamaron el artículo 74 de la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Si bien el pleno de la Corte ya había avalado desde 2015 todo el sistema de evaluación previsto en la reforma educativa, así como las consecuencias para los maestros que no aprueben o no presenten las pruebas, el argumento sobre la equivalencia con un castigo administrativo aún no había sido estudiado.
“El planteamiento de la parte quejosa parte de un equívoco, que a su vez puede entenderse como una consecuencia misma de la ambigüedad que aqueja al concepto jurídico de sanción, pues asume que al ser la terminación del nombramiento una consecuencia adversa, ésta constituye una sanción administrativa que da lugar a la intervención de la SFP”, resolvió la Sala.
“La evaluación obligatoria que tienen que presentar los trabajadores del Servicio Profesional Docente a efecto de permanecer en el servicio u obtener una promoción no tiene la naturaleza de una sanción administrativa, pues sólo se traduce en el cumplimiento de una condición o, en el mejor de los casos, de un deber entendido como necesario para permanecer en el cargo”, agregó.
Los ministros explicaron que el maestro cuyo nombramiento se dé por terminado con base en el artículo 74, tiene derecho a impugnar mediante demanda laboral ante un tribunal de conciliación y arbitraje.
Caso contrario al de las sanciones administrativas, que son impuestas por la SFP mediante un procedimiento seguido en forma de juicio, y que pueden ser reclamadas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Cabe mencionar que el artículo 74 permite terminar el nombramiento por múltiples razones, no sólo por fallar en tres evaluaciones, entre ellas por cambiar de escuela sin autorización, por dar clases sin haberse evaluado y por presentar documentos falsos a las autoridades.
La terminación del nombramiento sólo aplica a maestros que ingresaron al servicio docente después de septiembre de 2013, pues los que ya estaban tienen derecho a ser reasignados a otras funciones.