Que los ginecólogos den a la mujer el derecho de elegir aliviarse mediante parto normal o con cesárea; hay médicos que consideran como pérdida de tiempo la labor de parto y recurren a la cirugía, para no estar al pendiente de las contracciones de la mujer; e incluso, para sacar más dinero recurren a la cesárea, cuando las condiciones estaban dadas para un parto normal.
Pero también hay mujeres que prefieren cesárea, independientemente de su condición de salud, decisión que debe ser respetada por el galeno.
También hay ocasiones en que para evitar riesgos a la madre y al producto, se opta por la cesárea; todo depende de la ética del médico y de ahí la importancia de escoger al ginecólogo adecuado que haga su trabajo por vocación, con la remuneración respectiva, y no con afán de lucro.
Éstas son las conclusiones de gran número de reacciones a la nota que publicó EL HERALDO ayer, sobre reformas de Ley en este ámbito.
El dictamen ya fue aprobado por los miembros de las comisiones respectivas y hoy, el Pleno Legislativo dará su aval.
El objetivo consiste en adecuar la legislación local para erradicar la violencia en contra de la mujer en todas sus formas, por lo que se incluye el concepto de violencia obstétrica.
Se reformarán las fracciones V y VI y se adiciona la Fracción VII al Artículo 8°, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado, a fin de incluir en el Artículo 8°, la violencia económica y laboral.
La económica es toda acción u omisión del hombre violento que afecta la supervivencia económica de la mujer. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso económico, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.
La laboral es aquella ejercida en tal ámbito en términos del Artículo 12 de la presente Ley, así como cualquier limitación para que una mujer pueda ocupar un cargo o puesto laboral por encontrarse en estado de gravidez.
La violencia obstétrica es todo acto u omisión del personal de salud, tanto médico, auxiliar y/o administrativo que, en ejercicio de su profesión u oficio, dañe, lastime o denigre a la mujer en su salud física y psicoemocional, durante el periodo de embarazo, parto, puerperio y procesos reproductivos.
Se considerará de manera enunciativa que existe violencia obstétrica, en los siguientes casos: en que exista negligencia; en los que la atención médica exprese un trato deshumanizado, discriminatorio o de humillación; en los que la atención médica niegue a la mujer el recibir la información oportuna y/o conlleve a la pérdida de su autonomía y capacidad de decidir libremente sobre el tratamiento médico que recibe.
Asimismo, en los que se dé la imposición de métodos anticonceptivos sin mediar consentimiento de la mujer; la práctica del parto por vía cesárea, existiendo la posibilidad para efectuar el parto natural y sin haber obtenido la renuncia voluntaria, expresa e informada de la mujer a esta posibilidad; la negativa, retraso o la omisión injustificada de brindar atención médica oportuna y eficaz a las mujeres en el embarazo, parto, puerperio, y procesos reproductivos.
Alterar innecesariamente el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante su patologización, abuso de medicación, o el uso de técnicas que aceleren el nacimiento; obligar a la mujer a parir en una posición en específico, cuando existan los medios técnicos para que lo realice en la posición que ella elija.
Obstaculizar sin causa médica justificada el apego precoz del recién nacido con su madre, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer; retener a la mujer o al producto de la concepción en los centros de salud o instituciones análogas por su incapacidad de pago.
Se adicionan los párrafos Segundo y Tercero al Artículo 69, de la Ley de Salud del Estado, por la que la atención materno-infantil se regirá por los principios de respeto a la dignidad humana, no discriminación, no violencia obstétrica, integridad, libertad y seguridad del paciente; y habrá de realizarse con profesionalismo, calidad y calidez, humanismo médico, mínima medicación, consentimiento informado, infraestructura digna y adecuada, privacidad, y confidencialidad.
En caso de emergencia, la atención integral médica deberá ser de la manera más expedita posible, independientemente de que se haya realizado pago alguno, y/o éste se realice con recursos propios o mediante la contratación de seguros individuales o colectivos. Siendo que lo anterior incluirá en su caso, el traslado a la unidad médica u hospitalaria más cercana.