Las llamadas a los teléfonos de emergencias solicitando auxilio ante falsas alarmas es un delito, afirmó Juan Manuel Ponce Sánchez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el estado.

Indicó que estas llamadas o la distracción de los servicios de emergencias, con presuntas situaciones de auxilio, quitan la oportunidad de atención para quienes en realidad requieren de ser atendidos y debe ser denunciado, para que se realicen las investigaciones pertinentes y se establezcan las sanciones que deban de recibir quienes gustan hacer este tipo de malas bromas.

Casos como supuestos artefactos explosivos, mueven a una gran cantidad de gente para desalojar edificios, interrumpen la vida cotidiana, alteran la paz y la tranquilidad de las personas y son, entre otros, los efectos que conllevan estas falsas alarmas, sin embargo, al no ser denunciadas, siguen en la impunidad.

“Se ha hecho una mala costumbre entre personas adolescentes y adultas, de llamar a los servicios de emergencia y denunciar presuntos hechos y situaciones de emergencias, lo podemos ver muy frecuentemente en las noticias, en donde incluso, se afirma que más del 80% de estas peticiones de auxilio, resultan ser falsas alarmas”.

Indicó que han transcurrido algunos años en los que los juzgados no han atendido denuncias de este tipo, y si las instituciones que son víctimas de estos hechos no denuncian, las personas que distraen los servicios de emergencia seguirán haciendo estas fechorías, con los consecuentes daños a las instituciones y a la sociedad.

Explicó que la legislación penal para el estado de Aguascalientes, en el artículo 91, dice que: “El uso indebido de llamadas telefónicas para movilizar los sistemas de respuesta de emergencia consiste en:

  1. Permitir o realizar mensajes o llamadas, sin que exista necesidad o justificación, a cualquier sistema de respuesta de llamadas telefónicas de emergencia o su equivalente que preste este tipo de servicios y
  2. Permitir o realizar una llamada telefónica a los sistemas de respuesta de llamadas telefónicas de emergencias o su equivalente para dar un aviso falso de alerta, emergencia, ayuda a un particular o cualquier otra situación que genere la movilización o presencia del cuerpo de bomberos, personal de emergencias médicas, personal de protección civil o elementos de las corporaciones de seguridad pública”.

Dijo además que al responsable del uso indebido de llamadas telefónicas para movilizar los sistemas de respuesta de emergencia se le aplicarán de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa.

En caso de reincidencia, se impondrán de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Tratándose de la conducta prevista en la fracción segunda de este artículo, se impondrán de 3 a 8 años de prisión y de 200 a 300 días de multa y al pago total de los daños y perjuicios causados si la conducta del infractor provoca un accidente o daños a consecuencia de su llamada falsa.

Finalmente, el magistrado exhortó a los cuerpos de seguridad y de emergencias, así como de protección civil, a no dejar de denunciar aquellos casos en los que se considere puede documentarse perfectamente el origen de la llamada, a fin de que no queden impunes estos actos, pues lesionan a toda la sociedad, concluyó.