Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

El ex presidente Fox, respondiendo a un reclamo social muy extendido, prometió durante su campaña y en los primeros años de su gobierno, el atrapar a los “peces gordos” de la corrupción. Una expresión que luego se le atribuyó incorrectamente al entonces Secretario de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), Francisco Barrio. El presidente Fox le encargó al secretario Barrio el combate a la corrupción desde la SECODAM y además se creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal. Pero el secretario Barrio se encontró con obstáculos insalvables que en aquél entonces impidió atrapar a los “peces gordos”. Tal y como lo expresó en una entrevista con la revista Proceso en diciembre de 2001 (http://www.proceso.com.mx/238721/para-ir-tras-peces-gordos-barrio-terrazas-pide-cambios-a-la-ley), Barrio encontró que el sistema legal le impedía sancionar a funcionarios de alto nivel que probablemente cometieron actos de corrupción, entre otras razones, porque quienes firmaban los documentos comprometedores eran siempre los funcionarios de menor rango (digamos, los “charales”), los procedimientos jurídicos eran lentos y no había un marco jurídico adecuado para combatir la corrupción. Por ello, Barrio urgió el realizar los cambios legales necesarios. Tuvieron que pasar 15 años para que se reconociera que, efectivamente, uno de los obstáculos para combatir la corrupción es el no tener un marco jurídico adecuado. Si bien he afirmado en estas páginas que utilizando muchos de los elementos legales e institucionales con que ya se cuenta se podría combatir de inmediato la corrupción, es muy deseable que se perfeccione el marco legal y se fortalezcan las instituciones que la combaten.

Se intentó atacar el problema al inicio de la administración del presidente Peña con la propuesta de establecer una Comisión Nacional Anticorrupción la cual, sin embargo, quedó congelada en el Congreso. Fue hasta el año pasado al promulgarse las reformas constitucionales que crearon el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuando se inició el fortalecimiento del marco jurídico anticorrupción. El Congreso aún no aprueba las leyes secundarias que instrumentarán ésta reforma, pero ya está previsto convocar a una sesión extraordinaria.

Algo que ha cambiado significativamente con respecto al 2001, es que, en ésta ocasión, diversas organizaciones de la sociedad civil como la Red por la Rendición de Cuentas, el IMCO y Transparencia Mexicana, entre otras, han logrado convocar a la sociedad a manifestarse contra la corrupción impulsando la llamada “Ley 3de3” -la cual logró recabar más de 630,000 firmas –y presentarla como iniciativa ciudadana ante el Congreso. También han impulsado con otras propuestas, a través del esquema de parlamento abierto, el resto de las reformas faltantes.

Estas reformas son muy importantes y uno de sus retos será el atrapar a los “peces gordos” que sigue reclamando la sociedad. Uno de los obstáculos para ello es que las instituciones que conforman el SNA, aunque se les dé la autonomía institucional, están vinculadas con la clase política a través de sus funcionarios. Esto es, quienes dirijan estas instituciones serán nombrados por los mismos a quienes tendrán que vigilar, lo cual plantea un posible conflicto de interés. Un antídoto contra ello sería instaurar un procedimiento de nombramiento de los más altos funcionarios del SNA que sea intachable, transparente y a prueba de influencias políticas, vigilado por la sociedad civil y expertos en el tema; para el resto de sus colaboradores, aplicar un servicio profesional de carrera que funcione. De no ser así, se podrían dar casos como algunos comisionados designados en organismos autónomos quienes no tienen el perfil técnico necesario o bien se puede rastrear su filiación política, lo cual debilita su independencia.

De no superarse estas deficiencias, la alternativa más eficaz para atrapar “peces gordos” sería el tener una fiscalía internacional anticorrupción como la que existe en Guatemala, la cual ha sido capaz de procesar a un presidente en funciones.

Es muy necesario atrapar a los “peces gordos”, porque el mal ejemplo permea hacia abajo en las instituciones y atrapar a los corruptos de más alto nivel también tiene un efecto disuasorio para el resto de los funcionarios. No es posible pedir a funcionarios de menor rango que se abstengan de cometer actos de corrupción cuando ven que los titulares de sus dependencias y entidades lo hacen cotidianamente con total impunidad. Por ejemplo, si los titulares de gobiernos estatales o de entidades del gobierno federal usan los helicópteros a su cargo como taxis particulares, no se puede pedir que los funcionarios de niveles inferiores no usen vehículos e instalaciones públicas para su uso personal. Tiene más impacto en el comportamiento ético de los empleados del gobierno el que los jefes den ejemplo y se aseguren de que los demás lo sigan, que el implantar otros mecanismos preventivos como códigos de ética, los cuáles, si no los acata el jefe, se quedan solo en buenos propósitos.

Para tener éxito en el combate a la corrupción se requiere atrapar a los “peces gordos” quienes son los principales culpables de la gran corrupción que afecta al país. Las reformas que se están discutiendo solo serán útiles para atrapar a los “charales” si no se logra que las instituciones y quienes las conformen tengan capacidad técnica, independencia y los recursos necesarios para actuar. _______________________________________________________________http://octaviodiazgl.blogspot.mx/   http://heraldo.mx/tag/todo-terreno/   Correo: odiazgl@gmail.com