Aunque los estatutos son muy claros en ese sentido, el Partido Acción Nacional no quiere dejar nada al azar, y menos a la omisión y al olvido, por lo que con bastante antelación hace saber a los que resultaron electos el pasado 5 de junio que están obligados a pagar la cuota mensual, fijada de acuerdo a lo que percibirán en el cargo que ocupen.

La aportación estará calculada en función a las percepciones netas, aquellos que reciban hasta cuatro salarios mínimos quedarán exentos, mientras que quienes reciban de cinco salarios mínimos en adelante deberán entregar el 10%.

El reglamento señala que todos los que desempeñen un puesto en la administración pública y en los congresos y cabildos, están obligados a contribuir con su cuota mensual al partido, que determinó se haga en base a sus ingresos neto, incluidas todas las remuneraciones, después de descontar los impuestos correspondientes “cualquiera que sea la denominación que les dé la entidad pagadora”, aunque los gastos y viáticos que reciban para fines relacionados con el ejercicio de su función pública quedarán exentos de ese pago.

De esta manera se pretende que no se hagan que la Virgen les habla cuando les requieran el pago, como ocurrió hace 25 años con un regidor del Cabildo de Aguascalientes – emparentado con la entonces presidenta municipal -, que dejó pasar el tiempo y cuando trataron de cobrarle ya no pudo o no quiso entregar el dinero, por lo que quedó fuera de las filas blanquiazules, aunque más tarde reapareció en la política como presunto asesor de la fracción legislativa del PRD.

Cada partido tiene reglas que deben respetar los militantes en general y una de ellas es pagar una cuota periódicamente, sin embargo muy pocos hacen caso de ello porque no se les exige y no lo hacen los directivos gracias a que el apoyo que reciben del erario federal o estatal, que les resulta más que suficiente para el sostenimiento del organismo. Sólo cuando se acerca la renovación de los comités municipal o estatal o el registro de precandidatos a un cargo de elección popular se acercan a entregar la cantidad correspondiente.

Lo normal sería que los partidos no recibieran un solo peso de los recursos públicos, que de ser así los obligaría a trabajar intensamente para atraer más adeptos y ser congruentes en el hablar y actuar, además serviría para que gobernantes, diputados, senadores y regidores se obligaran a estar en permanente contacto con el pueblo para aprobar o rechazar aquello que la sociedad les indique, acabándose la separación que hay entre ambas partes.

Dentro de las reglas que publicó Acción Nacional en su página oficial también destaca que deben atender los principios de la doctrina que impide actos de corrupción, enriquecimiento ilícito, violentar los estatutos del partido, asimismo les exige trabajar de acuerdo a la plataforma política, los programas de acción y bajo los acuerdos tomados por los órganos competentes del mismo instituto.

En la gestión pública tendrán la obligación de mantener comunicación institucional con la Secretaría de Acción Gubernamental correspondiente de su respectivo comité, a fin de recibir directrices con el coordinador de su grupo o directamente si la situación lo exige, además participarán en las actividades del partido; acudiendo a las juntas de trabajo y a los eventos citados por los comités respectivos, o por la coordinación del grupo parlamentario, siempre y cuando no afecte sus obligaciones como servidores públicos

En el caso de los próximos gobernadores, sostendrán a través del presidente estatal y en su caso del comité estatal interacción con el Comité Ejecutivo Nacional, o cuando se requiera de manera directa, al mismo tiempo atender el articulado del reglamento.

Los nuevos presidentes municipales están obligados a acudir a consulta a su respectivo comité municipal y en su caso estatal, para tomar las decisiones que pueda afectar al partido e “informar periódicamente a los miembros del partido de su gestión, además de cooperar en las actividades del partido, sin involucrar ni comprometer al personal del gobierno municipal”.

Los diputados están obligados a asistir puntualmente a las reuniones o sesiones a que sean convocados, respetar el procedimiento interno para la toma de decisiones, conducirse con respeto, mantenerse en comunicación permanentemente con su comité, rendir un informe anual acerca de su actividad legislativa. De igual modo solicitar la autorización previa del coordinador para hacer viajes relacionados con su función pública, tanto en el territorio nacional como el extranjero, así como para aceptar comisiones especiales, tanto en el territorio nacional como extranjero, y elaborar un informe por escrito de sus actividades legislativas al finalizar cada período de sesiones y entregarla a la coordinación de su grupo parlamentario.

Las órdenes son muy claras por lo que sólo falta que se apeguen a ellas y para reflexionar les quedan varios meses en que podrán repasar una y otra vez el librito, de manera que ninguno se llame a sorprendido si reciben un regaño o sanción.

LA CALLE TIENE PRECIO

En Aguascalientes capital, el llamado centro histórico mantiene – y acrecienta – características que en otras ciudades se han erradicado, como la ocupación de los espacios públicos para promocionar o vender productos de diversa índole, que aún cuando le dejen un ingreso a la autoridad municipal se achica el libre tránsito.

La plaza de armas, el andador J. Pani, Expoplaza y en algunos tramos de la avenida López Mateos hay mesas y sillas sobre el paso peatonal, que forman parte de los negocios establecidos, lo que aún cuando hay quienes consideren que esto envuelve a la ciudad de un ambiente cosmopolita, la diversidad de enseres se asemeja a mercadillo.

Con la confianza que da el cargo que ocupa, el secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, asegura que no dejará que establecimientos del andador J. Pani se salgan del control “nuevamente”, por lo que vigilará que se mantengan dentro del horario establecido y de metros cuadrados fuera de su local que se les ha autorizado, “a fin de evitar que la céntrica avenida se convierta en un caos”.

Precisó que “en toda la ciudad hay establecimientos en donde con ciertos requisitos y con un trámite se les permite ocupar la vía pública para ofrecer servicio de café o de bebidas” y su mayor preocupación es “garantizar la seguridad de los comensales”, para ello los espacios deben contar con un barandal que sea removible y seguridad privada para vigilar esas zonas.

La cuestión está en saber quién garantiza el libre paso de las personas por esa y otras vías públicas ocupadas por los citados negocios, lo que aún cuando resulte rentable para el Ayuntamiento es un problema para quienes las utilizan.

Lo anotado se agrega a las dificultades que hay para circular por calles como Juárez en sus dos primera cuadras, Allende, parte de Morelos y varias cuadras de 5 de Mayo, lo mismo que los pasajes, por citar sólo el centro, invadido por el comercio ambulante que deja un callejón muy angosto para que pasen las personas.

Ante el reclamo de los comerciantes porque obstaculizan el ingreso a sus tiendas, se les responde que el perjuicio es mínimo ya que quien busca algún producto entra a esos lugares, pero no se toma en cuenta que quien pasa por ahí no puede apreciar lo que se presenta en los aparadores, que puede ser algo que atraiga y en lugar de ello sigue su camino.

La concepción urbanista de espacio público queda sujetada a cuestiones reglamentarias y de recaudación, que impone criterios de apropiación de lugares, que en otras condiciones serían sólo para el movimiento de las personas y en ciertos horarios de mercancías.