Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

En los diversos estados del país que llevan a cabo procesos electorales en estos momentos, observamos campañas enfocadas a criticar a los candidatos contendientes y denunciar escándalos personales o presuntos actos de corrupción. Cada semana somos testigos de nuevas acusaciones, amenazas y señalamientos, por parte de candidatos de todos los partidos, que sin tener necesariamente un respaldo en evidencia aceptable, circulan y son difundidos en las redes sociales, los espacios publicitarios y los medios de comunicación en general.

La percepción extendida de los ciudadanos que no se identifican o apoyan incondicionalmente a algún proyecto o partido es de descontento y rechazo a los mensajes negativos y a la saturación publicitaria durante los periodos de campaña. Ante el desprestigio de la clase política y la indignación de la ciudadanía respecto al desempeño de ésta, parece ser que la estrategia de los partidos políticos es el ataque y su objetivo mostrar que, de todos los que compiten, su candidato es el menos malo.

Debido a la escasa credibilidad que en la actualidad poseen la mayoría de las alternativas que tiene el electorado, las propuestas pasan a segundo término y la competencia se enfoca en resaltar  las condiciones de los candidatos para mostrarlos como una opción que, en comparación con las otras, podría ser la menos desagradable. Bajo dicha lógica, resulta más práctico exhibir los puntos negativos de los rivales —aunque pueda ser que no tengan sustento— que convencer a los votantes de los atributos del personaje que se promueve para un puesto de representación.

En este entorno de confrontación y desinformación, los incentivos para la crítica y la denuncia no fundamentadas se incrementan. Sin importar si una afirmación negativa respecto a un candidato es verdadera, falsa o puede demostrarse, la difusión de ésta resultará relevante en el contexto de la campaña dependiendo del impacto inmediato que pueda tener en la opinión pública. Como comentaba un conocido experto en campañas políticas: “cuando una noticia ha causado el efecto mediático deseado, lo de menos es observar si es posible demostrar su veracidad.”

La situación descrita es lamentable y contraria a la consolidación de una democracia que pretenda ir más allá de lo electoral; sin embargo, tanto la élite política, como los ciudadanos, somos responsables de la propagación de ésta forma de hacer política: la primera, al estructurar sus campañas bajo la lógica mencionada; y los segundos, al no cuestionar las estrategias de ataque, ni informarnos lo suficiente para ejercer nuestros derechos.

En la confrontación electoral, la acusación sobre los actos de corrupción o el comportamiento de los candidatos al margen de la ley podría resultar en un mecanismo para obligar a la rendición de cuentas y el deslinde de responsabilidades; no obstante, pocos de los escándalos exhibidos en tiempos de campaña tienen un seguimiento o derivan en un proceso de denuncia formal.  Como ciudadanos debemos exigir que cada cosa que se diga sobre un candidato sea revisada en un proceso que permita conocer si un candidato ha quebrantado la ley o si su contrincante ha mentido al exhibirlo. Con dicho ejercicio, obtendríamos mayor información para tomar decisiones electorales acertadas, contribuiríamos a que se realicen acciones en contra de quien pudiera haber cometido un delito y, lo más importante, generaríamos incentivos para que las campañas no sean un intercambio absurdo de mentiras y difamaciones.