Fernando López Gutiérrez

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Los cambios realizados en el gabinete presidencial han sido la noticia principal en los últimos días. Aunque algunos de estos se habían pronosticado con anticipación —incluso desde el comienzo de la presente administración— resulta interesante la decisión que se tomó de anunciar las sustituciones en las diversas dependencias de manera conjunta y con tan poca antelación a la presentación del Tercer Informe de Gobierno.

Pocas modificaciones habían sido realizadas hasta el día de hoy en los principales cargos de responsabilidad pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto y en su mayoría como respuesta a cuestiones coyunturales, difícilmente eludibles. Destacan los casos de la Comisión Nacional de Seguridad y de la Procuraduría General de la República, en los cuales Manuel Mondragón y Kalb y Jesús Murillo Karam —en marzo de 2014 y febrero de 2015 respectivamente— dejaron sus puestos.

De manera recurrente se han dado muestras de cautela y tolerancia en lo relacionado con el cese de funciones de servidores públicos de primer nivel. En distintos momentos, durante lo que va de la administración, el Presidente Peña Nieto reafirmó su apoyo y respaldo a personajes como Rosario Robles, Emilio Chuayffet o Miguel Ángel Osorio Chong, ante las exigencias de sus renuncias o los rumores de su posible sucesión.

Ante los hechos observados, lo acontecido durante la semana pasada se muestra como un acto analizado con detenimiento, resultado de una evaluación detallada hacia el desarrollo de la segunda mitad del sexenio y con miras al proceso electoral del año 2018. El anuncio en bloque, a pocos días de la presentación del informe sobre el tercer año de gobierno, tampoco parece ser una coincidencia. La mayoría de las críticas que pudieran surgir por la falta de resultados o los errores cometidos en las secretarías que han sufrido cambios serán eludidas al resaltarse la sucesión de sus titulares.

Parece ser que, ante la reorganización llevada a cabo de los liderazgos en las dependencias de la Administración Pública Federal, se reduce el atractivo de la discusión pública en torno a los magros resultados que, de antemano, sabemos que estarán contenidos en el informe de mitad de sexenio. En los cambios realizados, se encuentra implícito el reconocimiento de que no se ha cumplido con las expectativas y se requiere redoblar esfuerzos para generar respuestas satisfactorias. Sin embargo, incluso aprovechando lo anterior, se busca restringir al máximo el debate respecto a los problemas y las fallas que se mantienen en el desempeño gubernamental. Esperamos que con la llegada de nuevos funcionarios se privilegie la obtención de resultados y su discusión, para transformar la priorización que se ha dado al manejo mediático, sobre la actuación gubernamental eficiente.