Podrá cuestionar, amable lector o lectora, que siga vigente el término “electoral” a un mes siete días que se desarrollaron los comicios locales y de los cuales ya se tiene oficialmente a los ganadores,  sin embargo mientras los tribunales no resuelvan la totalidad de las impugnaciones el proceso no se da por concluido.

Como se ha informado ampliamente en las páginas de El Heraldo, la coalición “Aguascalientes Grande y para Todos”, encabezada por el Partido Revolucionario Institucional, demandó la anulación de la elección de gobernador, al considerar que hubo violaciones a la ley por parte de las autoridades del municipio capitalino, denuncia que se encuentra en estudio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Acusa directamente al presidente municipal Juan Antonio Martín del Campo y a los secretarios de Desarrollo Urbano y de Servicios Públicos, Enrique Peralta y Héctor Anaya, respectivamente, de haber difundido los programas oficiales en época de veda, lo que a su juicio fue una intromisión en la actividad electiva para favorecer a los candidatos del Partido Acción Nacional.

Apegados a lo admitido por la Sala Regional Especializada del TEPJF, la presidenta y el secretario general del comité estatal priísta, Norma Esparza Herrera y Alberto Solís Farías, sostienen que existen las condiciones jurídicas para que se invalide la designación de gobernador, particularmente en lo que se refiere al resolutivo de los magistrados, al haber encontrado que del análisis que hicieron “este órgano advierte que el presidente municipal de Aguascalientes al atender las interrogantes formuladas por los locutores o la ciudadanía, refiere a la realización de obras públicas y logros gubernamentales de su administración que se traducen en propaganda gubernamental”.

Desde finales del mes pasado en que se conoció el sustento de la demanda coalicionista, el alcalde Juan Antonio Martín del Campo anunció que apelaría cualquier sanción electoral en su contra, al asegurar que los señalamientos están orientados a una “ley mordaza”.

Dijo entonces que “los tribunales están muy estrictos y muchas cosas son de apreciación, vamos a ver qué es lo que decide el Tribunal a final de cuentas, porque hay otra instancia, estamos apelando a eso, vamos a ir a otra instancia y ya será la instancia final, que es el Trife, como tal. Ahorita es la Sala Regional de Monterrey y luego falta otra instancia. Yo creo poco probable que se repita la elección, pero a final de cuentas yo no soy la autoridad electoral, yo creo que junto con los tribunales tendrán que ver y definir”.

En su defensa afirmó que está expuesto a estos señalamientos, aún cuando en el tiempo electoral cumplió con la veda respecto a la obra pública, contratación de spots, mantas o espectaculares, además por el cargo que ocupa respondió a algunas entrevistas.

“Esto no implica que tengas una sanción, ahí estamos cayendo en una ley mordaza, creo que de una u otra forma, ellos siempre han querido involucrarme, yo estoy haciendo mi chamba, en este caso, en las entrevistas que sabemos cuáles son esos programas, que no es para hacer promoción, que respetamos la ley y que simple y sencillamente es estar escuchando el reporte, las inquietudes para poderlas atender, yo no sé si es promoción el que digan de un bache o que hace falta agua o que un semáforo no está funcionando, son servicios”.

Sobre el particular, el Código Electoral del Estado de Aguascalientes especifica que “son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidos en este Código”, entre otros, “las autoridades o los servidores públicos federales, estatales, municipales, órganos autónomos, y cualquier otro ente público”. (Art. 141).

Constituyen infracciones al Código de las citadas autoridades, “la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del período que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral inclusive, con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en caso de emergencia”.

También se castiga “cuando tal conducta afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, los precandidatos o candidatos durante los procesos electorales”, lo mismo que “la utilización de programas sociales y de sus recursos (…) con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para que voten a favor o en contra de cualquier partido o candidato” (Art.248).

En estas condiciones, las cartas están sobre la mesa, es un juego abierto que cada quien sabe lo que tienen los demás, lo que obliga a mantener el compás de espera hasta conocer el fallo del Tribunal, que podría ser la anulación solicitada, el rechazo a esa petición, aplicar sólo una sanción a los funcionarios municipales o que se declare improcedente la denuncia en su contra.

MERECIDA DISTINCIÓN

El nombramiento que recibió Oscar Augusto López Velarde Vega como coordinador general de delegaciones del Infonavit es un justo reconocimiento a su trayectoria profesional y académica, lo que augura mayor dinamismo de las representaciones estatales de este organismo.

Al darle la bienvenida, el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, David Penchyna Grub, destacó el trabajo que ha desempeñado López Velarde en diversos cargos nacionales y en su natal Aguascalientes, además de su profundo conocimiento de las políticas públicas en materia de desarrollo urbano y vivienda.

Oscar López Velarde precisó que el Infonavit tiene el compromiso de asignar en lo que resta del sexenio que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto dos millones de créditos adicionales, con lo que se podrá alcanzar la meta de 10 millones en los 46 años de existencia de esta institución, lo que se traduce que una de cuatro familias en México habrá recibido un apoyo crediticio del Estado Mexicano.

En el caso local, OLV destacó que el Infonavit ha otorgado 155 mil créditos desde 1972 hasta 2016, por consiguiente más de la mitad de la población total de Aguascalientes habita en una casa financiada o mejorada por el Instituto y actualmente, como resultado de la labor que desempeña el gobernador José Carlos Lozano de la Torre para tener un crecimiento sin paralelo en el renglón de empleos, tiene una meta anual de 9 mil 313 créditos con una derrama económica de 2 mil 085 millones de pesos y un avance del 49% al mes de junio.

Ya en funciones de coordinador general, López Velarde Vega detalló que las 32 delegaciones en el país tienen la encomienda de colocar este año 515 mil créditos, con una inversión de 124 mil millones de pesos, que significa el 70% de los créditos hipotecarios que se canalizan en el país.

Quienes conocen la forma de trabajar de López Velarde se congratulan que tenga un cargo de esa responsabilidad, ya que esto implica que los delegados estatales tendrán que ir al parejo con él, en beneficio de miles de familias que esperan un crédito o requieren de información sobre pagos.

 

ALFONSO ROMÁN GONZÁLEZ

 

Con el ánimo que le caracteriza se recupera de una intervención quirúrgica el profesor Alfonso Román González, ex líder de la Sección Uno del SNTE y ex diputado local. Personalmente y por la vía telefónica sus compañeros y amigos han estado al pendiente de su recuperación, lo que es una muestra fehaciente que aquello que se siembra se cosecha, al dejar huella como dirigente sindical y en la LI Legislatura (1980-1983), en la que tuvo importantes intervenciones, principalmente en el renglón educativo, agropecuario y de salud, que se tradujo en mejores servicios.