La empresa concesionaria del servicio de agua potable en Aguascalientes, desde 1993, CAASA, es la más interesada en emprender la retirada, y en cuanto antes, mejor, porque el agua ha dejado de ser el negocio que fue por dos décadas.
La mejor muestra de que está buscando la mejor oportunidad para retirarse de Aguascalientes es que General Des Eaux, propietaria original junto con ICA, vendieron a la española Veolia, porque “CAASA ya obtuvo las ganancias que quería desde que le fue otorgado el título de concesión”, consideró el ambientalista Gerardo Ortega de León.
Explicó que de acuerdo al clausulado del título de concesión, en el apartado de causales para la extinción del título, figura, entre otras, que si el Ayuntamiento no le brinda la infraestructura necesaria para la prestación del servicio, CAASA puede retirarse de manera anticipada, tomar su capital y transferir su deuda al Municipio, en el momento en que así lo crea conveniente, luego de que demuestre que el Ayuntamiento no le ha brindado lo necesario para la operación del servicio.
En ese sentido, agregó que las condiciones para que la empresa pueda retirarse de Aguascalientes “están por cumplirse” dado que, “de un momento a otro, se quedarán sin poder ser explotados la mitad de los 203 pozos que abastecen de agua a la ciudad”, afirmó el ambientalista quien ha realizado un seguimiento del tema del agua concesionada, prácticamente desde que el Gobierno Municipal otorgó el primer título de concesión en el país, el 23 de octubre de 1993.
Dijo que de los 203 pozos, 30 “ya se secaron y no han sido repuestos, porque demandan una millonaria inversión” y a esos 30 están por sumársele otros 70 pozos que quedarán sin poder ser explotados tan pronto el Gobierno Federal cambie la norma NOM 250 SSA, que regula la calidad del agua para consumo humano, y que los criterios de tolerancia de algunos materiales pesados, están por modificarse, lo que automáticamente los dejará fuera de la norma, y sólo podrían seguir en operación siempre y cuando les coloquen una planta potabilizadora de agua a cada uno, lo que costaría 4 millones por pozo, esto representaría una inversión de al menos 280 millones de pesos para seguir usando dichos pozos.
“Sería la propia Cofepris, la que se encargaría de clausurar los pozos de forma inmediata”, estimó.
El ambientalista dijo que en fecha reciente, Evaristo Pedroza, titular de CCAPAMA, había informado que a partir de la mitad del presente año, la norma podía cambiar en cualquier momento y que el Ayuntamiento ya contaba con los recursos necesarios para habilitar los pozos que quedaran fuera de norma.
No obstante, dijo, “esos recursos, hasta donde sé, ya no están disponibles, los han gastado en otros propósitos y el Municipio ya no tiene dinero para hacer frente a este problema”.
Estimó que si el Ayuntamiento no le proporciona a CAASA los pozos necesarios para el abastecimiento de la ciudad, “ésta sería la causal que la concesionaria está esperando para irse, llevarse su capital y dejar las deudas al Municipio, tal cual está estipulado en la concesión”.
Dijo que para CAASA, el agua potable en Aguascalientes dejó de ser negocio por varios factores, uno de ellos, el cambio a la legislación mediante la cual, se impide el corte del suministro del servicio por falta de pago.
“Esta prohibición le ha pegado fuertísimo a las finanzas de la empresa porque ha disminuido su rentabilidad”, consideró Ortega de León, quien agregó que, aunado a ese problema, la extracción del líquido cada vez es más costosa debido a que los pozos tienen que bombear cada vez a mayor profundidad, aumentando los costos, frente a unas tarifas que no se ajustan a las expectativas que la empresa tiene para que le signifique el atractivo negocio que fue hace muchos años.
“A estas alturas, no tengo la menor duda que la más interesada en irse de Aguascalientes es la propia concesionaria. Le faltan seis años para terminar la concesión de 30, sólo que está esperando el mejor momento para levantar sus cosas y retirarse, trasladando sus deudas al Ayuntamiento, porque arrastra un fuerte pasivo, que por cierto, nadie conoce, a pesar de que está siendo regulada por la autoridad municipal”, dijo el ambientalista.