Desde 1994, cuando hizo su arribo a la ciudad capital, la empresa concesionaria de aguas ha estado presente en el debate público de Aguascalientes, tanto por el servicio que aporta como por los cobros que aplica, los tandeos o faltante absoluto del líquido y a últimas fechas el doble recibo en un mes.
Tal parece que la empresa no logra consolidar la atención que corresponde, o que la ha encontrado ventaja estar en el ojo del huracán, de otra manera no hay una explicación lógica puesto que no sale de un problema cuando ya está metido en otro.
Mientras que la autoridad municipal y los diputados se hacen como que la Virgen les habla, la compañía francomexicana tiene tiempo de enviar a los hogares dos recibos, alegando que es por un ajuste a su sistema de cobro, sin embargo, resulta sospechoso que sea ahora, en que se puso en práctica la prohibición de llevar a cabo el corte absoluto del servicio a los insolventes, cuando se haga una conciliación de las cuentas.
Ante el laberinto en que está, la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas de Aguascalientes, que preside Guadalupe de la Cerda González, demandó que se cancele la autorización, en función del “pésimo servicio” que ofrece, que es muy caro y pone en riesgo la salud de la población, además que las tarifas son de las más altas en el país, sólo superadas por Morelia y Tijuana. Precisó que el modelo de operación y explotación “es violatorio a los derechos humanos” al incumplir acuerdos y tratados internacionales en materia del derecho al agua. Como ejemplo de lo exagerado que está el cobro, dijo que un colegio puede adquirir el vital elemento con camiones cisterna por 6 mil pesos y el mismo volumen CAASA lo cobra en 11 mil pesos.
Cabe destacar que el Congreso del Estado determinó que sin importar el grado del pasivo, tenía que suministrarse una cantidad mínima a los deudores, en función de lo que dispone la ley federal y la Organización Mundial de la Salud (OMS), dictamen que fue combatido en los tribunales y desechado al encontrarse sustento legal al acuerdo legislativo.
Fue después que se falló en contra, cuando empezaron a llegar a los hogares dos recibos, situación que sigue hasta la fecha sin que los diputados hagan ni siquiera un extrañamiento a la empresa y por su parte el municipio, en voz del secretario del Ayuntamiento, Manuel Cortina Reynoso, rechazó que por los problemas que enfrenta pueda cancelarse la concesión.
A lo más que se compromete la autoridad es a pedir que mejore el servicio, porque antes de recuperar la atención “se requiere de un estudio muy grande, no es cosa fácil, porque la concesión jurídicamente está otorgada y aprobada por el Congreso” y si se hiciera, apuntó, traería consecuencias financieras que el municipio no podría solventar.
Cortina Reynoso afirmó, por una parte, que “las leyes no son retroactivas en perjuicio de particulares, y como sea, Proactiva CAASA es un particular”, para en seguida reconocer que el agua “es un servicio público”, lo que permitiría suponer que al ser un servicio público está por encima de convenios, o que en el mismo instrumento existen condiciones para proceder a la cancelación, pero en este caso, anotó, “es difícil que desde el municipio se vaya a conseguir revocar o rescatar este documento”, reiterando que lo han intentado otras administraciones sin resultado.
No obstante, en marzo de 1996 el Ayuntamiento que presidía Alfredo Martín Reyes Velázquez llevó a cabo el “rescate” del servicio sin haber solicitado autorización al Congreso. Durante 22 días lo tuvo a su cargo y luego lo regresó a los concesionarios, con 30 años para la explotación en lugar de 20 que señalaba lo aprobado originalmente por los diputados, asimismo, con la posibilidad de otros 30 años de vigencia, no obstante, Manuel Cortina alabó esa medida, que calificó como “primer intento de rescate”, cuando bastaría que consultara la hemeroteca para conocer lo que realmente ocurrió, acuerdo que por cierto permanece en el limbo ya que el citado ex alcalde no lo ha ventilado.
Desde su aparición, la concesión ha sido tema político y de mayor endurecimiento en tiempos electorales, por lo que no se duda que esta vez ocupe espacios en los medios, aún con las presuntas exigencias del Ayuntamiento para que mejore el servicio, que por las denuncias que se hacen casi a diario no encontraron eco, a sabiendas que para la autoridad municipal “no es conveniente desgastarse en especulaciones jurídicas”, según Manuel Cortina, por lo que los usuarios pueden protestar lo que quieran que a lo más que se pueda llegar es esperar a que otra administración y otra legislatura asuman el papel que les confirió el voto ciudadano.

SIN TRIBUNAL ELECTORAL

De los 12 estados que este año elegirán gobernador, sólo Aguascalientes carece de Tribunal Local Electoral (TLE), debido a que la Cámara de Senadores no ha hecho la designación de los magistrados, lo que debería haberse cumplido a más tardar en octubre pasado, cuando comenzó el año electivo.
De acuerdo con el artículo 355 del Código Electoral del Estado, el TLE es competente para conocer de recursos de apelación en contra de actos o resoluciones del Consejo Local del Instituto Estatal Electoral; de recursos de informidad, contra los resultados consignados en las actas de cómputo municipal o distrital; recursos de nulidad, para anular la votación recibida en una casilla o declarar la nulidad de una elección; recursos de revisión del procedimiento especial sancionador; la resolución de procedimientos especiales sancionadores, y las demás atribuciones que el Código y las leyes la confieren.
De cualquier manera, en caso de que los senadores no cumplan con esa obligación, la Sala Administrativa y Electoral (SAE) del Poder Judicial del Estado se encargará de atender los asuntos que se presenten, que dicho sea de paso, así tendría que ser este órgano y no otro, ya que tiene experiencia y ha demostrado capacidad para resolver cualquier planteamiento que presente en esa materia.
Por consiguiente, no es muy urgente que se zanje esa exigencia y menos ahora en que todo está centralizado, por lo que sea el TLE o la SAE quien reciba y resuelva las acusaciones que presenten partidos, candidatos o ciudadanos, la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En caso de que sea la SAE no habrá necesidad de implantar una estructura administrativa al funcionar con la que tiene, en cambio con el Tribunal se tiene que crear tres plazas para los magistrados, un secretario general de acuerdos, secretarios de estudio, actuarios y personal administrativo, además operaría de manera permanente y su funcionamiento y la remuneración de todos sus integrantes se incluirán en el Presupuesto de Egresos del Estado.

CAMINO SIN FIN

Mientras se llega el momento de conocer si él o alguno de sus allegados recibe una diputación de representación proporcional, el máximo dirigente del sector obrero de Aguascalientes, José Alfredo González González, sacó del baúl la eterna promesa: que este año será de recuperación del poder adquisitivo de sus representados, que lógicamente no pasa de ser una más de las vaciladas que se acostumbran en la época electoral, aunque le da oportunidad de demostrar que está al lado de los asalariados. Con la convicción que blandirá la espada en contra de quien se oponga a esa intención, dijo que “ya es tiempo de que se les reconozca a los trabajadores” el papel que tienen en el sistema productivo, lo que siempre está presente en las empresas, sólo que este reconocimiento no va aparejado con un mejor ingreso, y quienes deben pugnar porque suceda, que son los líderes sindicales, están en un plano superior.