Hablar de la figura jurídica del fuero en nuestro país, definitivamente se puede convertir en un apasionante tema por el cual podrían correr ríos de tinta y llegarse a conclusiones interesantísimas. Con motivo de la reciente promulgación y casi de inmediata publicación de las leyes en materia de anticorrupción, decidí en esta ocasión dedicar estas líneas a la exposición de unas breves consideraciones en torno a una figura de estrecha relación tanto con la anticorrupción, como con la corrupción.
Más allá del significado que la Real Academia de la Lengua Española ha otorgado a la palabra “fuero”, se debe primero señalar que jurídicamente el término fuero es un término equívoco. Mismo que originalmente tiene como antecedente al sistema o conjunto de disposiciones que marcaron a ciertos ámbitos de competencia dentro de los ordenamientos jurídicos castellanos que con posterioridad fueron trasladados y tropicalizados para tener vigencia en nuestro continente. De conformidad con nuestro máximo ordenamiento jurídico llamado Constitución, existe la inmunidad procesal que comúnmente también conocemos como “fuero”, de la cual gozan en términos generales más de 2,000 servidores públicos.
Desde hace muchos años, grandes juristas y excelsos constitucionalistas como Don Ignacio Burgoa, Don Felipe Tena Ramírez y recientemente Don Elisur Arteaga Nava, han abocado su tiempo y su conocimiento a precisar aspectos interesantes sobre la figura de la inmunidad procesal y sus alcances. Originalmente, la figura fue introducida con el fin de brindar y blindar la plena libertad de expresión de ideas de los diferentes actores públicos que se enfrentaban a regímenes de oposición restringida, brindando de igual manera un fortalecimiento al equilibrio de poderes.
Lamentablemente, existen en la actualidad gentes que buscan un cargo con inmunidad procesal tras otro, y no precisamente con la intención de seguir trabajando en pro del país o hacer una carrera política, sino para evitar la persecución de las autoridades, ya sea por la comisión de algún ilícito o simplemente por hechos de corrupción. Estas fechorías, son las que laceran diariamente nuestro sistema y la credibilidad de la ciudadanía, razón por la cual considero que estos personajes ni siquiera merecerían ser llamados políticos por razones de congruencia y ética, además que son los culpables de que verdaderos ciudadanos con el oficio de políticos sean los que accedan a los cargos.
Creo que el tema medular en estos momentos no se trata de discutir únicamente si la figura de la inmunidad procesal para ciertos funcionarios debe continuar inserta en el texto constitucional o no, sino de poner en tela de reflexión el hecho de que esta garantía se ha convertido malamente en privilegio y que la inmunidad inclusive se ha convertido y ha propiciado la impunidad. El verdadero ‘quid’ consiste en seguir poniendo el dedo en el reglón y exigir a los partidos políticos la existencia de ejercicios de profunda reflexión para postular personas dignas de ejercer los cargos, capaces de ejercer tanto el fuero como su envergadura de funcionarios a cabalidad y con la gran responsabilidad que implica trabajar todos los días por el amor a su país.
David Reynoso Rivera Río.
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