Por: José Carlos Romo Romo

Estimado lector, el “bien común” es uno de los fines fundamentales del Derecho, como ciencia y como sistema normativo regulador de las conductas humanas dentro de la vida social, junto a la justicia y a la seguridad jurídica. Según el Maestro Jesús Antonio de la Torre Rangel, catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el “bien común” tiene tres criterios o perspectivas distintas: El individualista, el colectivista y el solidarista.

En el individualista, el “bien común” es el resultado de la suma del bien de todos los individuos o las personas consideradas individualmente. En el colectivista, el “bien común” es el bien de la colectividad entera y es planificado por la autoridad (que tiene el poder) sin que los individuos seamos responsables de su logro. Y, por último, en el solidarista (también llamado “personalista comunitario del Estado”), el “bien común” es el perfeccionamiento humano de todos los individuos como fin común. Después de analizar los anteriores criterios, me doy cuenta, simple y llanamente, que el “bien común” es algo irrealizable, algo verdaderamente imposible de llevar a cabo. ¿Será posible que absolutamente todos gocemos de un bienestar particular y podamos unirlo al de los demás para conseguir el “bien común”?

En el caso del criterio individualista, es algo difícil de creer que, en un lugar y tiempo determinados, todos disfrutemos de una prosperidad individual, puesto que, aunque uno no lo quisiera así, siempre hay algún o algunos aspectos de nuestra vida que no nos permiten ser felices. Por eso creo que el criterio individualista es irreal, aunque es el más auténtico con relación a los otros dos.

Por otra parte, el criterio colectivista es ajeno a la realidad por una sencilla razón: El Estado nunca será capaz de proveerle, a todos los miembros de la sociedad, los elementos necesarios para su felicidad. El Estado, por más que se esfuerce, nunca estará en posibilidades de aportarle, a sus gobernados, lo suficiente para que éstos gocen de un bienestar colectivo. Y si lo lograra, estaríamos hablando de un bienestar efímero y transitorio, nunca permanente y definitivo. Además, viviríamos en una sociedad en donde el gobierno fuese más paternalista y los ciudadanos más conformistas.

Para finalizar este análisis, el criterio solidarista también es utópico, ¿por qué?, porque no sería posible conseguir el perfeccionamiento de todos los seres humanos, debido a que el perfeccionamiento de cada uno de nosotros variará según el concepto que tengamos del mismo. Para una persona perfeccionarse puede constituir traer un coche lujoso del año, para otra ser un mejor padre o madre, hijo o hija, etc. Por lo que es un desvarío creer en un perfeccionamiento colectivo.

Ahora bien, después de este análisis, no nos queda más que reconocer que el “bien común” sólo es una bella teoría, de las muchas que han existido en la historia de la humanidad. Es un postulado filosófico y jurídico carente de un sustento social.

Es entonces que el Derecho debe coadyuvar a que se concretice el mayor bienestar posible para el mayor número de personas, a través del estudio y protección de los derechos que podemos ejercitar y de las obligaciones que debemos cumplir, así como sancionar aquellas conductas humanas que afectan la esfera jurídica de los demás. Por otro lado, el “bien común” tampoco funciona como postulado político, toda vez que, en un momento dado, el mismo no podría ser buscado y conseguido exclusivamente por la acción del Estado.

En contraparte, en la doctrina del Maestro Ignacio Burgoa Orihuela, la “justicia social” comprende derechos e intereses de todos y cada uno de los sujetos integrantes de la sociedad. El hombre, antes de ser campesino, obrero, empresario, profesionista, etc., es y sigue siendo un ser humano, y esa calidad no se altera por pertenecer a determinada clase social o económica. La “justicia social” entraña una síntesis armónica y de respetabilidad recíproca entre los intereses sociales y los particulares del individuo, un equilibrio entre ambos.

Es decir, la “justicia social” reconoce una marcada desigualdad social en nuestra comunidad. Es el Estado quien, a través de la aplicación de este principio, deberá buscar implementar mecanismos para que las clases desprotegidas se acerquen, considerablemente, al nivel de vida de las clases privilegiadas económicamente hablando. El Estado está obligado a intervenir para lograr que haya equidad en cuanto a las oportunidades y el reparto de la riqueza. Así los trabajadores tendrán más derechos que los patrones, los campesinos más apoyos, etc. Se escucha muy interesante, ¿no?, ¿bien común o justicia social?, Usted decídalo.

Como es costumbre, agradezco el favor de su lectura y atención. Lo espero, una vez más, el próximo sábado.

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