Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 14-Jun .- Unos 50 mil presos federales y locales pronto podrían estar en las calles.
Se trata de reos que no han sido sentenciados hasta ahora y que, de acuerdo con la miscelánea para el nuevo sistema penal aprobada ayer por el Senado, tendrán derecho a solicitar su libertad a partir del próximo sábado.
Entre los beneficiarios están aquellos acusados de fraude, robo de hidrocarburos, delitos fiscales, lavado de dinero, portación de armas, hurtos no violentos, todos los ilícitos de servidores públicos, falsedades (de documentos, de declaración, etcétera) o delitos menores de droga.
El artículo quinto transitorio del decreto respectivo permitirá a reos procesados bajo el sistema anterior tramitar ante el juez de su causa “la revisión de las medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva” que le hubieran sido impuestas.
Lo anterior, ya que, a partir del 18 de junio, los únicos delitos que ameritarán prisión preventiva forzosa son los previstos en el Artículo 19 de la Constitución: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas e ilícitos cometidos con armas o explosivos.
Al cierre de 2015, en las cárceles del País había 103 mil reos no sentenciados, de los cuales la mitad está relacionado con delitos graves.
Los reos tendrán derecho a buscar su libertad provisional y optar por medidas como brazaletes electrónicos, arraigo domiciliario, prohibición de salir del País o de una localidad, presentación periódica ante el juez o pago de fianza.
Desde 2011, abogados defensores buscaron forzar la aplicación del Artículo 19 por medio de amparos, y tuvieron éxito en algunos casos, pero en 2013 la Suprema Corte de Justicia aclaró que las reglas sobre prisión preventiva sólo aplicarían cuando estuviera en vigencia el nuevo sistema penal.
El quinto transitorio del nuevo decreto hará innecesario que se promuevan amparos ante jueces federales, pues el trámite se hará ante los juzgadores que llevaron el caso originalmente.
El juez tendrá que escuchar la opinión del Ministerio Público y tomar en cuenta elementos de riesgo antes de resolver la solicitud.
La miscelánea penal también aclara que la prisión preventiva podrá durar hasta dos años, en vez de un solo año, como dice actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo anterior, ya que la propia Constitución permite el plazo de dos años para desahogar el juicio –salvo que la defensa lo prolongue más tiempo–, después del cual el acusado no puede seguir en prisión preventiva.