Jesús Eduardo Martín Jáuregui

El árbol que no deja ver el bosque

Para los bronces quedará la respuesta que el Secretario de Gobernación dio a la pregunta de la diputada Araceli Damián de Morena, quien según ella le cuestionó cómo era posible que, según expertos del grupo interdisciplinario independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un soldado de “inteligencia militar” infiltrado entre los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hubiera presenciado durante 45 minutos la detención de los estudiantes que estaban en el camión 1531 y cómo la Policía Municipal los apaleaba y subía a otros camiones sin hacer nada: “Si…lo único que puede hacer un soldado es mirar, pasar el reporte por escrito a un superior y éste a otro superior. Para cuando llegué el momento de actuar ya pasó todo”.

La comparecencia del Lic. Miguel Ángel Osorio Chong seguramente forma parte de la nueva estrategia del gobierno de la república para enfrentar la crítica nacional e internacional al lamentabilísimo caso de la normal rural, que luego de un año de investigaciones de expertos, de no tan expertos e inexpertos, a deducir por los resultados obtenidos. Hace unos días luego de desgastantes reuniones, de oprobiosas declaraciones internacionales y de la incredulidad y escepticismo de los mexicanos se anunció un giro en las investigaciones. Se encargó al organismo de Derechos Humanos continuar con la investigación, se había ya prolongado la estadía y el estudio de los expertos internacionales de la CIDH por seis meses más y se habían aceptado las observaciones de organismos que originalmente habrían sido cuestionados. La relatoría de la ONU, la presidencia de la CIDH, las conclusiones de Amnistía Internacional, etc. El tiempo fuera que significó el huracán “mediático” no fue suficiente para apartar la atención de los 43 desaparecidos y la decisión presidencial marca un hito en las investigaciones de desapariciones forzadas y presumiblemente homicidios con el sello de alianzas perniciosas entre grupos delincuenciales y organismos públicos policíacos y eventualmente militares.

De la postura formal asumida por el gobierno, del cuestionamiento y rechazo a la injerencia del Alto Comisionado de la ONU para la investigación de la tortura, de la descalificación que se hizo al grupo de expertos y al propio presidente de la Comisión Interamericana se ha pasado a la aquiescencia en la investigación por un organismo que no es el formalmente calificado para la investigación y persecución de los delitos. La decisión seguramente no fue fácil y tiene que ver con el desprestigio y falta de credibilidad que las autoridades persecutoras de los delitos tienen en nuestro país. Desprestigio del que, lamentablemente, padecen también las instituciones jurisdiccionales. La decisión sin embargo, plantea cuestionamientos que van más allá de los simples aspectos formales.

El diseño constitucional que se tiene en nuestra Carta Magna confiere el monopolio en el ejercicio de la acción penal al gobierno a través de la institución del ministerio público que, remozada se nos presentará ahora como “fiscalía” con una notable disminución de facultades incluidas el perder la “fe pública” de que estaba dotada en el sistema penal “inquisitorio” que está por fenecer. Entretanto la única facultada para la investigación y en su momento persecución y acusación ante la autoridad judicial sigue siendo la institución del MP. De hecho se ha ejercitado acción penal como presuntos responsables de la desaparición y eventual homicidio de los 43 normalistas a mas de una treintena de personas que van desde los Abarca (¡qué bonita familia!) hasta policías municipales y funcionarios estatales. La “verdad histórica” que presentó el entonces procurador Murillo Karam ha sido cuestionada pero, con base en ella se llevaron a cabo consignaciones y se siguen procesos. La investigación que ahora se realice atendiendo a las observaciones de los expertos ¿podrá concluir en nuevas consignaciones?. Formalmente tendrían inconsistencias constitucionales y convencionales que difícilmente podrían zanjarse. ¿Los expertos que ahora investigarán se limitarán a mirar como quiere el Secretario de Gobernación?. Los ya consignados ante la posible aparición de nuevas evidencias ¿serán objeto de desistimiento en el ejercicio de la acción penal? ¿en su caso podrían ser sujetos de indulto necesario?. No adelantemos vísperas.

Ante la decisión de abrir la investigación del caso Ayotzinapa permitiendo la participación y, la intromisión de organismos supranacionales, decisión que implica un cambio de posición respecto de la que originalmente se había adoptado, planteando incluso la eventual investigación a mandos militares y tropa, aunque no su comparecencia, se antoja realizar algunas conjeturas.

Ayotzinapa es un parteaguas que puso de manifiesto por lo que hasta ahora conocemos y en lo que coinciden investigaciones oficiales y las de organismos de DH, la connivencia entre autoridades civiles, policíacas, grupos de delincuencia organizada y presumiblemente elementos del ejército que pudieran estar coptados por los delincuentes. El gobierno de Guerrero era del Partido de la Revolución Democrática, así como la autoridad municipal. La responsabilidad en todo caso, lo señaló también el Secretario de Gobernación no sería del gobierno federal ni de sus autoridades. La eventual participación de algún militar no mancharía la de la corporación que es defensora de las instituciones y una de las dos depositarias de la confianza de la ciudadanía. En el mas reciente estudio de INEGI la Marina Armada primero y en seguida el Ejército son las instituciones mas confiables para los mexicanos con alrededor de un 80%.

Hasta donde sabemos, salvo la posible comisión por omisión, difícil de probar el gobierno de la república será un plumaje que pueda transitar por el pantano de Ayotzinapa sin mancharse. La investigación en manos del organismo de DH le permite salvar su prestigio ante los organismos internacionales que le habían cuestionado duramente y le permitirá dar trámite a un caso que se ha convertido en emblemático negativamente para el gobierno y para el país. Además el hecho de que las investigaciones se centren en los desaparecidos normalistas propiciará que la atención pública permanezca ocupada y pasen a segundo plano diversos temas que siguen siendo dolores de cabeza para el gobierno federal y para los cuerpos castrenses. Entre otros Tlatlaya y Tanhuato.

La atención se centra en Ayotzinapa pero tarde o temprano, los mexicanos nos preguntaremos ¿Y Tanhuato? ¿Y los demás?…

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