Una costumbre muy enraizada en la administración pública es la de acordar y ordenar la realización de un acto y después buscar los recursos necesarios, lo que inevitablemente lleva a que el inicio sea oscilante, que se haga por etapas, arranque tarde o de plano se deje para más adelante.

Ejemplos de lo anterior los hay aquí y allá, basta mencionar el nuevo Hospital Miguel Hidalgo, el Centro de Convenciones y el Distrito de Riego 01, por citar los casos más cercanos, lo que deja constancia que antes de hacer el anuncio sobre tal o cual obra o inversión es indispensable asegurar el recurso.

Lo que sucede hoy en el Poder Judicial del Estado deja una interrogante, al carecer del presupuesto adecuado para establecer a plenitud el sistema de juicios orales a pesar que a más tardar en mayo de 2016 debe estar plenamente en operación en Aguascalientes.

El señalamiento que hizo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, que el Poder Judicial no genera recursos propios por lo que ejerce lo que designa el Ejecutivo y autoriza el Legislativo, es una invitación para que prive la sensatez en lo que se fije.

De manera sucinta recordó que este año aplica 268 millones de pesos y se requiere una cantidad mayor para concretar Ciudad Justicia, que se ubicará a la salida a Calvillo frente al Cereso Aguascalientes. En su etapa inicial debe comenzar con seis salas de juicios orales y crear hasta 160 plazas, además de los juzgados orales en Calvillo. En el mismo predio de Ciudad Justicia ya la Federación construye sus juzgados orales, en cambio el estado apenas está en el proyecto ejecutivo.

La preocupación del magistrado Ponce Sánchez es que si el financiamiento es inferior sólo se podrán tener 60 plazas, lo que obviamente no será lo adecuado para las exigencias, situación que obligaría a que cada año se revise el presupuesto y hacer ajustes. De lo que se autorice, primeramente se hará la contratación de 7 jueces que deberán estar ya trabajando para el mes de mayo y se agregarán a los cinco que para entonces ya estarán en funciones.

En respuesta, el diputado Luis Fernando Muñoz López, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, reconoció que en el Presupuesto de Egresos 2016 no aparecen los recursos para la justicia oral como tal, pero “de cualquier manera están garantizados por fondos extraordinarios que se van a gestionar, por lo que no habrá ningún contratiempo”.

Consideró que “el reto para la justicia oral no tiene que ver con presupuestos, en todo caso está en la adaptación al nuevo sistema”, sólo que sin la cantidad pertinente no se concretará lo previsto, que por cierto no por gusto ni a capricho de nadie, sino que es una obligación cumplir, tal como lo dispone la ley en la materia.

Aunque en el paquete económico se anuncia que el Poder Judicial dispondrá el año próximo de 303 millones 505 mil pesos, lo que significa un aumento de 35 millones de pesos, en términos prácticos es una vacilada, puesto que deberá construirse Ciudad Justicia y los tribunales orales de Calvillo y contratar al nuevo personal, lo que no obsta para que el diputado Muñoz López reitere que no debe inquietar en virtud que se harán los trámites ante las autoridades federales para que destinen lo necesario, sin embargo esto podría ser posible hasta enero o febrero y eso si se abrevian los procedimientos.

A pesar de que el tiempo se acorta, el titular del Supremo Tribunal de Justicia mantiene la confianza que los diputados tengan en cuenta lo que significa para Aguascalientes estar en condiciones de responder a esa obligación legal, lo que ojalá así sea y deje de estar el nombre del estado entre los que están en la etapa de planeación.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

A Julio César se le atribuye la expresión “la suerte está echada” después de cruzar el Río Rubicón con sus legiones, a sabiendas que estaba prohibido hacerlo a un general romano con sus tropas so pena de enfrentarse al gobernador y quedar proscrito de la ley.

Pues bien, la misma locución se puede aplicar con el parque La Pona”, por lo que todo lo que se diga o se haga es sólo para entretener a las galerías. A la par que se organizan foros para barnizar lo que ya está determinado, continúa suscitándose los incendios en el predio y de los que nunca se sabe quien los provoca. El más reciente fue el pasado 24 de noviembre y de acuerdo al informe oficial “sólo” se quemó una hectárea de pastizales, lo que hace suponer que el fuego serpenteó para respetar la totalidad de los árboles.

Lo cierto es que en el plan para acabar con uno de los pocos pulmones verdes que le quedan a la ciudad de Aguascalientes, se establece la destrucción de 7,000 mezquites para construir 550 viviendas y locales comerciales, como parte del proyecto “La Alameda” que lleva a cabo la autoridad municipal. Los representantes de Inmobiliaria Próxima S.A. de C.V. presentaron el proyecto en la reunión pública que organizó el pasado 17 de noviembre la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Con lo anterior quedarían 6,338 árboles, que según los promotores inmobiliarios permitiría “salvar la parte más frondosa como zona de preservación” y a la vez le darán un aprovechamiento adecuado al lugar (principalmente construir viviendas), con lo que se acabarán los “daños que enfrenta por vandalismo y abandono de escombro, además de ser un riesgo a la seguridad”. Sólo falta que pidan un diploma de agradecimiento por los beneficios que habrá.

Para reforzar el propósito de consumar esta agresión contra la Naturaleza, señalaron que dentro de la declaratoria de zonas protegidas para el Estado, no existe un polígono como “Mezquitera la Pona”, por lo que no hay impedimento legal para una autorización a nivel estatal y municipal que estipule el cambio de uso de suelo.

Como se podrá apreciar, las piezas se van acomodando a la decisión que en su momento anunciará la Semarnat: hay quemas que poco a poco van minando la floresta y al mismo tiempo un grupo se pronuncia porque se urbanice el predio, luego aparece una declaración que asegura que en el Periódico Oficial del Estado no hay ninguna divulgación sobre algún obstáculo. Cuál será el final, sería la pregunta, pues simplemente que la dependencia federal está en espera de una oportunidad para anunciar lo que ya está decidido.

Aunque la suerte ya esté echada, no está por demás recordar que los árboles que se destruyan jamás se podrán reponer, así se prometa que se plantarán tres o cuatro veces más. Por investigaciones que se han hecho se sabe que los mezquites son “un excelente fijador del suelo, por lo mismo, controlador de la erosión”, muy conocidos y aprovechados por las etnias nómadas y precolombinas, pero que la modernidad desaparece para en su lugar crear amplias zonas de cemento y pavimento.

DOS AÑOS Y CONTANDO

En un santiamén se va el trienio en Rincón de Romos y el alcalde Fernando Marmolejo Montoya continúa buscándole tres pies al gato. El Partido del Trabajo (PT) fue el que lo llevó al cargo, pero hoy está más ocupado en salvar el registro nacional que ayudarle al presidente municipal, por lo que dejan que se las arregle como pueda. El episodio que recién vivió, con el embargo del equipo de cómputo de Obras Públicas y dos vehículos por parte de una empresa rectificadora, deja constancia que no ha aprendido a gobernar, aunque alardee que el adeudo de 130 mil pesos pudo haberlo zanjado “con una rifa”, sin embargo no lo hizo. Llama la atención que la deuda pública ascienda a 70 millones de pesos, que difícilmente será saldada al 31 de diciembre de 2016, por lo mismo es la “herencia” que reciba quien lo releve en el cargo, aunque no podrá librarse que se investigue en qué se gastó ese dinero.