Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 18-May .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la obtención de los datos telefónicos sin orden judicial no vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones de un acusado, cuando se trata de casos donde la integridad de la víctima se encuentra en peligro inminente.
La Primera Sala de la SCJN fijó hoy este criterio, contrario al del pasado 4 de mayo, en el que había establecido que sólo un juez de control podía autorizar la entrega de estos registros, del concesionario a una entidad gubernamental.
Los datos en cuestión son el nombre y domicilio del usuario, el tipo de comunicación, origen y destino, fecha, hora y duración de la comunicación, y servicio de mensajería.
El nuevo criterio fue establecido por los ministros de la Primera Sala, al negar el amparo directo en revisión a Samuel Isidro Duarte Contreras, contra la condena de 45 años de prisión que le impusieron por el secuestro y desaparición de su novia Cecilia Jazmín Chavarría, en el 2007 en Chihuahua
Chavarría había cumplido la mayoría de edad cuando le comunicó a Duarte que estaba embarazada y que el hijo era suyo. Según la investigación, el novio le pidió que abortara y el 21 de febrero de 2007 fue a casa de ella y salieron juntos, sin que volviera a conocerse el paradero de la víctima.
Durante las pesquisas, la Fiscalía de Chihuahua pidió a una empresa de telefonía móvil los mensajes de los números de celular de la víctima y la sábana o registro del comportamiento telefónico de llamadas entrantes y salientes del celular de Duarte.
Después, la Fiscalía presentó como evidencia ante el juez los datos de llamadas y mensajes de texto, la transferencia de saldo al número de la víctima y tres mensajes enviados al número de celular del acusado.
La defensa de Duarte alegó ante la Corte que las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y carecían de valor, pues no medió la autoridad de un juez entre el concesionario y la Fiscalía.
El inculpado sostuvo que la actuación de la Fiscalía transgredió su derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el Artículo 16 constitucional.
A propuesta del Ministro Arturo Zaldívar, la Primera Sala determinó que era válida la actuación de la Fiscalía porque había actuado con base en la urgencia del caso para localizar a la víctima y no había violación a una garantía constitucional, por lo que las evidencias eran legales.
“No se viola ese derecho fundamental cuando derivado de la posible comisión de un ilícito penal, como en el presente asunto, la víctima esté en un peligro real e inminente y se ve impedida para dar su consentimiento en la intervención de la comunicación en la que es o fue parte, por lo que bajo estas circunstancias podemos considerar la existencia de un consentimiento implícito.
“Ello, con el objeto de lograr ubicarla, en aras de hacer cesar el delito y preservar su vida e integridad física”, consideró la Corte.
En el mismo resolutivo, la Corte reiteró su postura de que la geolocalización sin orden judicial tampoco es violatoria del Artículo 16 constitucional, pues el objetivo principal de este rastreo telefónico es la ubicación de dispositivos móviles y no de personas.
En razón de lo anterior, los Ministros de la Primera Sala confirmaron la negativa del amparo a Duarte, quien cumplirá con su condena.