Claudia Salazar
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 17-Jun .- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó las sanciones por los delitos de corrupción que cometan los servidores públicos, entre ellos la práctica del moche y el enriquecimiento ilícito.
Con 388 votos a favor se aprobó por unanimidad la reforma al Código Penal Federal y se turnó al Ejecutivo federal.
La reforma clasifica los delitos más graves que pueden cometer los servidores públicos, como son el ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, tráfico de influencias, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito.
Cuando estos delitos sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.
En tal categoría caben los gobernadores, alcaldes, regidores, síndicos, legisladores y los diversos titulares de los órganos autónomos, entre otros.
Una de las reformas más importantes está en el artículo 222 del Código, relativo al cohecho y en el cual se castiga la práctica del moche por parte de diputados federales o senadores, con 2 a 14 años de cárcel.
Aplicará si gestionan o solicitan la asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie, distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo.
También aplicará si el legislador pide “el “moche” en el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales.
“Se aplicará la misma pena a cualquier persona que gestione, solicite a nombre o en representación del legislador federal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos”, se precisa en la reforma.
Sobre enriquecimiento ilícito habrá hasta 14 años de prisión y podría aumentar a 18 cuando se trate de servidores electos popularmente.
En la reforma se añaden presiones para considerar los bienes del enriquecimiento ilícito.
“Se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos, salvo que el Servidor Público acredite que éstos los obtuvieron por sí.
“No será enriquecimiento ilícito en caso de que el aumento del patrimonio sea producto de una conducta que encuadre en otra hipótesis del presente título. En este caso se aplicará la hipótesis y la sanción correspondiente, sin que dé lugar al concurso de delitos”, se precisa en el texto.