Carlos Reyes Sahagún
Cronista del municipio de Aguascalientes

De todas las universidades que existen en Aguascalientes, sólo una de ellas lleva en su nombre el calificativo de “autónoma”. Es, usted lo sabe, la más antigua, la de mayor presencia y trascendencia social. Es la universidad pública de Aguascalientes, es decir, la institución que se sostiene, en parte, con nuestros impuestos y que, por eso mismo, es popular, la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Ya sé que este último término es en extremo inflamable, y que de seguro causa escozor en más de alguna espalda, y en todo caso lo escribo, no por sus posibles connotaciones políticas, sino en referencia al hecho de que puedan acceder a ella personas para quienes, debido a su condición económica, estaría vedada casi cualquiera otra posibilidad de educación superior.

Ahora bien, hablar de autonomía es hablar de un asunto muy serio, determinante para el sano desarrollo de la institución… Autonomía, palabra fuerte, fuente de intensas polémicas; aspiración siempre vigente. Me parece que la autonomía es a la universidad lo que el espíritu al hombre; lo que la luz al Sol… Un ingrediente esencial; algo que delinea la expresión de una institución educativa, una condición de existencia.

La autonomía es importante por dos razones que quizá al final sean sólo una; dos razones íntimamente relacionadas que tienen que ver, en primer lugar, con la generación del conocimiento científico y tecnológico y su difusión -lo que frecuentemente conocemos como libertad de cátedra- y, en segundo lugar, con la probabilidad de que los universitarios elijan a sus autoridades conforme a intereses eminentemente académicos, dejando fuera otro tipo de intereses que pudieran tergiversar la noble misión de estas instituciones.

El asunto adquiere su relevancia cuando se trata de generar conocimiento y difundirlo. Dicho de la manera más simple -y hasta simplona- posible, se trata de dar a conocer “lo que es” en torno a un tema. Quizá esto fuera obvio pero, por desgracia, no lo es, porque luego no faltan aquellos a quienes interesa más enseñar “lo que debe ser”, que “lo que es”, sin que importe ocultar las cosas o, peor aún, falsearlas.

La reflexión viene a cuento porque el 20 de noviembre pasado se presentó el libro Autonomía y gobierno. Una relación en claroscuro, de la autoría de la doctora Cecilia Pérez Talamantes, publicado por la UAA, que trata el tema de su título desde la fundación de la universidad y hasta el año 2000.

Es curioso, pero generalmente cuando se piensa en la Historia -así, con mayúscula- se asume que esta trata de tiempos muy lejanos y que sus protagonistas, todos ellos, están muertos; sus pueblos desaparecidos… En este sentido, parecería un contrasentido hablar de Historia Contemporánea. Pero he aquí un texto que ha ingresado a la historiografía de Aguascalientes; un libro que explora un asunto en el que los protagonistas, principales y secundarios, están vivos, la mayoría de ellos. Por eso también puede ser un libro un tanto incómodo; casi puedo imaginarme la expresión de algunos de ellos, lo que se dice de su actuación.

Por otra parte, también ocurre que normalmente se visualiza a la universidad como la entidad encargada de pensar a la sociedad; explicársela y explicarla; analizar la problemática social en los más diversos ámbitos de actividad, y aportar posibles soluciones.

En cambio la doctora Pérez Talamantes ha dedicado sus esfuerzos a pensar la universidad, no desde una perspectiva académica, que sobre eso ya se han realizado diversos trabajos, tampoco sobre su creación, o sobre su infraestructura, temas que también han sido desarrollados, algunos de ellos hasta el lugar común, sino en su dimensión política. Por esta razón el trabajo de la doctora Pérez es pionero en el tema.

Supongo que habría quienes preferirían pasar de largo ante tal asunto, esto porque lo consideran un tema enojoso, que incluso puede alcanzar la rispidez en momentos determinados, tal y como ha sucedido.

Hablar de autonomía y gobierno significa referirse a las relaciones que establecen la universidad y el gobierno; la manera como las autoridades pueden y deben colaborar para que aquella cumpla con el objetivo que se ha fijado, y como aquella honra los principios que le dieron vida. Planteado el asunto en términos más amplios, además del gobierno, se  involucraría a otros organismos, grupos de presión, partidos políticos.

Lo ideal es que en el desarrollo de esta relación, ambas instituciones recorran el mismo sendero, cada una cumpliendo con las tareas que les son propias, pero teniendo siempre presente el interés superior de la sociedad.

Y sin embargo también puede ocurrir lo contrario, que el gobierno vea en la universidad un botín, una entidad peligrosa a la que hay que controlar y someter porque, ya se sabe, en ella convergen los estudiantes, ese sector de la población potencialmente -va otra vez la palabra- inflamable, explosivo, peligroso; un sector ilustrado que por su misma naturaleza estaría en condiciones de ser crítico de las acciones gubernamentales.

Entonces, un gobierno con la piel excesivamente delgada y sensible a las críticas; una autoridad que vea en la institución o escuche algo que no le guste, puede darle la espalda. En los hechos esto puede significar hacerse de la vista gorda con la entrega de las partidas presupuestales asignadas a la institución, o cabildear entre los miembros del Congreso del Estado para disminuir o condicionar el presupuesto destinado a la educación superior.

Peor aún, un gobierno que de manera apriorística temiera a la universidad, podría intentar intervenir en la elección de autoridades, a fin de asegurarse que ahí no habrá problemas, o que estos serán controlados.(Felicitaciones, ampliaciones para esta columna, sugerencias y hasta quejas, diríjalas a carlos.cronista.aguascalientes@gmail.com).