La iniciativa que envió el gobernador Martín Orozco al Congreso del Estado para crear la Ley de Responsabilidades Administrativas, que contempla mayor severidad contra los servidores públicos que se les acredite delitos como la corrupción, incluye a los particulares que reciban recursos públicos, por lo que serán auditados para determinar la legalidad de sus transacciones

De esta manera se cumple la exigencia social de que todo aquel que entregue y reciba dinero del erario debe comprobar la rectitud de sus actos, terminándose así una inveterada costumbre de acusar al sector oficial de ser el único que le mete mano a la bolsa gubernamental, cuando es sabido que donde hay soborno, unto o compra de conciencia es porque hubo cómplices del otro lado.

Desde que el Gobierno de la República dio un paso al frente para combatir la corrupción han pasado demasiadas cosas. Al asumir el mando del país, el presidente Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1088) anunció las primeras acciones contra la corrupción y bajo el programa “renovación moral de la sociedad” creó la Secretaría de la Contraloría de la Federación, la primera Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y el delito “enriquecimiento inexplicable”.

A partir de entonces el sector empresarial ha sido el más exigente de que se aplique la ley contra los funcionarios corruptos, cuidándose de mencionar que entre sus filas puede haber involucrados en esta red.

Para estar a tono con el momento que vive uno de los partidos políticos, en donde varios interesados en la candidatura presidencial exigen “piso parejo”, la iniciativa orozquista le da este nivel en materia de combate a la corrupción, al considerar que la tan llevada y traída ley 3de3 la cumplan también los particulares que reciban recursos públicos, como parte de los negocios que realizan con el Estado y por lo mismo, el fisco debe pasarlos a la báscula.

En estas condiciones, todos los servidores públicos de los Tres Poderes del Estado y organismos autónomos constitucionales, lo mismo los particulares que obtengan recursos públicos, deben presentar la declaración patrimonial, de interés y fiscal, con lo que se podrá justificar ingresos y egresos que tenga cada quien, algo que hasta el momento han estado exentos los particulares, sin embargo en varios casos origina suspicacias sobre el crecimiento que en poco tiempo tiene una empresa.

Para hacer más efectivo el resultado, la propuesta incluye la participación ciudadana en el combate a la corrupción, al establecer la denuncia anónima y por vía electrónica, que será desde una plataforma digital que llevará a cabo la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, con lo que se espera que la sociedad se involucre en esta tarea, teniéndose en cuenta que es la más perjudicada cuando hay sustracción o desvío de fondos públicos.

El propósito es acabar con la impunidad, que es uno de los mayores lastres, por lo que se amplía el período de vencimiento de las faltas que cometan los servidores públicos, al pasar de tres años para las no graves y siete para las graves, por lo que más allá de concluido un sexenio o dos administraciones municipales, se puede iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa, además de que se incrementa las sanciones, al pasar de 15 a 20 años de inhabilitación para los servidores públicos.

La Ley de Responsabilidades Administrativas, que sustituiría a la actual Ley de los Servidores Públicos, consolidará el Sistema Estatal Anticorrupción y al mismo tiempo es una herramienta que puede ser utilizada por los habitantes de los once municipios, quienes en su momento se pueden convertir en vigilantes cercanos del manejo y destino que se le da a los recursos y bienes públicos.

REDUCIR LA ILEGALIDAD

Aunque no es una tarea fácil, porque se trata de hacerlo por la vía del convencimiento, se espera incorporar al mayor número de negocios que funcionan en la opacidad jurídica y fiscal, dándoles a conocer los beneficios que obtendrán al ser parte de la formalidad económica.

De acuerdo a lo señalado por el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Alberto Aldape Barrios, de cada diez negocios que hay en Aguascalientes, cuatro de ellos están fuera de la legitimidad, que aún cuando es una cifra elevada, es inferior en relación con el promedio nacional que es del 60%.

El trabajo se orienta a que los micro negocios se integren al régimen de incorporación fiscal, que se traduce en beneficios para ellos al poder acceder a varios incentivos fiscales como el pago de sólo el 50% del Seguro Social o del Impuesto al Valor Agregado (IVA) causado.

Al estar en la formalidad pueden solicitar apoyos federales y estatales y que ellos mismos y sus trabajadores queden incluidos en los programas de beneficio colectivo, como la seguridad social (IMSS, Infonavit y SAR), con lo que se amplía la calidad de vida individual y familiar.

Es una labor intensa, ya que además de promover la creación de empresas se busca formalizar las existentes, lo que permitirá que la entidad progrese en varias direcciones y al mismo tiempo se den las condiciones para que el presente año la entidad tenga un crecimiento por encima de 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando el país podría llegar a 1.8%, con lo que se estará dando pasos en firme para consolidar la economía general.

Por otra parte, Aldape Barrios subrayó que la economía del país va a buen ritmo y es algo que se puede observar con la generación de empleos, como reflejo de la confianza que tiene el sector productivo en el futuro. Continúa la inversión nueva y la ampliación de los negocios y esto se traduce en más puestos de trabajo, en respuesta a una de las mayores demandas sociales.

Un punto favorable para Aguascalientes es que las nuevas inversiones siguen fluyendo y ya no sólo del sector automotriz y de autopartes, sino de otros, como el de diseño y la electrónica, que ofrecen salarios más remunerados, lo que abre nuevas opciones a los jóvenes que egresan de universidades y centros de estudios técnicos.

Este un compromiso que se acrecentará con el paso del tiempo, al haber mayor empuje y una baraja de oportunidades que aprovechan empresas locales, nacionales y extranjeras, lo que se traduce en mayor ocupación y el fortalecimiento de la economía.

CULTURA VIAL

Por décadas las autoridades han tratado de que los conductores de vehículos motorizados respeten la velocidad permitida en cada área de los centros urbanos y zonas rurales, pero todo ha resultado inútil, ya que hay quienes les encanta meter el acelerador para sentir la adrenalina, sin considerar que su audacia puede resultar fatídica. Esto ha llevado a que en varios fraccionamientos haya topes cada dos o tres cuadras, lo que aún cuando no es del agrado de muchos, es la única manera de evitar desgracias, principalmente frente a las escuelas públicas y colegios particulares. En donde no hay ese tipo de barreras, como los tres anillos y otras avenidas, es común que la velocidad sea de 80 a 100 kilómetros y aunque varios de estos “pilotos” llegan a ser multados, es un número insignificante para el que viola constantemente las normas de vialidad. Los atropellos aciagos suceden seguido no sólo en las grandes vías sino en la zona centro y en colonias periféricas, lo que es urgente reforzar el programa de vigilancia y ante todo, actuar con rigor cuando se trate de guiadores que lo hacen a alta velocidad o bajo los influjos del alcohol u otra droga. Cuando se reduzca la cifra de fallecimientos y heridos por motivos viales se podrá decir que los mandos han cumplido la tarea.