Salvador Rodríguez López

La detención de personas y vehículos para “revisión” son escenas tan comunes que poca atención se les da, no obstante que es una evidente violación a la Constitución General de la República, lo que tiene lugar bajo el supuesto que es una acción disuasiva, que evita actos delictivos y para descubrir si entre los inspeccionados encuentran algo anormal.
En estas condiciones, todo aquel que esté en la vía pública es sospechoso, lo que elimina de golpe la presunción de inocencia. Cualquier policía municipal, estatal, ministerial y federal puede frenar el tránsito de un ciudadano y determinar si es una persona de “bien” o ha cometido una falta.
Las protestas y denuncias por esas actitudes han crecido en Aguascalientes ya que cuando el perjudicado pregunta la razón de la “revisión” la respuesta llegan a ser los golpes, que luego en el parte que rinden los elementos establece que se le aprehendió por agresión física y verbal y ofensas a la autoridad, lo que es echado por tierra cuando existen videos que muestran lo que en verdad ocurrió y aún así los superiores sostienen que los policías deben proceder sin contemplaciones, abuso que ha derivado en que se llegue hasta el asesinato como ocurrió hace unos meses con un presunto asaltante a quien le aplicaron una “llave china”.
Las famosas puertas de entrada al estado, en donde se ubican “retenes” policiales y militares, los cuales en múltiples ocasiones extienden sus tares a otras carreteras y caminos vecinales y en los centros urbanos, tienen como finalidad revisar los vehículos, lo que es una transgresión al Artículo 11 Constitucional que establece la libertad de tránsito por todo el territorio nacional.
En esos puestos de inspección y revisión obligan a detenerse a unidades particulares y de transporte público registrando palmo a palmo los vehículos y en algunos casos se llega a la exploración corporal de los ocupantes, además en ciudades y poblados los policías atajan a quienes les parece sospechoso para una “revisión de rutina”, sin más elementos de acusación que la conjetura que pudieran encontrar “algo”. La justificación para violar la ley la sustentan en que de esta manera han logrado aprehender a narcomenudistas y uno que otro evadido de la justicia, pero sin que se tengan estadísticas sobre el número de personas que pasaron el momento amargo y la vergüenza de ser revisados en plena calle, como si se trata de un delincuente.
La cuestión ha llegado a tal grado que obligó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitir una recomendación. Destacó que las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común de los diversos cuerpos policíacos, por lo que “la práctica recurrente de las quejas que se reciben en que los agraviados fueron detenidos por dichos agentes, cuando estos últimos efectuaban recorridos de ‘revisión y vigilancia rutinarios”, con el fin de salvaguardar la seguridad pública y detectar la comisión de algún ilícito, o porque se recibió una denuncia “anónima” y en su recorrido de investigación encontraron “casualmente” a los agraviados en actitud “sospecha y marcado nerviosismo”, asimismo, por regla general los policías aseguraron que al marcarles el alto y decirles que les iban a practicar una revisión accedieron de “manera voluntaria”.
Lo que precisa la CNDH es que a partir de que la detención y revisión policial es ilegal y no obstante que la persona esté en posesión de algún elemento de delito, como puede ser un estupefaciente, existe vulneración de sus derechos desde el momento de su aprehensión. Si se encuentra o no algún objeto del delito, “la transgresión a los derechos fundamentales y a las garantías constitucionales enunciadas, se consumó cuando se dio la detención sin fundamento legal”.
Por su parte, el Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria acerca de su visita México”, en el informe que rindió ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, señaló que esta situación son de las principales violaciones de los derechos humanos en el país, a lo que se agrega la figura de la “flagrancia equiparada” que le permite a los policías actuar sin tener elementos de prueba, y la captura de emigrantes quienes deben soportar toda clase de vejaciones antes de ser repatriados.
Es innegable el quebrantamiento al Artículo 11 Constitucional: “Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho está subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general en la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país”.

OCUPAR INSTITUCIONES
El Partido Acción Nacional, a través de sus senadores y diputados federales, lleva a cabo una campaña entre la sociedad para que respalde la iniciativa que propone mecanismos para intervenir las instituciones de seguridad y administración penitenciaria de estados y municipios ante crisis y emergencia.
De prosperar lo anterior sería un paso más hacia al centralismo que viene desde el sexenio de Felipe Calderón, lo cual ha encontrado campo fértil en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que empuja el “mando único” policíaco que dejó inconcluso su antecesor.
El PAN plantea la reestructuración del Sistema Nacional de Seguridad con la creación del Instituto Nacional de Seguridad Pública (INSP) como órgano regulador de seguridad pública y que tendrá a su cargo la reglamentación, supervisión y evaluación de las competencias y facultades de las distintas instituciones de Seguridad Pública y Administración Penitenciaria de los tres órdenes de gobierno establecidos en la ley.
El Instituto tendría la facultad para iniciar el procedimiento de subrogación de la función de seguridad pública o la disolución de una institución, sea que la atraiga otra, la subrogación temporal del servicio de seguridad pública en otra institución, además de definir los procedimientos para determinar el destino de sus recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.
En otras palabras, si una policía municipal tiene problemas institucionales podrá ser absorbida por un organismo de seguridad estatal y a su vez estas funciones pueden ser digeridas o subrogadas de manera temporal por una institución federal.
En el documento que hizo llegar a la Cámara de Senadores, Acción Nacional formula que en caso de haber una subrogación o disolución, el orden de gobierno intervenido mantenga a su cargo el costo presupuestal del servicio de seguridad, al igual que los fondos y aportaciones federales, que por su parte pueden ser retenidas y reasignadas de acuerdo a la redistribución de funciones.
Sobre el particular los presidentes municipales panistas de Aguascalientes, Jesús María y Calvillo no han emitido ningún pronunciamiento, aunque sí se han manifestado en otros foros a favor de que los ayuntamientos tengan mayor libertad de acción y una participación directa en el análisis y debate que tenga que ver con la función municipal.

LUEGO NO PROTESTEN
De manera oficial 8 partidos deberían participar en las elecciones extraordinarias que tendrán lugar el 6 de diciembre en los municipios fuera de la capital, pero en la práctica únicamente dos candidatos emiten mensajes en los medios electrónicos, por lo que todo se reduce al PRI y el PAN que disputan la quinta diputación federal de Aguascalientes. Aún cuando ambos van en coalición, – el PRI con el PVEM y el PAN con PNA -, los ciudadanos los identifican con el partido que los postuló y así llegará a la Cámara el que resulte ganador, sea Gregorio Zamarripa Delgado o Gerardo Salas.