Nissan Aguascalientes A1 es la primera planta en el mundo en producir el nuevo crossover Kicks, e incorpora un 90% de contenido local en su proceso de manufactura. El nuevo modelo representó una inversión de 150 millones de dólares a la cual se suma una inversión adicional de 100 millones de dólares en su base de proveedores.
“Estamos orgullosos de asumir la responsabilidad de fabricar con calidad y excelencia que nos caracterizan, este nuevo modelo. Es la primera vez que una planta de la región es la planta madre de un nuevo vehículo de la marca, lo cual quiere decir que nadie más en el mundo lo está produciendo y que Nissan México, en Aguascalientes A1, es la primera en hacerlo”, señaló Armando Ávila, vicepresidente de manufactura de Nissan Mexicana.
“De esta forma – agregó Ávila -, planta Aguascalientes A1, será la responsable de generar la información necesaria con base en la experiencia de producción de Nissan Kicks para compartir con el resto de los países que se sumarán a la manufactura de este modelo en el futuro, considerando que será un vehículo con presencia global”.
La ceremonia del inicio de la producción la presidió el gobernador José Carlos Lozano de la Torre; acompañado de Armando Ávila, Edhy Efraín Hernández, director de la Planta A1 y Francisco Carvajal, director de la Planta Motores, además de invitados especiales, empleados y proveedores.
En su mensaje, Lozano de la Torre destacó que el Aguascalientes moderno no sería posible sin el impulso de la industria automotriz, que es garantía de estabilidad y seguridad para la entidad tras expandir y especializar su cadena de suministros e instalar la planta Nissan A2, base para la generación global de 80,273 empleos formales.
Sostuvo que “Nissan ha posesionado al estado de Aguascalientes como una plataforma para el desarrollo de la industria automotriz de la más alta manufactura de innovación en el mundo, gracias a que ha conjuntado un equipo que combina las ideas y el esfuerzo de personas de diversas nacionalidades y diferentes generaciones”.
De los 95 proyectos de la industria automotriz que se han establecido o ampliado en este sexenio, en la entidad, representan inversiones por más de 77,000 millones de pesos y se han creado más de 34,000 empleos formales en sus diferentes etapas, detalló el mandatario, en lo particular Nissan, en los últimos cinco años, lleva invertidos más de 4,000 millones de dólares en Aguascalientes, brindando empleo directo a más de 8,600 jefes de familia.
En su intervención, Armando Ávila enfatizó que “el reto de producir el nuevo modelo Nissan Kicks es posible gracias a nuestro competitivo equipo de manufactura, quienes bajo la mentalidad número uno ponen todo su conocimiento, habilidades y eficiencia en lograr los más grandes desafíos”.
El nuevo modelo será comercializado primero en la región de América Latina, y posteriormente en más de 80 países alrededor del mundo.
Es importante añadir que la planta Nissan Aguascalientes A1 produjo un primer lote de Nissan Kicks el pasado mes de abril, exclusivamente para ser integrado como el vehículo oficial de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, e iniciando su producción masiva en mayo pasado..

ACTITUD SURREALISTA

Aceptar o negar que haya pobreza en Aguascalientes depende del lugar en que se encuentre cada quien. Si se trata de un funcionario público, de un político o de un diputado dirán que es mínima y la que existe es porque los individuos no quieren trabajar o gastan más de lo que ganan, porque tratándose de ellos pueden demostrar que se puede vivir sin problemas y hasta tener un ahorro.
Son puntos de vista que de ninguna manera comparten miles de familias que van al día, que aún cuando tengan un ingreso seguro no le alcanza, por lo que les resulta insultante saber que los impuestos que paga son utilizados para mantener a la clase política.
Aunque es un asunto que cada año se presenta y genera irritación, es necesario recalcar una y otra vez que los partidos políticos deben trabajar para obtener sus propios recursos, no esperar a que “papa gobierno” se los suministre.
Para 2017 se prevé un presupuesto de 43 millones de pesos a repartir entre los partidos y las asociaciones políticas, acreditados ante el “Instituto Estatal Electoral”, en un año que no hay elecciones por lo que todo se utilizará para tener abiertas las oficinas y que sus directivos hagan como hacen, aunque a lo más que llegan es a convocar a sus anodinas conferencias de prensa.
En seguimiento a lo que hace el Instituto Nacional Electoral (INE), de proponer la entrega de más de 4,000 millones de pesos a los partidos nacionales, aquí se aplica la misma lógica, sin tener en cuenta que el país atraviesa por una profunda crisis económica y que el gobierno tiene serios problemas para atender sus obligaciones, en función de la drástica caída del precio del petróleo y el costo del peso frente al dólar, además de otros factores que inciden en tener una menor captación.
Como si no fuera suficiente, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, anunció un primer recorte para 2017, que podría ampliarse de acuerdo a como se mueva la economía internacional, lo que necesariamente obligaría a todos – absolutamente a todos – los que reciben alguna subvención gubernamental a bajarle dos o tres rayitas, de otra manera habrá menos dinero para atención social, principalmente en los renglones de salud, educación y fomento al empleo y menor obra y servicios públicos.
Ya es tiempo de acabar con el mito de que es indispensable el financiamiento público para evitar que los partidos sean tentados por la delincuencia organizada. Existen las suficientes herramientas legales para determinar quién gasta de más y no tiene manera de demostrar que el dinero es de origen lícito, por lo que debe modificarse la ley y que cada quien capte lo que requiera, sea por la vía de cuotas de sus militantes, de rifas, eventos masivos, apoyo del sector privado, etc.
Puede argumentarse que 43 millones no es una cantidad exorbitante, en comparación con el presupuesto del Estado, pero bastaría preguntarle a un micro, pequeño o mediano empresario lo que significaría tener en sus manos una parte de ese dinero y el destino que le daría.
En cambio, en poder de los partidos es un recurso perdido, totalmente alejado de un provecho social y es dilapidado a partir que ni siquiera son capaces de atraer el interés de buena parte de los ciudadanos. Alrededor del 50% de los empadronados no vota, lo que en número significa más de 400,000 que no acudió a las urnas durante las elecciones del pasado 5 de junio. En lugar de hacer trabajo de campo, los líderes partidistas se la pasan en la hamaca y de vez en cuando lanzan alguna diatriba a los contrarios para desquitar los recursos que reciben, además de velar porque les incrementen las prebendas, o que en algunos partidos traten de obtener el mayor número de diputaciones, regidurías, alcaldías y cargos en la administración pública, porque según sus estatutos están obligados a entregar un porcentaje de sus ingresos.

DONCELLEZ PROBADA

En una de las películas de temas revolucionarios que hizo Ignacio López Tarso al lado de María Félix, hay una escena en que la Doña le pregunta que si hay alguna novedad y López Tarso responde “La única novedad es que no hay novedad”.
Pues bien, parafraseando a ese personaje, la noticia en Aguascalientes es que los presuntos culpables de delitos electorales resultaron inocentes. Uno a uno ha salido adelante y hoy pueden pasear su honestidad por las calles.
Que no hubo excesos en los gasto de campaña, que las iglesias no violaron el 130 Constitucional, que la publicidad en los espectaculares no perjudicaron el mobiliario urbano, tampoco fue delito la entrega de 19,000 despensas en plena campaña por parte de funcionarios municipales, en fin, partidos, candidatos y autoridades fueron un terrón de azúcar, pero como dijera el Monje Loco “nadie vio, nadie supo” y a otra cosa.

IV INFORME DIFERENTE

Los políticos mexicanos tienen una cita anual con su ego cada uno de septiembre, fecha en que tiene lugar el Día del Presidente. Los que están a favor y en contra del mandatario se aseguran de apartar un lugar en los medios informativos para expresar sus puntos de vista, dispuestos a imponer sus ideas porque algunas de ellas marcan su futuro.
Bajo esta singularidad no debe sorprender que el cuarto informe del presidente Enrique Peña Nieto tenga lugar en medio de posiciones encontradas sobre las reformas estructurales que ha promovido su administración y de las concordancias y desacuerdos en materia económica, educativa y de salud.
Conocedor de los entretelones, Peña Nieto anunció que en lugar de la parafernalia que se vivió en los tres anteriores informes, se reunirá a puerta cerrada en Palacio Nacional, con 300 jóvenes procedentes de todo el país, encuentro que será transmitido por el Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) vía internet.
De esta manera dejará de ser un evento tradicional al que concurrían los hombres y mujeres más influyentes de los sectores políticos, económicos, sociales y culturales del país, jerarcas religiosos y diplomáticos, como fue en 2013, 2014 y 2015.
En esta ocasión será en Palacio Nacional igual que en los dos informes anteriores – el primero fue en la Residencia Oficial de Los Pinos – y será bajo un formato distinto, que tiene como objetivo “innovar y romper viejas prácticas, costumbres y esquemas, a fin de lograr mayor cercanía con la sociedad a través de este grupo de jóvenes”, destacaron miembros del primer círculo presidencial.
El propósito es que asistan 300 jóvenes destacados en la academia, la ciencia, la tecnología e innovación, el apoyo a los pueblos indígenas, el respaldo a los grupos vulnerables, el deporte y los derechos humanos. Cada uno fue identificado y seleccionado por el gobierno federal mediante las diversas dependencias del sector social, principalmente las secretarías de Desarrollo Social y Educación, en comunicación con las administraciones estatales.
Por primera vez no asistirán al IV Informe los miembros del gabinete, los gobernadores ni los líderes empresariales, obreros y religiosos, tampoco los dueños de los medios de comunicación ni líderes de opinión, ni los integrantes de las Fuerzas Armadas y del cuerpo diplomático acreditado en México.
Mediante un video que difundió el miércoles pasado en redes sociales, el presidente Peña explicó que por mandato de ley debe rendir un informe a los mexicanos sobre el estado que guarda la nación, por lo que “ahora me preparo para rendir justamente un IV Informe de Gobierno. Este año va a ser distinto, tendré un informe diferente a como tradicionalmente se presentaba”.
Sostuvo que cumplirá con el mandato de presentar por escrito su informe ante el Congreso de la Unión, pero al mismo tiempo “es mi deseo sostener un encuentro con jóvenes, representantes de diferentes sectores de la sociedad, con quienes pueda conversar y compartir lo que su gobierno ha hecho durante estos cuatro años”.
Esta modalidad permitirá que interactúen, que el Presidente informe lo que ha hecho y los jóvenes cuestionen y él responda, algo que ningún otro mandatario ha hecho, lo que vigoriza la relación entre el gobernante y los que están llamados a seguir construyendo este país.

COSTO POLÍTICO

En el juego de vencidas que están enfrascados el gobierno federal y la CNTE los perdedores son más de un millón de niños y miles de ciudadanos perjudicados por el interminable bloqueo de carreteras y poblados.
La fecha fatal del 22 de agosto se llegó sin que cambiara un ápice las posiciones, por lo que nuevamente se escuchan los tambores de guerra de los empresarios y grupos de extrema derecha que demandan mano dura en contra de los profesores y de éstos, dispuestos a estirar la liga hasta el extremo.
La advertencia del presidente Enrique Peña de que sin clases no habrá diálogo fue rechazada por los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al exigir que primero la derogación de la reforma educativa y luego reabrirán las escuelas.
En este coloquio de sordos se cayó en la intransigencia que ya cansa a la mayoría de los mexicanos, que lo único que exigen es que exista apego a la ley, misma que no se cumple ya que los profesores cesados son reinstalados y los descuentos a los faltistas repuestos.
Peña Nieto aclaró que las reuniones con la disidencia magisterial volverán después que reanuden clases, que su gobierno está dispuesto a escuchar las demandas que tenga con respecto a la reforma educativa, pero lo que no puede estar a negociación es justamente lo que contiene ese cambio que ya es ley, esto es, no hay marcha atrás. “Por eso es indispensable, no habrá más diálogo si antes no garantizamos que los niños puedan tomar y recibir educación en las aulas”, puntualizó.
Se cumplió la primera semana del año lectivo sin clases en gran parte de Oaxaca y Chiapas y amplias zonas de Michoacán y Guerrero, en abierto reto de la CNTE, que culpa al gobierno federal por este problema. Dijeron desconfiar del discurso oficial, puesto que las autoridades no han cumplido su compromiso: “Hace un año hicieron lo mismo, iniciaron las clases y nunca abrieron la mesa: dijeron ‘regresen y abrimos mesas’. Hoy quieren hacer la misma ¿porqué creerles cuando no tienen palabra? Hemos esperado una llamada a través de la Comisión Nacional de Mediación y no la obtuvimos, por lo tanto, esta acción es para exigir que se abra la mesa de negociación y que sigamos trabajando. Sigue el paro indefinido”, declaró Enrique Jiménez Ibarra, dirigente de la Sección 9 de la Coordinadora.
Adelfo Alejandro Gómez, líder de la Sección 7 de Chiapas, afirmó que están preparados para una respuesta represiva del gobierno. “Esta lucha es justa y tenemos que ir hasta las últimas consecuencias Nos amenazaron que nos van a reprimir, es posible que sí lo hagan, pero tendremos que afrontar las calamidades”.
Según el ex dirigente de la Sección 9 y miembro de la CNTE, Francisco Bravo Herrera, los maestros no quieren esta situación de cierre de escuelas, pero la resistencia a dar respuesta ha provocado el conflicto, al ser omiso el gobierno en resolver un asunto que se ha extendido por más de tres meses.
Lo que urge, anotó Bravo Herrera, es que el gobierno federal reinstale la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, que de su parte los profesores están dispuestos a escuchar para avanzar hacia la solución de esta crisis y que deje de apostarle a desgastar el movimiento.
La respuesta la dio el jueves el secretario de Educación, Aurelio Nuño, al anunciar el despido de 1,255 profesores y el descuento salarial a 43,000, acompañado de la advertencia que “la reforma educativa nunca se cancelará”.
El funcionario aseguró que existe apertura al diálogo siempre y cuando los niños estén en la escuela, pero no cederán ante la petición de revisar la reforma. “No sacar adelante (la reforma educativa) cancela la oportunidad de que México avance en el siglo XXI”, reiteró en la reunión con legisladores del Partido Verde Ecologista de México.
La SEP informó que los 1,255 docentes cesados fueron porque acumularon cuatro faltas consecutivas, por lo que se les notificará a cada uno que tienen 10 días para que reúnan y presenten pruebas de descargo, a su vez la autoridad tendrá otros 10 días hábiles para analizar la situación y resolver.
Contrario a la dureza de la SEP, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) anunció que este año la evaluación será voluntaria y descartó sanción jurídica para quien no haga la prueba, aunque para los 24,000 profesores reprobados en 2015 sí es obligatoria.
Sylvia Schmelkes, presidenta del INEE, dijo que con este replanteamiento se atiende la intranquilidad de los profesores, que han manifestado inquietudes e inconformidades ante la evaluación de desempeño, “es un intento de dar respuesta no a todas, pero a una parte importante de sus preocupaciones e inconformidades con la evaluación. Desde este punto de vista esperemos que sí les satisfaga mucho más esta propuesta. Esperamos que haya una mayor satisfacción con ese planteamiento de todos los docentes, no solamente de la CNTE”, puntualizó.
Para la CNTE, la propuesta del INEE “es un paliativo”, porque aunque es “más amable” continúa siendo punitiva, por lo tanto lo único válido es la derogación de la reforma educativa, ya que para 2017 la evaluación dejará de ser “voluntaria” para volver a ser obligatoria. No se pretende sólo cambios o la suspensión de la evaluación, sino la cancelación absoluta de la reforma y que los profesores sean tomados en cuenta, expresó Gamaliel Guzmán, secretario técnico de la Sección 8 de Michoacán.
Mientras tanto, la Coordinadora sigue con los bloqueos en varios puntos carreteros de Oaxaca y jornadas intermitentes en Chiapas, Guerrero y Michoacán, con cierre de gasolineras, tomas de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, plantas de Petróleos Mexicanos, sistemas de agua y ocupación de radiodifusoras y canales de televisión.
La situación que se vive en Michoacán acabó con la paciencia de la Cámara de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), que el jueves paró la totalidad de las corridas, en demanda que se emplee la fuerza pública para recuperar los 175 camiones que tienen en su poder alumnos normalistas, quedando varadas miles de personas y visitantes en distintos puntos del estado.
Al mismo tiempo miles de policías federales se concentran en la ciudad de Oaxaca sin que se conozca si entraran en acción o sólo es una fuerza disuasiva, que en tanto se decide qué hacer con ellos nadie frena los ataques a la vías de comunicación y a la población en general.

MARCHAS DE LA IGLESIA

Por si faltara algo, la Iglesia Católica prepara para el 10 y 24 de septiembre actos masivos en defensa del matrimonio natural. El día 10 serán en toda la República y el 24 una concentración nacional en la ciudad de México.
El Frente Nacional por la Familia, integrado desde mayo pasado por más de mil instituciones de la sociedad civil ligadas a la Iglesia, ha organizado conferencias de prensa y eventos en respuesta a la iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión, para que haya cambios en la Constitución y el Código Civil Federal y se modifique la naturaleza del matrimonio y de la familia.
Como parte del Frente Nacional aparecen diócesis y arquidiócesis de la República y organizaciones civiles como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), el Consejo Coordinador de Movimientos por la Vida y la Familia, Red Familia, agrupaciones a favor de la vida, grupos de jóvenes como Dilo Bien
El vocero del Frente Nacional de la Familia, Rodrigo Iván Cortés, afirmó que están en contra de que con la iniciativa presidencial se pretenda cambiar “de un plumazo” el concepto milenario de matrimonio entre un hombre y una mujer, pretendiéndose subordinar las políticas a la ideología de género.
Aseguró que se han sumado no sólo al rechazo de los cardenales Norberto Rivera, Alberto Suárez Inda y Francisco Robles Ortega sino de todo el Episcopado “porque hay indignación y molestia de las iglesias”.
Están en contra de que se incluya en la Constitución que el matrimonio entre parejas del mismo sexo sea reconocido en todo México, así como que se modifique el Código Civil Federal para que las parejas homosexuales puedan adoptar.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitió un documento en el que invita a las diócesis y arquidiócesis a respaldar desde las parroquias estos movimientos “para animar y promover la participación entusiasta y creativa de todas las personas, familias y grupos a estas marchas y concentraciones, con la posibilidad de implementar algunas formas de seguimiento y colaboración para otros procesos y eventos”.
“No recuerdo en los años que tengo de vida y también personas de más edad me lo han dicho, que no ha habido desde hace muchos años un caso de arbitrariedad y de autoritarismo con esas medidas que se pretenden respecto a la figura del matrimonio”, puntualizó Rodrigo Cortés.