Los que censuran las “calenturas” políticas, al considerar que “todavía no es tiempo” de exteriorizar las intenciones, deben saber que el calendario electoral comienza en octubre próximo, por lo que están en el momento justo de iniciar las maniobras necesarias para conocer sus alcances reales.

Por lo anterior, quienes creen escuchar el llamado y que presumen como cartas credenciales la teoría, la práctica y los conocimientos, han dado un paso al frente; no obstante, esto es sólo una parte del bagaje que requieren para hacerse de la candidatura y que pudiera servirles para ganar la elección constitucional.

En poco menos de cuatro meses comienza lo que se conoce como “año electoral” y que concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección, teniéndose en cuenta que la terminación podría alargarse hasta que el Tribunal Electoral haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia que no se presentó.

Es un lapso demasiado corto para lo que tiene que cumplirse, en primer lugar darle sepultura al Instituto Estatal Electoral (IEE) y crear en su lugar el Organismo Público Local (OPL), que en lo sucesivo se encargará de los procesos electorales municipales y estatales, lo que dicho sea de paso, con ello se cierra un capítulo muy largo que le dio autonomía al Congreso del Estado para nombrar a los consejeros, facultad que ahora queda centralizada a través del Instituto Nacional Electoral (INE), que hará los nombramientos, remociones y de ser necesario asumirá dominio directamente del OPL.

En fecha próxima deberá estar constituido el OPL con siete consejeros y que se dice, los nombramientos estarán libres de injerencia política y de otra índole, lo cual supone plena libertad para actuar; no obstante, de manera permanente penderá sobre sus cabezas la amenaza de ser suplantados en sus funciones e incluso que los destituyan, lo que está previsto en la nueva Ley de Procedimientos e Instituciones Electorales que rige al INE.

Se tiene un índice de 126 aspirantes para cubrir las siete plazas, los cuales ya pasaron el primer tamiz, y el segundo será mañana, que es el examen por escrito y quienes continúen deberán acudir luego a una entrevista con funcionarios del Instituto Nacional. A pesar de que se pierde toda jurisdicción local sobre el OPL, los recursos para su operación continuarán siendo suministrados por el gobierno del estado, que es una moda muy reciente de volver a la concentración de poder, tal como ocurre con los jefes de policía de los municipios fuera de la capital, cuyo salario sale de los ayuntamientos, pero los nombramientos los hace la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de quien dependen.

A la par que los postulantes a una precandidatura –sea para gobernador, presidente municipal, regidor o diputado– hacen sumas y restas para definir sus probabilidades, se achica el término para hacer cambios en los comités directivos de los partidos. De no convocarse entre agosto o principios de septiembre se quedarán los actuales, que serán los encargados de llevar a cabo la elección interna y dirigir las campañas de 2016.

En el caso del PRI, el Artículo 13 del Reglamento Interno de sus documentos básicos establece que ante la renuncia definitiva del presidente y el secretario general se designará a dirigentes provisionales -que es la situación actual-, y durarán en el encargo el tiempo que haya definido el Comité Ejecutivo Nacional; sin embargo, el proceso de renovación no debe coincidir con ningún proceso interno para postular candidatos a cargos de elección popular, ni entre el proceso y hasta el día de la calificación del cómputo de la elección constitucional de que se trate.

Aún no se cumple un mes de los comicios para diputados federales y cuyo resultado fue impugnado por el PAN y el PRI, por lo que la página seguirá abierta en tanto no defina la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), cuando ya se tiene en puerta el proceso estatal, de cambio de ayuntamientos y del Congreso local, lo que de alguna manera resulta más interesante para los ciudadanos, ya que los ganadores se quedan aquí y esto asegura una relación más estrecha.

PRINCIPIO Y FIN

Las reformas al Código Civil del Estado de Aguascalientes aprobadas por el Congreso local, autorizan el divorcio “exprés”, lo que supone un paso más para que el matrimonio deje de ser la célula básica de la sociedad y se convierta en un trámite más de los tantos que lleva a cabo cualquier ciudadano.

Bastará que uno de los cónyuges solicite la anulación para que en un plazo no mayor de dos meses quede libre, lo que a juicio del presidente de la Comisión de Justicia del parlamento estatal, Luis Fernando Muñoz López, era un paso “ineludible”, en virtud de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “que declara inconstitucionales las normas civiles que exigen la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento para la disolución del vínculo matrimonial”, apuntó.

En apego a las disposiciones del máximo tribunal del país, los diputados locales establecieron que poner alguna objeción a la separación “restringe injustificadamente el derecho al libre desarrollo de la persona”, por lo que no les quedó otro camino que cambiar lo establecido.

En estas condiciones no está lejano el día en que una boda sea sólo el pretexto para hacer fiesta, porque luego vendrá otra cuando uno de ellos o los dos pidan la disolución, ya que no va a alegar ni siquiera las famosas palabras “por incompatibilidad de caracteres”, que era una de las razones.

El dictamen prevé que el trámite podrá ser expedito cuando haya acuerdo de las partes o de no haberlo, recaerán en el juez las decisiones para el resguardo de los derechos de cada uno y de los hijos, como sería la patria potestad, las visitas de los padres y el derecho a recibir alimentos, entre otros.

Uno de los argumentos más “sólidos” de los legisladores para llegar a ese punto fue que con ello “se trata de eliminar trámites que prolongaban los procesos de divorcio, lo que servirá también para prevenir las posibles consecuencias por violencia intrafamiliar, disminuir el desgaste económico y moral de los procedimientos judiciales y sobre todo, privilegiar los derechos humanos de las personas, acorde a los instrumentos internacionales en la materia”.

Es axiomático que Aguascalientes se encamina a un escenario totalmente distinto, que si hace poco se inquietaba cuando conocía las cifras de divorcios, porque le significa cierta descomposición social, pronto será algo irrelevante para jóvenes y adultos, puesto que es algo que tendrán a su alcance, que incluso por “quítame esas pajas” se pida la cancelación del contrato matrimonial.

DESPIDO DE PROFESORES

De los mayores orgullos de las escuelas particulares es tener una plantilla de docentes que responda a los requerimientos de padres de familia y alumnos, por lo que se esmeran para que su capacidad y experiencia esté fuera de discusión; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene otro punto de vista al exigir que el mentor tenga el título de acuerdo a la materia que imparte.

De acuerdo a la Federación de Escuelas Particulares de Occidente, se les ha obligado a despedir a profesores con hasta 10 años de antigüedad, debido a la aplicación del Profesiograma, que es algo así como un catálogo que detalla el título que debe tener el docente según la materia a ofrecer, por ejemplo, quien da clases de inglés debe ser egresado de la Normal Superior, o ser licenciados en inglés o licenciados en turismo, aun cuando quienes tienen años de atender las clases han dado prueba fehaciente de ser competentes, pero el argumento de la SEP es que está previsto en el marco normativo y debe cumplirse.