Es difícil que exista un punto medio entre la seguridad que ofrece el lugar que se ocupa y lo que puede derivar de un acto comprometido, lo que lleva a que unos prefieran la comodidad de seguir en el sitio que están aunque pierdan oportunidades, y otros busquen avanzar con el riesgo de quedarse con las manos vacías.

Lorena Martínez Rodríguez y Alejandro Murat optaron por el segundo aspecto, al presentar su renuncia al Presidente de la República como titulares de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y del Infonavit, respectivamente.

Ambos van tras las candidaturas a gobernador, Martínez por Aguascalientes y Murat por Oaxaca y en ninguno de los casos hay marcha atrás, si logran su objetivo que bien, si es lo contrario ingresarán a la sobrecargada Renata (Reserva Nacional de Talentos).

Se juegan el todo por el todo, ya que en los dos casos se pondrán a disposición de su partido que aún no ha expedido las convocatorias correspondientes, por lo que de la misma manera que pueden alcanzar la intención también es factible que sea otra la preferencia.

En el caso concreto de Lorena, además de notificarle su decisión al presidente Enrique Peña Nieto lo hizo al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, al depender orgánicamente del mismo, por lo que hasta el 31 de diciembre estará al frente de este organismo. A la par que prepara el proceso de entrega-recepción, seguirán las actividades que tiene encomendadas la Profeco y con mayor razón por ser diciembre un mes muy intenso que requiere el 100% de vigilancia, supervisión, comprobación y en su caso aplicación de sanciones.

Dijo que las delegaciones estatales tienen órdenes muy precisas de mantener la energía en cada una de las actividades encomendadas, por lo que los consumidores deben tener plena confianza que habrá respuesta a sus inquietudes.

Como lo ha señalado en otras ocasiones, la Procuradora del Consumidor confía que el presidente priísta, Manlio Fabio Beltrones, favorecerá el piso parejo para que se elija a quien tenga mayores posibilidades de triunfo.

Es importante mencionar que de todos los que se mencionan en los distintos partidos para ser candidatos, Lorena es la única que no lleva boleto de regreso, ya que ella renuncia, en cambio los demás – trátese de senadores y alcaldes -, piden licencia y si no alcanzan la meta regresarán a su puesto, de manera que sólo ella se juega todo a una sola carta.

En estos momentos de definiciones bien vale la pena recordar una de sus declaraciones: “Lorena Martínez no está obsesionada con el poder, está consciente que el PRI tendrá que tomar la decisión que corresponda y estará en la mejor condición de sumarse a una cuarta vía si existe esa posibilidad, no seré obstáculo, seré facilitadora, para que eso suceda y si eso garantiza un buen resultado electoral estoy en la mejor disposición de apoyar”. (El Heraldo, 30/09/15)

Con una participación de 30 años en el PRI y haber cubierto todos los cargos que puede tener un militante, que la llevó a ser presidenta de los comités municipal y estatal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional, además de lideresa nacional de Mujeres por el Cambio, presidenta municipal y diputada federal, Martínez Rodríguez trabajó para la Profeco como delegada en esta entidad, de 1987 a 1992 y en 2014 asumió la responsabilidad nacional, por lo que considera que está en la mejor etapa de su vida.

APRESURA EL PASO

A sabiendas que la meta está a tiro de piedra, el senador Martín Orozco Sandoval mantiene el ritmo de un andarín de alto rendimiento, por lo que al mismo tiempo que exige que se defina a la mayor brevedad el método para elegir al candidato de Acción Nacional, presenta su declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de intereses.

A finales de noviembre señaló que la candidatura a la gubernatura debe estar puntualizada en la primera quincena de diciembre y que además sea una opción que apueste a la unidad, demanda que hasta la fecha no ha tenido respuesta aún cuando dos veces ha estado en esta entidad el dirigente nacional Ricardo Anaya.

Es factible que el queretano prefiera dedicarle todo su interés a la elección extraordinaria del Distrito 01 que tendrá lugar el domingo y después trabajar el proceso del próximo año, pero mientras se llega el día que se anuncie la convocatoria, Orozco Sandoval observa que el Partido Revolucionario Institucional tiene un avance en ese renglón, aún cuando tampoco ha definido el método propio.

De cualquier manera MOS admite que con la instalación de la mesa política en el Comité Ejecutivo Nacional puede haber claridad y no existan dados cargados, lo que permite que los interesados participen en igualdad de circunstancias y a la hora de tomar la decisión sea la mejor para el panismo.

Mientras llega el momento que se descorra el telón, Orozco sigue picando piedra. En su cuarto año como senador hizo la declaración de “3 de 3” ante el Instituto Mexicano de Competitividad, afirmando que “estoy convencido que desempeñar un cargo público no es un medio para enriquecerse. Los ciudadanos exigen transparencia y rendición de cuentas claras. La gente está harta de la corrupción y de la opacidad y tiene razón, por eso hoy presento, para que sea pública, mi declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses”.

Es un acto que tiene buen rato de exigírsele a todos aquellos que ocupan un cargo público, por lo que seguramente lo harán los demás que van por el mismo sendero, lo que a final de cuentas es saludable para la sociedad que podrá conocer quien es cada uno.

Es necesario establecer que esta exigencia-obligación no sólo atañe a quienes van por la gubernatura sino a los candidatos a todos los puestos que se disputarán en 2016, tanto a las presidencias municipales, como regidores y diputados, de manera que sin excepción alguna deben tener lista la documentación que avale si son dignos de confianza.

CENTRALISMO

De manera paralela a los deseos de ocupar los palacios mayor y menor en 2016, es un hecho que el próximo gobernador y los alcaldes serán simples administradores de recursos, al definirse que por ley deberán pedir permiso para contraer deuda y justificar las razones, además de obligarlos a destinar la mitad de sus excedentes fiscales para pagar su deuda y la otra mitad será para obra pública.

El pasado 17 de agosto el presidente Enrique Peña envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera y que esta semana sería aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados. Se establece un riguroso control en el endeudamiento de los gobernadores y presidentes municipales, que podrán obtener créditos con el aval de la Federación.

La legislación ordena que la nómina de estados y municipios no podrá aumentar más del 3% anual, a excepción de la destinada a salud y seguridad, que quedan exentas hasta el cuarto año, a la vez que deberán reportar todas sus deudas, incluso las contraídas con proveedores y contratistas a corto plazo. También se impedirá destinar más del 6% de los ingresos propios al pago de proveedores, en el caso de los municipios, y no más del 10% para los estados, y en casos extraordinarios debe haber la aprobación de las dos terceras partes del congreso estatal.

En ningún caso una deuda estatal podrá exceder el 3.5% del PIB nacional y deben informar tanto los montos globales de deuda como su nivel de ingresos, además impone criterios sobre medidas de ahorro ante una posible baja de ingresos, lo que de ocurrir deberá recortar primero en publicidad, luego en gasto corriente no relacionado con entregas directas a la población y finalmente en percepciones extraordinarias.

Con lo anterior se vuelve nugatorio el enunciado constitucional del Artículo 115, que en su inciso IV señala: “Los municipios administrarán libremente su hacienda…”, en tanto los gobernadores de los estados están obligados “a publicar y hacer cumplir las leyes federales” (Art. 120).