Inicia la Profeco dos procedimientos por infracciones a la Ley en contra de CAASA, las multas podrían ser de hasta 2.5 millones de pesos, señaló la delegada de la instancia, María Teresa Ávila Guel; mencionó que en lo que va del año, se han presentado 73 quejas, mismas que ya han superado por mucho las registradas en todo 2015.

“Cuando la proveedora tiene una falta más que evidente a la Ley Federal de Protección al Consumidor, al margen de la queja, la autoridad comienza un procedimiento porque infringió la Ley; en este caso ha sido por falta de información a los consumidores, falta de especificación en los términos y condiciones del servicio y por tanto puede hacerse acreedora a una multa. Al momento aún no se concluye, no se han aplicado multas, se espera la resolución de la primera de ellas a finales de agosto”, detalló.

Destacó que los principales motivos de reclamación han sido por cobro indebido; de esto, algunos usuarios han presentado cuentas de hasta 25 mil pesos de servicio de agua; además, indicó que un porcentaje importante fue derivado de la falta de información que se generó en el primer trimestre del año, porque llegaban dos recibos juntos, y hacían suponer a los usuarios que se les estaba generando un doble cobro.

“No fue doble cobro, sino que juntaron los recibos, sin embargo, hubo una falta de información al respecto y la gente no estaba enterada de eso; esto es procedente por una falta de información en los términos del servicio. Se incrementó esta demanda, así como de cobros excesivos, y se han estado acumulando las quejas, colocando a esta proveedora en tercer lugar a la par de los talleres mecánicos, con mayor número de quejas”, precisó.

La funcionaria federal agregó que no en todos los casos se ha logrado conciliar, debido a las trabas que pone la misma concesionaria, ya que manda personal que asegura no tener la facultad, cuando saben perfectamente para qué son llamados.

“Si no se concilia y encima la autoridad estima que hay infracciones a la Ley, las multas van a exceder. Muchas veces llega el representante de la proveedora y dice que no está facultado para hacer una disminución en el monto, convenio para el pago diferido; a su vez tampoco proporciona la información, no explica al consumidor por qué se ha incrementado su consumo, qué pasó con la fuga o si está bien el medidor o la forma de medición”, explicó.

Ávila Guel enfatizó que en este sentido, en algunos de los procesos de conciliación, CAASA ha incurrido nuevamente en una falta de información hacia los consumidores; esto provoca mayor molestia de los quejosos al no haber una explicación sobre su reclamación, lo cual, dijo, ha sido un problema fehaciente con este proveedor.

“Los procesos de conciliación se están extendiendo, no duran los 90 días que quisiéramos, a veces se extienden hasta dos o tres meses; hay veces que se llegan a celebrar hasta tres audiencias conciliatorias”, señaló.