Durante varios meses el gobierno federal promovió como un éxito que se cancelara la vinculación del pago de multas con el salario mínimo, ya que esto aseguraría un mejor ingreso para los trabajadores, al mismo tiempo se reforzó la disposición para que varias prestaciones fueran deducibles de impuestos, lo que incrementaría la paga.

Como siempre ha ocurrido, el compromiso se hizo volutas de humo, sin que exista el menor interés por remediar la situación, aunque de vez en cuando se aparece algún diputado federal o senador para anunciar que está en marcha una campaña que permita conocer el porqué los acuerdos legislativos han “aterrizado” parcialmente.

Por su parte los dirigentes sindicales mantienen esa beatitud que les caracteriza, al considerar que no es tiempo de hacer “olas”, por lo que es preferible esperar a que se dé la respuesta de manera natural, pidiéndoles a sus representados que sean ecuánimes, que ya llegará el momento en que se materialice su mejoría económica.

El máximo dirigente obrero en la entidad, José Alfredo González González, aceptó que no hay nuevos beneficios en el renglón de vales para despensa y apoyos alimenticios en especie y por el contrario, los favorecidos han sido los patrones, aunque en los comedores industriales sí hay avances, ya que se cobra menos en algunos casos y en otros cancelaron el pago.

De manera particular, las empresas no hacen deducibles de impuestos de los vales de despensa, por lo que el trabajador recibe un jornal menor al que en teoría le corresponde, lo que además provoca que en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo mantenga el mismo esquema.

Al respecto, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) destaca que para lograr la deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en los vales de despensa, el patrón debe proporcionarlos de manera general a través de monederos electrónicos autorizados por el propio SAT, además contar con la factura electrónica; estar debidamente registrado en contabilidad, que sea restado sólo una vez y que se realice la deducción hasta por un monto de amparado en el complemento de vales de despensa que expida el emisor autorizado, asimismo, cuando los vales se otorguen a trabajadores no sindicalizados, no podrá exceder de diez veces el salario mínimo general, y los vales sólo pueden ser utilizados para la adquisición de artículos de consumo.

En estas condiciones, corresponde a los sindicatos presionar para que se cumpla ese mandato, porque con declaraciones no se solucionan las cosas. Los líderes saben cuál es el origen y la causa, pero no van más allá, con lo cual fallan en la obligación que tienen de velar por los intereses de sus compañeros.

En lo que se refiere a la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia de diversos trámites, como multas, impuestos y prestaciones, se dijo en noviembre de 2015 que a partir del siguiente año permitiría una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, pérdida que arrastra desde hace tres décadas.

También se mencionó que paralelamente habría que dar pasos más acelerados para que en el mediano plazo el salario se recupere, labor que debe ser de manera paulatina y responsable y en la que participen autoridades, empresarios y sindicatos, cuyo primer paso se dio en 2015 al definir el salario mínimo en una categoría, en lugar de las tres zonas que estuvo dividido el país, lo que presumiblemente mejoraría el ingreso.

La realidad es lacerante, al haber entre los trabajadores niveles muy marcados, donde una parte gana entre uno y tres salarios (de 70 a 210 pesos), pero otros reciben el equivalente a seis, ocho o diez veces, que son los menos, por lo que hay campañas de políticos que exigen aumentos por decreto, proponiendo que en estos momentos sea de 86 pesos, lo que para los conocedores del tema provocaría inflación, cierre de pequeñas y medianas empresas, desempleo, informalidad y menos oportunidades para los jóvenes y los obreros no calificados.

La cuestión radica en que sólo se buscan “parches” para salir del paso, en lugar de ahondarse en el problema, que no puede ser otro que el ingreso es totalmente insuficiente para que el obrero sostenga a su familia, lo que será posible en la medida que cada una de las fuerzas que confluyen en el sistema productivo entiendan el rol que tienen para mejorar el bienestar de este segmento vital para el país.

TODO ESTÁ CONSUMADO

Lo que se diga sobre el eventual daño que sufra el Bosque de Cobos ya es materia muerta. La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avaló el megaproyecto inmobiliario en un terreno adyacente, por lo que en ocho o diez años la zona rústica será una “selva de cemento”.

Por largo tiempo ambientalistas lucharon para que se respetara el lugar, al considerar que posee vestigios de la historia remota de Aguascalientes y principalmente, que un río subterráneo pasa por ahí, lo que no importó a la hora de autorizar el plan habitacional.

Según la Semarnat, el “estudio técnico justificativo” asegura que el predio no abarca la zona de conservación de Cobos ni la cuenca hidrológica, por lo que la superficie de 120 hectáreas puede cambiar el uso de suelo forestal a habitacional, basta con que los promotores hagan el pago correspondiente por “compensación ambiental” al Fondo Forestal Mexicano y que además cumplan con los trámites ante las autoridades estatales y municipales.

Con la autorización, la Semarnat acredita que “no habrá afectación a la biodiversidad, no provocará erosión de suelos, deterioro de la calidad del agua o la disminución en su captación”, lo que lógicamente son buenos deseos porque en los hechos quienes dictaminaron y firmaron el consentimiento estarán dentro de diez años o más en otro lugar, por lo que si hay violación a uno de esos puntos no habrá manera de que respondan.

Está prevista la construcción de 10,000 viviendas, con sus calles y calzadas de cuatro o más carriles, que al término de las etapas serán alrededor de 60,000 habitantes, por lo que las emisiones de vehículos y negocios afectarán la zona colindante, esto es, a Cobos.

Ocurrirá lo mismo como cuando instalan una gasolinera en un sitio inhabitado y que resulta interesante para los automovilistas, por lo que la necesidad obliga a crear un restaurante, luego un taller mecánico, una tienda, casas para los que trabajan en el lugar y así sucesivamente, por consiguiente, que aquello adquiere en poco tiempo el calificativo de parador. Si hay alguna repercusión ambiental poco importa ya que no existe un monitoreo en estos y otros casos.

De ninguna manera es algo imaginario lo que se comenta, por el contrario existe el suficiente sustento y la mejor prueba está en la desaparición de la arboleda que formó parte de la ex hacienda de Ojocaliente y luego del nuevo balneario Ojocaliente, para que en su lugar hoy esté un autoservicio y no pasará mucho tiempo para que el Centro Recreativo La Pona corra la misma suerte, como sucedió el año pasado con las especies que fueron eliminadas en la Calzada Revolución o Alameda para una serie de obras culturales.

DE SENTIDO COMÚN

Para vigilar a los antros que se encuentran en distintos puntos de la ciudad, principalmente por el ruido que provocan, no hacía falta adquirir una “innovadora plataforma con tecnología de punta”, bastaba que acudieran los verificadores de Reglamentos y obligaran a bajar los decibeles. Son negocios que han proliferado en el corazón de la ciudad, lo que además de la intensidad acústica que generan se mantienen abiertos hasta las dos o tres de la madrugada, ya que bastó que pagaran el derecho de ampliar el horario para que la autoridad municipal lo autorizara. Calles como Madero, Venustiano Carranza, Zaragoza, Guerrero, Matamoros y el área colindante al Jardín de San Marcos y en Arturo J. Pani son de fiesta pública a partir del anochecer. Allá por el año de 2014 se enviaron patrullas para que vigilaran el orden, pero seguramente los agentes se cansaron porque hoy brillan por su ausencia, lo que el lugar es tierra de nadie para los trasnochadores.