Fernando López Gutiérrez

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El gasto público es el principal instrumento con que cuentan los gobiernos para cumplir sus objetivos e incidir en el desarrollo económico y social. La identificación de las decisiones de gasto permite entender cuáles son las prioridades de un país en materia de política pública y de qué forma pretenden alcanzarse.

El anuncio realizado recientemente por el Gobierno Federal, relativo a la decisión de ajustar el gasto de la Administración Pública Federal, permite observar la manera en que nuestras autoridades han hecho frente a la compleja situación económica del país y cómo conciben que debe asumirse dicha condición, generada principalmente por la caída del precio del petróleo. Sin duda, el ajuste al gasto es una decisión responsable; sin embargo, su puesta en práctica pudo haber tenido algunos elementos adicionales que permitieran fortalecer la idea de que la actual administración adopta esta difícil medida de forma ecuánime.

Un recorte presupuestal del 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) representa una disminución notable en el ejercicio de los recursos públicos. Para entender la magnitud de ésta medida basta recordar que, en el último año, el crecimiento total de la economía mexicana fue del 2.5 por ciento del PIB; es decir, el recorte al gasto es equivalente a un poco más de una cuarta parte del crecimiento que tuvo México durante el año 2015.

Del total del ajuste preventivo, la disminución de los recursos para el Gobierno Federal y la Comisión Federal de Electricidad equivale al 0.2% del PIB. En este rubro, consideró que el 60 por ciento corresponderá a Gasto Corriente y el resto (40 por ciento) a Gasto de Inversión. Dicha situación muestra que, la decisión de las autoridades ha sido reducir en mayor medida los costos de la burocracia, pero se afecta en una proporción considerable la realización de importantes proyectos, sobre todo en las áreas de educación, medio ambiente y comunicaciones y transportes.

Aunque se habla de la puesta en marcha de acciones de austeridad, sobre todo en lo referente en la disminución de viáticos, dicho aspecto sólo se afronta de manera tangencial. En un entorno de notable rechazo social al desempeño gubernamental, se valoraría una demostración clara y decidida al respecto, a través, por ejemplo, de la implementación de un plan específico de austeridad o de la disminución de los recursos destinados por el actual gobierno a la promoción y publicidad de las acciones que realiza. Si bien, la respuesta de las autoridades a la compleja situación económica es seria y prudente, la percepción positiva de la sociedad a este tipo de medidas se sustenta en la confianza. Es probable que el control de los excesos en la realización de las actividades públicas no contribuya de manera notable en el mejoramiento de la economía; no obstante, es la mejor señal para mostrar que el gobierno se encuentra comprometido con los mismos principios que pretende aplicar ante la adversidad. Tal vez ese sea uno de los aspectos menos explicados de la reciente decisión del Ejecutivo y uno de los cuales resulta más importante para nosotros como ciudadanos.