Rolando Herrera
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 17-May .- Las resoluciones judiciales que se han dado en los casos de Tlatlaya e Iguala prefiguran que el Gobierno federal priista les quiere dar carpetazo para que no se conviertan en un factor que le afecte en las elecciones de 2018, consideró Araceli Damián, diputada de Morena.
La legisladora indicó que pareciera ser que las autoridades federales esperaron la salida del País del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para darle salida a los casos graves sobre violaciones graves a los derechos humanos e intentar con ellos evitar las críticas.
“Parecería ser que el Estado mexicano, el Gobierno federal en este caso, estaba esperando a que saliera el Grupo Interdisciplinario de Expertos para empezar a cerrar una serie de casos que le están causando mucho ruido y que le pueden costar políticamente mucho en 2018, entonces lo quieren callar desde ahorita, en realidad su mira es a 2018”, dijo.
En ninguno de los dos crímenes, expuso en entrevista, se puede sostener que los casos estén concluidos, pues en Tlatlaya no ha habido justicia y en el caso de Iguala es insostenible pensar que no hubo desaparición forzada y que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados sumariamente como lo determinó un juez.
“Están cerrando todas las puertas, pero en realidad están metiendo en una olla exprés a la sociedad, porque no hay una salida para todos esos crímenes, no hay justicia y parecería ser que se está configurando ya como una política de Estado, de desaparición, tortura y de falta de legislación en contra de esas conductas”, consideró.
El 14 de mayo, Grupo REFORMA informó sobre dos resoluciones judiciales, en una de ellas un tribunal unitario determinó liberar a tres militares acusados del crimen de 22 civiles ocurrido en junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México.
En la otra, un juzgado y un tribunal unitario determinaron que la PGR no acreditó el delito de desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y consideraron que existen indicios suficientes para pensar que los jóvenes fueron ejecutados sumariamente tras haber sido capturados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.