Las mujeres y hombres que aspiran a encabezar el gobierno del estado, los ayuntamientos y las diputaciones no se detienen ante nada cuando se trata de ofrecer todo lo que necesitan los aguascalentenses para mejorar su nivel de vida, sin embargo deben hacer un alto en el camino para analizar, valorar y establecer lo que será posible cumplir, no en base a expectativas sino de situaciones reales, principalmente de los  recursos que habrá en los próximos años.

Aunque es muy cómodo prometer, lo difícil será cumplir y menos con el recorte presupuestal de la Federación que se anuncia para 2017, que es justamente el primer año de ejercicio de las nuevas autoridades, que por más sumas y multiplicaciones que hagan terminará en lo mismo: tener una lista de prioridades para considerar qué es lo más urgente.

De ninguna manera se trata de ser aguafiestas, por el contrario, hay que ser realistas para que las y los candidatos tengan como punto central lo que será posible y no aventurar que llevarán a cabo programas que por adelantado saben que estarán sujetos a lo que reciban del gobierno central.

Ninguno de los que triunfen el 5 de junio se puede hacer el sorprendido si el año próximo no puede llevar a cabo las acciones que propone hoy para los primeros doce meses de su administración, en virtud del anuncio que recientemente confirmó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, que en 2017 disminuirán en 170 mil millones de pesos los recursos que aplicará el gobierno federal, lo que inevitablemente afectará a las 32 entidades y a todos los municipios.

Cabe mencionar que de lo que ingresa en las arcas nacionales, la Federación reparte a los estados alrededor del 20% y a su vez éstos entregan a los municipios el 20% de lo que reciben, lo que en términos prácticos significa que de cada peso recaudado 80 centavos se queda en la Federación, 16 centavos para los estados y 4 centavos a los municipios, sin embargo la queja recurrente de los gobiernos estatales y municipales es que sólo les entregan la mitad de ese dinero, o les retrasan meses su radicación.

También están los fondos federales que llegan etiquetados, de manera que sólo pueden utilizarse para el fin que la misma Federación establece, sin importar las necesidades que existan en cada lugar y que muchas veces obliga a utilizarlos en algo distinto, lo que ha llevado a presidentes municipales y colaboradores a la cárcel bajo la acusación de “desvío” de recursos, no obstante que hayan acreditado que no hubo uso indebido de los mismos.

Los que más sufren para cumplir sus compromisos de campaña y atender las necesidades de los habitantes son los alcaldes, ya que los municipios dependen financieramente de la Federación en más del 90%, que lleva que todo gire en torno a que mejore la recaudación del país.

Bajo este marco, es fundamental que cada uno de los postulantes ajuste sus mensajes y obligaciones de cara a los electores, que aún cuando incluyan en su agenda todo aquello que se les plantea o que juzguen necesario, pongan por delante los recursos con que contarán, haciéndole saber a los ciudadanos de las limitaciones presupuestales y sepan que no existe otro camino que acomodarse con lo que hay, convocando a un esfuerzo conjunto para salir adelante.

Se comprende que todo mundo quiere ganar y acepta hacer lo que sea por tal de lograrlo, con la idea que “después a ver que sale”, cuando lo más honesto es reconocer las restricciones presupuestales que se avizoran y que exigirán hacer más con menos. Nada fácil pero factible.

TODO LO JUDICIALIZAN

Recurrir a los tribunales fue en otros tiempos la excepción, pero hoy es la norma, por lo que es previsible que el resultado de las próximas elecciones lo dicten los jueces, hecho que sería una demostración plena de la degradación en que habrá caído la política luego que los vencidos recurran a todo por tal de modificar el sentido del voto.

De siempre se ha dicho que el pueblo decide en las urnas su propio destino, por lo que es constante el llamado para que escuche, analice y sopese los compromisos que hacen los candidatos y a partir de ahí se prepare para cruzar las papeletas, sin embargo en los últimos tiempos hay una actitud hasta cierto punto enfermiza de llevar cualquier asunto ante la autoridad, lo que denota la advertencia de que no están dispuestos a aceptar el veredicto popular y en caso de no lograr los fines que se proponen dejarle al menos un recuerdo a los vencedores.

Es una situación que obliga a los partidos a tener listo un ejército de abogados, principalmente especialistas en derecho electoral, que cobran notoriedad desde ahora al actuar de acuerdo a las circunstancias, sea para atacar o para defender y que se encargarán antes, durante y después de los comicios de dar respuesta a lo que se presente.

Hace unas semanas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se quejaron que las nominaciones de candidaturas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se buscaban resolver en este órgano, exceso que el dirigente perredista Agustín Basave aceptó que, en efecto, había un exceso de denuncias, actitud que ha faltado en Aguascalientes de aquellos que semana tras semana tienen algo que impugnar, por lo que ya tienen saturada la Sala Administrativa y Electoral (SAE) del Poder Judicial del Estado y cuando no consiguen lo que pretenden apelan al TEPJF.

Hasta el 15 de abril la SAE tenía registrados 87 asuntos, superando los 74 expedientes que abrió en el año político 2012-2013, cantidad que dijo el presidente de la Sala, Enrique Franco Muñoz, podría crecer conforme avancen las campañas y se llegue al 5 de junio.

Parte de los asuntos son de denuncias por presuntas violaciones a la ley, otros porque en los registros de candidaturas no respetaron la equidad de género y otras por algún descuido, de lo cual el funcionario se negó a opinar con el argumento que no se puede calificar sin antes de conocer, valorar y dictaminar cada proyecto.

De cualquier manera, el hecho que se superen las denuncias o actos cuando aún faltan cinco semanas para el 5 de junio y lo que venga después, significa que seguirá creciendo el número, ya que algunos de los actores le han encontrado gusto de acusar a sus adversarios hasta por el vuelo de una mosca, a lo cual la Sala Administrativa y Electoral debe calificar y responder.

Es una situación envolvente que involucra prácticamente a todos los que participan, trátese de partidos, candidatos o autoridades. Lo que califica el Instituto Estatal Electoral (IEE) puede ser revocado por la SAE y que a su vez éste está sometido a lo que dictamine el Tribunal federal, consecuentemente un solo hecho puede pasar por varias aduanas antes de agotar todas las posibilidades, lo que induce a que los interesados mantengan ante la opinión pública un tema que deja en entredicho la democracia y solivianta ánimos, sembrando la idea que de antemano se hace “trampa” para dar el triunfo al partido que se incrimina.

Lo descrito sólo lleva a que los ciudadanos no crean que se respetará su voto, por lo que no se dude que el abstencionismo y el voto nulo se conviertan en factores determinantes a la hora del conteo, aunque es preferible correr el riesgo que se judicialice el resultado a permitir que otros decidan por uno y la única vía que evitará que en la mesa se resuelva todo es acudir en gran número a la casilla.