Por: Octavio Díaz García de León

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La Coparmex, a través de su dirigencia, interpuso una demanda de amparo por violación a los derechos humanos por parte de la CNTE debido a los bloqueos y afectaciones que han ocasionado sus manifestaciones a comerciantes, prestadores de servicios e industriales. En esta demanda se hace responsable al Presidente, a los secretarios de Gobernación y Educación, a la titular de la PGR, a los gobernadores de Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, entre otros, por no haber tomado las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos violados.

La Concanaco por su parte ha anunciado una iniciativa para que aquellos empresarios afectados por la CNTE, no paguen impuestos. Solicitan además que la CNTE les pague daños por alrededor de $7,500 millones de pesos que es la estimación de los perjuicios que les han ocasionado. Semanas antes, las cúpulas empresariales estuvieron muy activas para impulsar las reformas anticorrupción y fueron pieza clave para lograr las más de 630 mil firmas de apoyo a la Ley 3 de 3.

Así que, a la de por sí complicada negociación con la CNTE, el gobierno federal debe enfrentar ahora el descontento de los empresarios por las movilizaciones de los maestros en contra de la reforma educativa, los daños que éstas les han ocasionado y su oposición a que el gobierno ceda ante las presiones para dar marcha atrás a las reformas. Por ello, la amenaza de ingobernabilidad está creciendo en los últimos meses.

El sector empresarial se había mantenido relativamente inactivo desde que ayudó al PAN y a Fox a ganar la presidencia en 2000 culminando un proceso de participación política intenso que inició en la década de los años ochenta del siglo pasado.  Este activismo empresarial fue impulsado por el mal manejo de la economía en las décadas de los setenta y ochenta que llevó a crisis económicas recurrentes con inflación por encima del 100%anual, devaluaciones constantes del peso y decrecimiento económico.

Quizá la mayor ruptura de los empresarios con el gobierno, desde el asesinato de Don Eugenio Garza Sada en 1973, se dio a raíz de la estatización de la banca, medida que puso en evidencia el peligro de una presidencia sin contrapesos, la cual podía tomar decisiones de tanto impacto sin que nadie pudiera oponerse. Pese a todo, los banqueros decidieron enfrentar al gobierno por la vía legal. La Asociación de Banqueros de México encabezada por Carlos Abedrop Dávila, encargó la defensa legal al prominente abogado, Ramón Sánchez Medal, quien interpuso una demanda de amparo en contra de la expropiación de los bancos. Fue una defensa valiente porque en aquella época el poder judicial, el poder legislativo, los gobiernos de estados y municipios estaban sometidos a la autoridad del presidente en turno, en este caso, José López Portillo. Por supuesto el amparo no prosperó y hubieron de pasar 10 años para que se regresara a manos privadas los bancos, aunque de una forma tan desafortunada, que llevó a la quiebra al sistema bancario nacional y hubo de ser rescatado a través del famoso FOBAPROA. Desde entonces, la banca nacional pasó a manos de extranjeros casi en su totalidad.

Encabezados por Manuel J. Clouthier, los empresarios tomaron un papel activo en la política nacional desde la oposición, aliados al PAN. Pero algo sucedió en 2012 que desencantó al sector empresarial y prefirieron apoyar al PRI, quizá el resurgimiento de López Obrador y que no prendió la campaña de Vázquez Mota.

El apoyo que los empresarios dieron al PRI para que regresara al poder parece que se está agotando. Las posibles causas son: la creciente debilidad del Estado mexicano ante grupos de presión, la reforma fiscal que afectó principalmente a los empresarios por los aumentos de impuestos; el aumento del IVA en los estados fronterizos con E.U.; el regreso de la inestabilidad macroeconómica por el exceso de endeudamiento y un gasto público que ha propiciado mucha corrupción y no ha tenido efectos positivos en la economía. Esto hace recordar un posible regreso a las crisis económicas del pasado que tanto daño le hicieron a México.

Así como en la década de los ochenta del siglo pasado, el activismo empresarial fue un factor clave para acercar a nuestro país a la democracia, así en esta coyuntura serán importantes los empresarios para impulsar verdaderos avances en materia de combate a la corrupción, educación, fortalecer el estado de derecho, mejorar la seguridad pública y otros factores que desalientan la inversión e impiden el crecimiento económico.

Recientemente el senador por Sonora, Francisco Búrquez, miembro distante del PAN y empresario, ha lanzado un llamado a empoderar al ciudadano y a disminuir el gobierno. Estamos viendo que mayores impuestos y más gasto no han servido para mejorar la situación del país, sino sólo para alimentar a las clientelas que sostienen a los partidos políticos. Quizá sea tiempo de reducir el estatismo y regresar el poder al ciudadano; impulsar a empresarios, profesionistas, trabajadores y estudiantes, inclusive a burócratas, que cada día ven más reducidos sus salariosy cuentan con menos seguridad en el empleo ante un servicio profesional de carrera en declive, para que con su iniciativa participen de manera directa en acciones que mejoren al país.

Esperemos que la participación activa de los empresarios sirva para movilizar a la sociedad y sea nuevamente un factor relevante para ayudar a que México avance en los temas más urgentes.

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