Salvador Rodríguez López

Al igual que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la dirigencia local del SNTE lanza chispazos para dejar constancia que  hace todo lo está a su alcance para resolver los asuntos de sus compañeros, sin embargo, a casi dos años sigue pendiente la presentación del estado financiero de la anterior directiva.
El motivo para esta tardanza, según el actual secretario general Mario Armando Valdez Herrera, es que “pudiera haber más personas involucradas de lo que se creía”, por lo que es necesario investigar más para determinar el grado de responsabilidad que tuvo cada quien, aunque más bien parece un pretexto, puesto que en el manejo económico de la Sección Uno sólo intervienen dos o tres personas, en que es posible que la ex lideresa Juana Alicia Espinosa de los Monteros Ortiz tuviera una parte de responsabilidad.
Este mes se cumple un año que Valdez Herrera quedó de hacer público el informe, de lo que dijo faltaba únicamente que los enviados del CEN se lo hicieran llegar, pero hoy asegura que “la auditoría sigue en pie” al estar el proceso en el área jurídica, luego de que el Comité Nacional de Transparencia y Revisión de Resultados ya emitió el dictamen y lo envió al jurídico, lo que supone que en cualquier momento lo haría del conocimiento local, no obstante, si llega a suceder será hasta noviembre o diciembre o posteriormente.
Lo anterior se tiene como seguro a partir de la declaración que hizo el mismo mentor, de que se está esperando “a que termine la diputación o el fuero que tiene la maestra Juana Alicia para poder actuar”, gestión que concluye el próximo 14 de noviembre.
Como se recordará, en el Congreso Seccional no se aceptó el informe de finanzas, correspondiente al final de labores de Espinosa de los Monteros Ortiz, hasta que se hiciera una auditoría, la cual se llevó a cabo pero su resultado no ha sido entregado, aunque para curarse en salud, Valdez Herrera sostiene que “el más interesado en conocer los resultados soy yo”.
Mientras aquí se le ha dado largas a este asunto, en Hidalgo no se anduvieron por las ramas y el 13 de agosto de 2014 fue aprehendida la ex secretaria general de la Sección XV, Mirna García López, que de acuerdo con lo publicado por Televisa -con base en la declaración del dirigente seccional Francisco Sinuhé Ramírez Oviedo-, se detectó un desvío de 123 millones de pesos en la auditoría practicada por parte del Sindicato.
En el caso local no se trata de hacer circo de un asunto bastante serio e importante para el profesorado, sino que se confiese la verdad, que si todo está en orden le entreguen su estrellita a la maestra Juana Alicia y si hay alguna irregularidad que se aplique la ley, pero que no se utilice el argumento de que “puede ser que haya más gente implicada de lo que está pensando”, algo que a estas alturas ya debería saberse.
Este tipo de ambigüedades no es una particularidad de la Sección Uno, como lo demuestra el CEN en pleno y la totalidad de las secciones mediante el desplegado que dieron a conocer ayer, que entre otros puntos destaca: “El SNTE mantendrá la defensa de los derechos laborales, profesionales, sociales y económicos de los trabajadores de la educación y estará atento para brindar asesoría jurídica y apoyo a cada maestro que lo requiera. No dejaremos a nadie en el camino”.
De manera simultánea la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el despido a partir de ayer de 3 mil 360 profesores de 28 estados de la República por no haberse presentado a ninguna de las fases de la evaluación de desempeño docente.
Sobre el particular, la organización sindical ha estado ausente de la reforma educativa y su aplicación, aun cuando expertos en la materia han señalado reiteradamente que los cambios a la ley y la creación de figuras jurídicas tienen como único objetivo tener bajo presión a los mentores, que más que dedicarse a mejorar su nivel profesional deben esforzarse por pasar los exámenes a que son sometidos para conservar el trabajo.
Hasta ahora el SNTE no se ha pronunciado por la imprecisión que hay en torno a que, por una parte, los profesores tienen un título expedido por la SEP que los acredita y autoriza para ejercer esta profesión y por otra, los mismos que recibieron los conocimientos en las normales públicas y privadas, que se rigen bajo un solo patrón de estudios, sean reprobados, lo que establece que las pruebas tienen fallas o el propio sistema no ha sabido enseñar a los futuros profesores.
Lo anterior no obsta para que el Sindicato sostenga que la interpretación de la ley no debe impedir o cancelar “el derecho al crecimiento laboral de los docentes”, algo que hoy se ve truncado con el despido de miles de docentes sin mayor trámite.

MÁS GARANTÍAS
El planteamiento que hace el abogado Javier González Gutiérrez, de que se creen las condiciones para la conservación y actualización de la información digital con la entrada de los juicios orales, tiene que ir más allá del resguardo de los expedientes, al hacer obligatorio que el personal encargado de esta labor sea de probidad absoluta, en virtud de que tendrán acceso a toda clase de documentación que debe mantenerse en su estado original.
Los medios cibernéticos tienen enormes ventajas y una de ellas es arribar a cualquier tipo de información, consecuentemente los escritos que deriven de los juicios orales tienen que estar en manos de empleados confiables.
Señala González Gutiérrez que la transición del sistema de justicia se ha enfocado en la capacitación de jueces, litigantes e inclusive policías para que cumplan correctamente su implementación, pero no se ha atendido otro aspecto igual de importante como es el manejo de la tecnología, que asegure la conservación de los archivos digitales de audio y video.
Como en todo lo que comienza, hacerlo representará un gasto para el Poder Judicial y habrá que tener un departamento especializado, tal como ocurre en otras dependencias, en donde los archivos puedan ser consultados en cualquier tiempo, por lo que deben estar en dicha área quienes sepan proteger la discreción de los asuntos.

ACOSAN A ESTADO VERDE
En el último tramo del actual sexenio ha sido muy intensa la actividad para posicionar a Aguascalientes como el primer “estado verde” de la República, en una clara defensa del medio ambiente, generando la necesaria protección, conservación y cuidado de los recursos naturales que permita “elevar la calidad de vida de la ciudadanía, sin obstaculizar el desarrollo económico”, destaca en su portal la Secretaría del Medio Ambiente estatal. Frente a esa política, que evidentemente es trascendental, están algunos empresarios inmobiliarios que en lugar de buscar terrenos sin obstáculos lo hacen con aquellos que están arbolados. Luego que destruyeron más de 400 especies en el nuevo balneario Ojocaliente para construir un centro comercial, no cesan de amenazar al Parque Recreativo La Pona, que por la condición mediática atrae la atención social, pero se olvida que también el Bosque de Cobos está en peligro de desaparecer. Los pasos están dados para utilizar el predio de más de 100 hectáreas, ubicado atrás de la Pensión Municipal, para construir entre 8 mil y 10 mil viviendas, por lo que la delegación federal del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estudia la petición, aun cuando la misma dependencia sabe que el predio es parte de la cuenca hidrológica Arroyo Los Parga-Bosque de Cobos. De poco sirve difundir el “estado verde” si continúa la depredación de lo poco que se tiene en materia ecológica.