El corredor ferroviario Aguascalientes-Zacatecas se ha convertido en un problema para las tripulaciones, al sufrir el embate de las bandas de atracadores que raya en la delincuencia organizada, al provocar la interrupción total de los trenes para llevarse lo que encuentran a su paso.

Es un asunto que ha crecido en los últimos meses y que afecta también a los convoyes que circulan de esta terminal hacia Irapuato, por lo que es común que de improviso frenen debido a que los ladrones saben cuáles son los dispositivos que provocan esta situación.

El pasado 13 de julio ocurrió un hecho de esta naturaleza y fue la tercera ocasión de octubre a la fecha, cuando un tren carguero se descarriló en la zona urbana de la ciudad de Zacatecas, a la altura de la colonia Alma Obrera, sin causar daños a la población.

El ferrocarril procedía de San Francisco de los Romo, Aguascalientes y tenía como destino el municipio zacatecano de Felipe Pescador, sin que hasta la fecha se conozca los motivos que hubo para que saliera de las paralelas la mole de acero.

La cuestión radica en que el asalto a los trenes lo hacen grupos integrados por mujeres y niños, que incluso se han especializado para cumplir cada quien una encomienda, que va desde el que sabe cuál es la palanca de los frenos y cómo accionarla en plena marcha, lo que dicho sea de paso, es un peligro latente que pueda fallar y sea arrastrado por la unidad, hasta el que rápidamente sube al tren y empieza a lanzar a la orilla de las vías todo lo que hay, que luego es recogido en vehículos, lo que refleja que existe una organización.

En el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados ha tomado cartas en el asunto, al citar el presidente de la Comisión de Transporte, Alfredo Rodríguez Dávila, que el robo de camiones de carga aumentó 100% y del ferrocarril en más del 1000%. Aseguró que son pocas las denuncias que se presentan, debido a que los perjudicados saben que en caso de que aprehendan a los delincuentes en poco tiempo salen, por lo que prefieren quedarse con el coraje y no perder tiempo en querellas.

El legislador explicó que una de las razones que tienen los camioneros para no presentar la acusación formal está en que el afectado salió de un estado, es robado en otro y los ladrones fueron detenidos en un tercero, por lo que si quieren que los atiendan tienen que denunciar en el lugar de origen, pero que al no haber sido en donde ocurrieron los hechos no se la reciben o no le dan seguimiento que corresponde ya que no fue en su jurisdicción.

Por su parte, Roberto Vélez López, director general de Ferromex – la empresa concesionaria más grande de México y de la que forman parte Aguascalientes, Zacatecas y Guanajuato -, señaló que el crimen organizado “se mueve más rápido que nosotros”, al ser víctima de 20 robos al día, que van desde el robo de carga hasta el robo de equipo ferroviario, lo que genera accidentes de alto riesgo y fallas en el sistema. El ataque a siete de cada 10 trenes se hace con el cierre del sistema que controla los frenos, estableciéndose que son detenidos entre 300 y 500 trenes en diferentes rutas, lo que obliga que otros tengan que detener su marcha, lo cual puede ser cuestión de minutos pero más que suficientes para que los grupos aprovechen para hurtar.

Para Ferromex esta situación empeoró desde hace ocho años, principalmente en la zona central del país y se concentra en un 80% en Guanajuato, aunque las otras entidades tienen problemas similares para atajar los hurtos, que en el caso de Aguascalientes se enfoca a la chatarra y a las autopartes de vehículos nuevos. Aunque es un problema difícil de contrarrestar, Ferromex presenta anualmente 9 mil denuncias.

En el caso de los camiones de carga, la situación ha llegado a tal grado que Mazda y Honda amenazaron al gobierno de Guanajuato con suspender las inversiones por la inseguridad creciente en el transporte, que en algunos casos los tripulantes o vigilantes llegan a sufrir ataques a balazos para despojarlos de las unidades.

En ambos casos, ferrocarriles y camiones de carga, exigen que se incluya en la legislación como delito federal y se considere un problema de seguridad nacional el ataque y robo a estos servicios, de manera que quienes sean aprehendidos cumplan una condena ejemplar que desaliente a otros.

SÓLO ADVERTENCIAS

Las últimas administraciones municipales, principalmente las que encabezaron Martín Orozco y Lorena Martínez y la actual que preside Juan Antonio Martín del Campo, amagaron con aplicar la ley “sin contemplación alguna” en contra de la concesionaria de agua (CAASA), pero esta empresa ya tiene callo y acepta – en el papel – que se someterá a los dictados de la autoridad.

En cada uno de esos trienios se han dado a conocer estudios que revelan la forma de trabajar de la empresa y los problemas que sufren los usuarios, concluyéndose que mejora el servicio o le será retirada la concesión, sin embargo todo ha sido promesas de humo porque nada ni nadie hace que cambien las circunstancias.

El caso más reciente ocurrió hace unos días con una señora, quien denunció que de 201 pesos mensuales le llegan recibos de 800 pesos sin que reciba una explicación coherente del porqué hay tal disparidad. Lo único que ha encontrado en su demanda son malos tratos y evasivas y después de insistir logró que la compañía francomexicana agendara la visita de unos trabajadores para que indagaran las razones, pero pasaron las fechas sin que hicieran acto de presencia.

Ante la falta de sensibilidad de CAASA y en oficinas de la presidencia municipal, la señora María del Refugio Ramírez hizo público, a través de este Diario, el problema que le aqueja, al citar “no se acredita el cobro que se está haciendo, son injusticias que se están cometiendo con los ciudadanos, a ojos vistos están tratando de robar. Yo en ningún momento tuve inconveniente en que realizaran una inspección, pero nunca fueron; me dijeron que el incremento podría ser derivado de una fuga, quedamos en fecha y hora en que irían, ha pasado más de una semana y nunca se pararon”.

Exigió que las autoridades municipales no le den largas y atiendan este y otros problemas similares, ya que ha ido a las oficinas de palacio menor y no recibe la atención adecuada, al prácticamente “lavarse las manos”, negándose a entregar una respuesta convincente. En el historial que recibió no aparece el consumo de cada mes, no hay un estado de cuenta, por lo que no cesará en su demanda hasta lograr que el pago se ajuste a lo que realmente corresponde por consumo.

Cuando el alcalde Juan Antonio Martín del Campo anunció una retahíla de obligaciones que debería cumplir CAASA y que si no fuera así recibiría una sanción “ejemplar”, renació la esperanza entre los aguascalentenses que esta vez fuera la efectiva, pero al paso de los días no se ha visto ninguna acción en concreto.

ARTISTAS DEL MAÑANA

Desde la penúltima década del siglo pasado los “grafiteros” han sido perseguidos, llegándose a su aprehensión e incluso les exigen que paguen ellos o sus padres – cuando son menores de edad – los daños que ocasionan a las fincas, sin embargo los que logran sobrevivir al acoso ciudadano y de los policías convierten los signos ininteligibles en obras de arte, facilitándose para ello muros para que plasmen sus ideas y que llegado el caso participen en concursos que organizan las mismas autoridades que eran sus persecutoras, cumpliéndose así la moraleja que algunos incomprendidos y hostigados por la sociedad luego son objeto de homenajes por ésta.