Víctor Fuentes
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 10-Ago .- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la regulación a los servicios de transporte contratados por medio de aplicaciones tecnológicas, como Uber y Cabify.
Un Ministro admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por nueve diputados de Oposición del Congreso de Yucatán, para impugnar un decreto del pasado 22 de junio que reformó la Ley de Transporte estatal en el tema de servicio de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas.
El Ministro Alberto Pérez Dayán emplazó el 5 de agosto a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Yucatán para que rindan informes y envíen a la Corte todos los antecedentes del decreto, en plazo de 15 días hábiles.
Será la primera vez que el máximo tribunal estudie la regulación de este tipo, que en el caso de Yucatán, incluye la obligación de que el vehículo sea de valor superior a 200 mil pesos, máximo siete años de antigüedad, máximo siete pasajeros, mínimo cuatro puertas y aire acondicionado, además que sólo puede ser operado por su dueño y sólo se pueden aceptar pagos con tarjeta.
Además, se faculta al Ejecutivo del Estado para autorizar la operación de empresas de este tipo, y a la Dirección de Transporte para expedir el “certificado vehicular” que permite al dueño de un vehículo prestar el servicio por medio de estas plataformas, así como determinar el número de vehículos necesario para dicho servicio.
También se indica que la empresa proveedora de la tecnología será obligada solidaria de los operadores si el seguro de éstos no está vigente, entre muchos otros requisitos, similares a los que ya existen para otro tipo de proveedores de transporte público.
Poco antes de la aprobación del decreto, el director general de Uber en México, Francisco Sordo Mogollón, advirtió que la reforma podría llevar al retiro de la empresa de Yucatán, e incluso cabildeó personalmente en el Congreso estatal contra los cambios.
Diputados del PAN que firmaron la acción de inconstitucionalidad afirmaron el 20 de junio que la ley viola el derecho de los operadores de Uber y otras plataformas a la libertad laboral, y que se busca proteger a otros monopolios de transporte público de pasajeros.
La Corte no tiene plazo para resolver la acción, pero difícilmente lo hara este año, y para invalidar cualquier aspecto del decreto será necesario el voto de al menos ocho de los 11 ministros.