El presidente local de Coparmex, Francisco Ruiz López, cuestionó acremente la opacidad del Congreso; ayer se llevó un palmo de nariz, porque la comparecencia del titular de la Seguot, Juan Carlos Rodríguez García, se llevó a cabo a puertas cerradas y él pretendía asistir en su calidad de vocero del Colectivo Transporte Digno.

Lamentó que las autoridades del ramo y ATUSA le den un enfoque mercantilista a este servicio, es decir, estén más preocupados por elevar las tarifas, que por mejorar el servicio.

El líder empresarial consideró absurdo que el Congreso primero se dé a la tarea de publicitar el evento, tan es así que en todos los medios de comunicación se informó de la reunión de la Comisión del Transporte Público del Parlamento, y luego éste se lleve a cabo a puertas cerradas.

Para justificarse, los diputados transmitieron por un monitor el desarrollo de la sesión, con señal bastante mala, lo que resulta ridículo, porque los representantes populares están para fomentar el acceso a la información, no para ponerle freno.

Consideró que si su Ley Orgánica del Congreso da facultades a los diputados para sesionar en lo obscurito, que entonces reformen la normatividad y que todas las acciones que realicen las hagan de cara al pueblo, pues el Poder Legislativo y concretamente la dieta de los diputados, se paga con dinero del pueblo.

Censuró el que la LXII Legislatura haya empezado con el pie izquierdo, luego de que en campaña, los diputados prometieron actuar con transparencia y criticaron los obstáculos que pusieron sus antecesores a la información pública.

Ruiz López manifestó en el pasillo del Congreso, justo frente a la puerta cerrada del Salón Aquiles Elorduy, donde se desarrolló la sesión, su inconformidad por el hecho de que los nuevos diputados actúen de esta manera, “pues qué se puede esperar de su gestión”.

Mostró su preocupación porque esta Legislatura se desarrolle a puertas cerradas, máxime cuando se trata de un tema de interés para toda la población, como es el transporte público.

Insistió en que antes de autorizarse aumentos, ATUSA debió dar muestras de modernización o al menos de respeto al Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado, a fin de renovar las unidades que circulan fuera de norma, por haber vencido su vida útil; la misma normatividad no permite que las unidades chatarra sigan circulando y, sin embargo, sucede.