Fernando López Gutiérrez

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La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fue la primera de las diversas crisis que la actual administración ha tenido que enfrentar desde el inicio de sus funciones. La demora de las autoridades federales para atraer la investigación sobre los acontecimientos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero; su incapacidad para esclarecer lo ocurrido; y la insensibilidad mostrada por algunos funcionarios de alto nivel ante la indignación social y los cuestionamientos de la opinión pública, afectaron notablemente la percepción que, a nivel nacional e internacional, se tenía respecto a las posibilidades de que el gobierno de Enrique Peña Nieto atendiera los graves problemas de nuestro país.

Debido a la estrategia de comunicación en materia de seguridad que se ha implementado desde el principio del sexenio —consistente en reducir al máximo la difusión de los crímenes perpetrados por la delincuencia organizada— el gobierno federal buscó, en la medida de lo posible, reducir la presentación de información sobre los avances del caso y limitar la exposición pública del tema. Sobra decir que las consecuencias de esta determinación fueron negativas y que sólo generaron mayor desconfianza y rechazo hacia las autoridades responsables.

A dos años de la tragedia de Iguala —después de que el gobierno mostrara su versión sobre los hechos y la revisión de ésta arrojara más dudas que certezas—las respuestas siguen siendo elusivas y han salido a la luz graves irregularidades en los procesos de indagación e investigación que se llevaron a cabo para develar lo que el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, denominara “la verdad histórica.” En su pronunciamiento más reciente respecto a los avances del caso,[1] la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó el total esclarecimiento de los hechos y señaló la displicencia de instancias como la Procuraduría General de la República y la Comisión Especial de Atención a Víctimas en el cumplimiento de las observaciones realizadas a su trabajo.

La gravedad de lo ocurrido, la fragilidad de los argumentos presentados sobre este grave asunto y las sospechas de omisiones y fallas en su manejo, requieren de una actuación responsable y transparente que dé certidumbre respecto al compromiso del actual gobierno. Ante la clara desaprobación ciudadana que enfrenta el Presidente Enrique Peña Nieto y los cuestionamientos al desempeño de su gobierno en casi todos los ámbitos, un cambio radical en la forma en que se han atendido las críticas y los cuestionamientos respecto a la actuación de las autoridades en el caso Ayotzinapa sería favorable para el propio régimen. En el escenario que hoy observamos, la cerrazón y opacidad no tienen justificación ni lógica y sólo podrían ser explicadas por factores como la mezquindad, la soberbia o la corrupción de un gobierno incapaz de reconocer sus carencias o temeroso de castigar a los responsables.

[1]Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a dos años de los hechos ocurridos en Iguala, Gro., los días 26 y 27 de septiembre de 2014. Comunicado de Prensa DGC/241/16. Ciudad de México, 25 de septiembre de 2016. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2016/Com_2016_241.pdf