A partir del primer minuto de este domingo comenzó la temporada de caza de electores y en lugar de armas los candidatos a la gubernatura utilizarán las ideas, los argumentos y su bagaje de experiencia en la administración pública, además de poseer el liderazgo suficiente para proyectar al estado de Aguascalientes a mayores espacios de crecimiento.

De los tres tipos de campaña que habrá rumbo al 5 de junio, arranca este primero de abril la de gobernador, que por razones obvias es la que atrae más la atención, además de la alcaldía capitalina, por lo tanto la maquinaria electoral de cada partido entrará de lleno y ya sobre la marcha se agregarán las otras de presidentes municipales y diputados, que aún cuando cada quien va por su propia victoria deben colaborar para que se gane la silla grande.

Ya plenamente validados por la autoridad electoral están Lorena Martínez Rodríguez, candidata de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, que integran PRI, PVEM, PT y Nueva Alianza; por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) va Nora Ruvalcaba Gámez; Martín Orozco Sandoval, del PAN; del PRD Alejandro Sánchez Nájera, por el Partido Encuentro Social participa Daniel Edgardo Alvarenga Cruz y el independiente Francisco Gabriel Arellano Espinosa. En lo que se refiere a José Domingo Rincón Hernández, que iba por la independiente, no logró el porcentaje necesario de firmas, por lo tanto no pasó la aduana.

Cada uno recorrerá los once municipios para dar a conocer su programa de trabajo y definir a qué se comprometen con cada núcleo poblacional, que indudablemente son demasiados los asuntos que irán acumulando en las ocho semanas, pero que si se saben aprovechar es un tiempo más que suficiente para concretar el Plan de Gobierno 2016-2022.

Como en toda competición salen en igualdad de condiciones y dependerá de cada quien hacer rendir el espacio que tengan con los ciudadanos, sea a título individual o masivo, por lo que deben estar conscientes que los aguascalentenses esperan escuchar las propuestas que tengan y a partir de ahí decidir cuáles tienen viabilidad, que al final del día será lo que motive el voto.

En lo que se refiere a los aspirantes a la alcaldía de Aguascalientes, considerado el segundo cargo más importante al concentrar casi el 80% de la población total del estado, participarán José de Jesús Ríos Alba, de la coalición PRI, PT y Nueva Alianza; Teresa Jiménez, del PAN; Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga, del PRD; Bryan Mauricio Alafita por el PVEM; Felipe González Ramírez, del Movimiento Ciudadano; Mario Martínez de Alba, por Morena; Fernando Carrillo, del PES y el independiente Mauricio González.

PASO DE COSTADO

Una vez que iniciaron las campañas se hace necesario que dirigentes partidistas, legisladores, regidores y todos aquellos que con o sin razón les magnetiza el protagonismo, dejen los reflectores sólo y para candidatos y candidatas.

Que se entienda que son las estrellas de la película, por lo que bien dicen que mucho ayuda el que no estorba. Una declaración de alguien que no es candidato puede echar por tierra el trabajo de días o de semanas, por consiguiente tienen que hacer el esfuerzo de guardar silencio y únicamente en los casos que sean de su competencia opinar, pero sin interferir en lo que haga o diga la abanderada o abanderado.

Lo anterior viene a comentario por la reiterada actitud de algunos representantes políticos, empezando por el presidente estatal de Acción Nacional, que en cuanto escucha algo que supone puede significar un provecho electoral de inmediato para las orejas y sale a acusar a todo aquel que se atraviese en su camino, misma actitud de algunos diputados que incluso han afirmado que no confían en la autoridad electoral, lo que significa que en los albores de las campañas se vislumbra que el proceso podría terminar en los tribunales.

Es una situación que perjudica sobremanera toda la actividad electiva, porque en esas circunstancias los demás partidos pondrán más atención al área jurídica, con lo que cada movimiento que se haga en estos dos meses será vigilada para detectar alguna violación a la ley y hacer la denuncia correspondiente, obligando con ello a la Sala Electoral del Poder Judicial del Estado que abra innumerables expedientes y si el fallo no es del agrado del promovente recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Son cuestiones que muchas veces terminan en nada, pero que ensucia el proceso porque gane o pierda quien acusa, en el imaginario colectivo queda la idea que hubo algo más que la simple denuncia, lo que en sí afecta la elección, la cual todos los ciudadanos tienen la obligación de cuidar para que cumpla los fines que fija la ley.

De ninguna manera se trata de ocultar o dejar pasar algo indebido, porque hacerlo es convertirse en cómplice, pero sí que cuando se tenga que hacer una reclamación es porque esté debidamente sustentada y no como ocurre hoy, en que con anticipación se ataca a los consejeros electorales como una forma de curarse en salud.

Es de esperarse que dejen operar a los aspirantes y a su equipo de trabajo, que toda la atención se fije en ellos y se tenga presente que es demasiado el esfuerzo que hacen como para que alguien ajeno a las campañas lo echen por la borda.

BENEFICIOS ADELANTADOS

Como es del conocimiento público, la legislación electoral dispone que los gobiernos federal, estatal y municipal deben suspender totalmente la difusión de sus actos en lo que dure las campañas electorales y hasta después de la jornada electiva, lo que motivó que los  últimos días fueron pródigos de actividades del gobierno del estado y los ayuntamientos de Aguascalientes y Jesús María, principalmente.

El viernes pasado se colocó el Bando Solemne de la Feria Nacional de San Marcos 2016 que tendrá lugar del 15 de abril al 8 de mayo, ceremonia que como es tradición fue encabezada por el titular del Poder Ejecutivo, José Carlos Lozano de la Torre  y el presidente municipal de la capital, Juan Antonio Martín del Campo.

El mismo día el mandatario estatal y el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza, acompañados del delegado local Juan Fernando Palomino Topete, entregaron mil créditos y pensiones a empleados federales, en tanto vecinos de Venaderos recibieron del alcalde de Jesús María, José Antonio Arámbula, la pavimentación de la calle Vicente Guerrero y luego supervisó obras en la comunidad de Maravillas, a la vez que Juan Antonio Martín del Campo concluyó el programa de apoyos sociales en la ciudad capital.

Hace algunos ayeres un delegado federal comentó, a raíz de una visita presidencial, que sería positivo que este tipo de giras fueran por lo menos cada tres meses, porque esto obligaría a acelerar la terminación de las obras y que por donde pasara el gobernante y el lugar que visitara estuviera reluciente.

Con las debidas proporciones algo similar ocurrió esta vez, a sabiendas que la veda de comunicación entraba en vigor el uno de abril, cumpliendo los compromisos que había con distintos sectores sociales.

RECHAZO A LA AUTOCRACIA

Pretender imponer la voluntad de un grupo a toda la sociedad es ir en contra de la democracia, al reducir o anular los derechos individuales o colectivos. Esta situación se generó en los últimos días a raíz de un espectacular que fue retirado por las autoridades, en el que se promocionaba el uso del condón y se acompañaba con la imagen de dos hombres besándose.

Eso fue pretexto para que emergiera la añeja rivalidad entre conservadores y liberales, ya que los primeros se encargaron de solicitar – y obtener – la exclusión del anuncio, lo que atrajo de inmediato a los que están a favor que se reinstale, al aducir que defienden la diversidad sexual.

En función de estas diferencias, bajo ninguna circunstancia es aceptable que se tache a los aguascalentenses de ser una “sociedad conservadora”, porque si algo la distingue es la defensa de los derechos en general, con pleno respeto a las creencias religiosas, políticas, de libertad de opinión y sexuales, de inclusión de las etnias que de otras partes del país han llegado a radicar aquí, consecuentemente quienes están a favor o en contra de ese espectacular no representan a más de un millón de habitantes.

ENTREGA DE OBRA PÚBLICA

Adelantándose a las murmuraciones que pudiera haber, el presidente Enrique Peña Nieto previno que su trabajo institucional no se detendrá por lo que seguirá la entrega de obras y servicios públicos, que se construyen no obstante los recortes y ajustes realizados en los últimos meses por su gobierno.

Dijo que pese a las críticas que surjan contra la administración federal, cuidará que el desarrollo de un piso básico de bienestar para la población no se frene y que pueda mantener su avance, sobre el particular afirmó en Santiago Tulantepec, Hidalgo, donde inauguró el Hospital General de Tulancingo con una inversión de 800 millones de pesos y que beneficiará a más de 600 mil personas de la región, que ha escuchado en más de una ocasión: “Es que los eventos son iguales, Presidente, siempre es un mismo formato; ahí está atrás la obra que está usted inaugurando, ahí está lo que está poniendo en operación al servicio de los mexicanos y de distintas regiones. A veces pareciera que todo es exactamente igual.

“Si la crítica ha de ser porque inauguramos obras como la que tenemos detrás de nosotros, que vengan muchas más, porque lo más importante es que las obras se están inaugurando, poniendo en operación, se están edificando y están al servicio de todos los mexicanos”.

Sostuvo que el Presidente de la República no se cansa de hacer eventos como éste, lo hará las veces que sea necesario, porque son obras que sirven a los mexicanos, que eleva la calidad de vida de la población en general, consciente que el gobierno tiene como misión especial generar bienestar para todos, que haya infraestructura amplia y suficiente en materia de salud, garantizar la dieta alimentaria de todos, que exista educación de calidad y que todos tengan una vivienda digna y seguridad social.

Peña Nieto puntualizó que “estos servicios pareciera, ya casi obligados, a veces no apreciados, porque simplemente se tienen. Hay todavía muchos mexicanos que no cuentan con ellos, y quienes los tienen aseguran que no ofrecen la calidad que deberían”. Frente a esta postura, reiteró, el gobierno federal tiene como “una altísima prioridad” garantizar que estos servicios para la población se materialicen, amplíen y se extiendan a más mexicanos”.

De igual manera, subrayó que en Hidalgo, Durango, Guanajuato y Yucatán se ha puesto en marcha un plan piloto para alcanzar el modelo de atención integral, el cual permite saber exactamente cómo se ha atendido a cada paciente, su historia clínica y acceder a servicios de salud de mayor calidad, “es así como el gobierno de la República sigue trabajando, es así como su gobierno mantiene la más alta prioridad en materia de salud, en temas de alimentación, en la educación de los mexicanos, en brindar una vivienda, satisfactores básicos que la población demanda”.

El nuevo hospital atenderá a los 15 municipios de Hidalgo y una parte de la Sierra Norte de Puebla, de Tlaxcala y Veracruz, en una acción conjunta de los gobiernos federal y estatal, con lo que se combate la desigualdad y la pobreza, puntualizó el secretario de Salud, José Narro Robles.

Por otra parte, en el acto de clausura de la asamblea general de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud), efectuada en la ciudad de México, su presidente Pablo Escandón, señaló la preocupación por la brecha entre la demanda y oferta de servicios. Ante el presidente Peña Nieto expresó que hay plena certeza de diagnóstico y tendencias de salud de los mexicanos, como lo manifiesta el reciente informe de la OCDE, “si la situación actual es preocupante, las tendencias son más preocupantes: la brecha de salud de la demanda y oferta efectiva de los servicios de salud”, sostuvo.

Para cambiar las tendencias estableció que debe haber una participación entre sociedad y gobierno, “dadas las condiciones macroeconómicas actuales, no advertimos de dónde provendrán los recursos para cerrar la brecha, sino con una apertura solidaria, progresiva y participativa, ni llegar a buen puerto con un sistema fragmentado y agotado”.

En la misma ceremonia Peña Nieto dictó instrucciones al Sector Salud (Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE) para avanzar en la universalización de los servicios médicos y de calidad, debiendo optimizar el uso de la infraestructura disponible con base en una mejor coordinación entre las instituciones y los servicios estatales de salud, así como “evaluar los resultados alcanzados y plantear los ajustes necesarios para avanzar en su prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno”, puntualizó.

NUEVA TRAZA ANTIDROGAS

Ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el gobierno de México presentará un nuevo modelo de política contra las drogas, que básicamente se orienta en poner realce en la persona humana, en concebir este problema como un asunto de salud pública y trabajar en la prevención del consumo.

Al destacar lo anterior, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, dijo que en el diagnóstico que se hizo se obtuvo un decálogo de propuestas, porque aún hay países que tratan el combate a las drogas, desde un enfoque punitivo, pero para México, esto ya no es suficiente.

“Hay muchos países que consideran que el enfoque punitivo debe seguir siendo el más importante para combatir el narcotráfico y el abuso de drogas en el mundo. Nuestra experiencia dice: no es suficiente, tiene que haber políticas más integrales y equilibradas”.

La representación mexicana asistirá a la sesión especial de la ONU sobre el problema mundial de las drogas, UNIGASS 2016, que comienza el 16 de abril, en la que expresará las experiencias como país y lo que debe hacerse para enfrentar esta situación, de manera particular Ruiz Cabañas recalcó que es una paradoja que haya muchas personas que en los países en desarrollo mueran con dolor porque no tienen acceso a las sustancias controladas y al mismo tiempo, éstas pueden producirse en otras naciones, por lo que, para enfrentar el problema hay que generar políticas de desarrollo socioeconómico, salud pública y derechos humanos.

Lo que plantea México es “garantizar un mejor acceso a las sustancias controladas para fines médicos y científicos”, recalcó el funcionario de Relaciones Exteriores al participar en las audiencias públicas organizadas por el Senado rumbo a la sesión especial de la ONU.

968 DESAPARECIDOS

Etiquetar por número a las personas desaparecidas resulta hasta cierto punto grosero, porque en cada caso hay una tragedia personal, familiar y social, sin embargo para efectos legales así tiene que ser y a eso se circunscribe la Procuraduría General de la República (PGR), al informar que en los últimos diez años se tiene un registro de 968 “no localizados”.

Sin embargo, esa relación está muy lejos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que hasta diciembre de 2015 tenía una anotación de 27 mil 659, lo que, según Zita Loyo, de la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, se debe entre otras razones a que las autoridades suelen clasificar las desapariciones como secuestro, privación ilegal de la libertad o personas extraviadas.

De acuerdo a lo publicado por el periódico Reforma, de esa cifra una cuarta parte involucra a servidores públicos como presuntos responsables de desaparición forzada, aunque el documento no incluye los casos que han impactado en la opinión pública, como los normalistas de Ayotzinapa y los ocurridos recientemente en Veracruz, ni los clasificados por el fuero común porque algunos estados no tipifican ese delito.

El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores información sobre la aplicación de tres recomendaciones: los avances en la elaboración de un registro único de personas desaparecidas, los esfuerzos para prevenir e investigar las desapariciones de migrantes y las acciones de búsqueda, localización y liberación de personas desaparecidas, y en caso de fallecimiento la búsqueda y restitución de sus restos.

En respuesta, Relaciones Exteriores citó que “nuestro país es consciente de la magnitud de los retos que enfrenta actualmente y de la necesidad de atender el problema de la desaparición de personas de una manera integral”.

En el escrito la dependencia especifica que gracias a la participación de personas con familiares es como se ha logrado encontrar fosas clandestinas en Iguala, explorándose 231 posibles fosas, de las cuales, 65 han dado resultados positivos, permitiendo que al 13 de enero de 2016 se haya realizado la exhumación de 143 cuerpos.

También se tiene la adopción del protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y la creación de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.

APRESAN A 15 POLICÍAS

En Veracruz se reeditó el caso de Iguala, Guerrero, ya que al igual que el presidente municipal de este lugar, José Luis Abarca, el alcalde de Papantla, Marcos Romero Sánchez, es de extracción perredista y en ambos están involucrados policías bajo sus órdenes que detuvieron a varios jóvenes para, presuntamente, entregarlos a la delincuencia organizada.

Por si no fuera suficiente, el pasado 11 de enero siete policías estatales de Veracruz detuvieron en Tierra Blanca a 5 muchachos, de los cuales, se asegura, fueron asesinados y sus cuerpos incinerados, señaló en la declaración uno de los agentes detenidos, lo que investiga la Procuraduría General de Justicia. La detención de los jóvenes fue por supuestas faltas, cuando cargaban gasolina en una estación de servicio, pero en lugar de reportarlos a sus superiores lo hicieron con un grupo delincuencial y que más tarde, según un comunicado de la Secretaría de Gobernación, la policía federal encontró restos óseos de dos de ellos, en un rancho del municipio de Tlalixcoyan, Veracruz, a unos 65 kilómetros al norte de Tierra Blanca.

Los jóvenes son: Bernardo Benítez Arroniz (25 años), José Benítez de la O (24 años), Susana Tapia Garibo (16 años), Marco Arturo Orozco Sánchez (27 años) y Alfredo González Díaz (25 años).

En lo que se refiere a Papantla, se encontró una anarquía en la policía, al reconocer el presidente municipal Marcos Romero que de 183 elementos, 32 no pasaron el examen de confiabilidad, lo que no fue obstáculo para que siguieran trabajando de manera normal, debido a que se carecía de recursos económicos para liquidarlos. En tal virtud, se optó por cortar de tajo el problema y la policía estatal asumió el control de prevención y vigilancia de todo el municipio, mientras tanto el alcalde seguía resistiéndose a formar parte del mando único, pero finalmente cedió ante lo innegable.

El quid de los tres casos, que se han tornado emblemáticos en un país donde la población no confía en la policía, es que los ciudadanos ya no saben de quien cuidarse, si de los uniformados o de la delincuencia y tampoco pueden recurrir a ellos en caso de una emergencia, porque lejos de recibir apoyo podrían terminar igual que los jóvenes veracruzanos y guerrerenses.